miércoles, 25 de enero de 2012

Confirman Desalojo Preventivo y Ministración Provicional de la Posesión.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA

SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES DE ICA


Exp. N° 01377-2011-89-1401-JR-PE-04.
Imputados            : Julio César Muñoz Torres y otro.
Agraviados           : Purificación Vidal Pino Huamaní.
Delito                   : Usurpación.
                                     

AUTO SUPERIOR DE VISTA.


RESOLUCION NRO. 05.

Ica, trece de enero del año dos mil doce.

I.- VISTOS Y OIDO EN AUDIENCIA PÚBLICA DE APELACION DE RESOLUCION:

1.- Es materia de impugnación la resolución número uno, dictada el siete de noviembre del año dos mil once, obrante en fojas cincuenta y cinco al cincuenta y ocho, en virtud a la cual se resuelve declarando procedente la solicitud de desalojo preventivo y ministración provisional de la posesión a favor del agraviado Purificación Vidal Pino Huamaní, a quien se le restituirá la posesión del inmueble ubicado en la Urbanización Fonavi II Etapa, La Angostura, Manzana “R”, lote número ocho del distrito de Subtanjalla, provincia y departamento de Ica; en consecuencia, ordenaba que los imputados Julio Cesar Muñoz Torres y Julio Cesar Muñoz Valenzuela desocupen preventivamente el inmueble ubicado en la Urbanización Fonavi II Etapa, La Angostura, Manzana “R”, lote número ocho del distrito de Subtanjalla, provincia y departamento de Ica, en el  término de veinticuatro horas de  notificados, bajo el expreso apercibimiento de ordenarse su desalojo forzado con el auxilio de la fuerza pública.

2.- Con los argumentos expuestos oralmente por la defensa técnica de la parte impugnante, el señor Fiscal Superior y la parte agraviada, los que han quedado registrados en el audio respectivo, los autos se hallan expeditos para emitir el pronunciamiento que corresponda.

3.- Interviene como ponente el señor Jara Peña.

II.- CONSIDERANDOS:

Primero.- Premisas normativas.-

1.1 Principio de Imputación Necesaria.-
a) El principio de la Imputación Necesaria, como obligación fundamentalmente del titular de la acción penal y perseguidor oficial del delito, implica que se debe de tener como presupuesto la afirmación clara, precisa y circunstanciada de un hecho concreto, singular, de la vida de una persona (procesado o acusado), vale decir describir un acontecimiento que se supone real con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo ubiquen en el mundo de los hechos y le proporcionen su materialidad concreta con relevancias en el mundo jurídico(descripción de los hechos y subsunción en el tipo penal correspondiente).
b) Este principio tiene estrecha vinculación con el derecho de defensa, máxime para que el encausado se encuentre en condiciones óptimas para rechazar la imputación que se le dirige, incluso admitiéndola, incorporando otras circunstancias que la neutralicen o enerven, según la ley penal; este principio tiene su basamento constitucional en los artículos dos, inciso 24, parágrafo d,  y ciento treinta y nueve, inciso catorce, pues la imputación necesaria es una manifestación de los principios de legalidad y de la defensa procesal.
c) Pero también este principio servirá de basamento para las medidas cautelares que eventualmente pudieran ser dictadas en el proceso.

1.2 Acerca de las nulidades procesales.

a) En el literal d), del artículo ciento cincuenta del citado Código Procesal Penal, se establece que no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declaradas aun de oficio la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la constitución (nulidades absolutas).
b) En el inciso tres del artículo ciento cincuenta y cuatro del Código Procesal Penal que nos ocupa se establece que “[L]a declaración de nulidad conlleva la regresión del proceso al estado e instancia en que se ha cumplido el acto nulo. Sin embargo no se podrá retrotraer el proceso a etapas ya precluidas salvo en los casos en que así correspondiere de acuerdo con las normas del recurso de apelación o de casación”.

Segundo.- Resumen de los alegatos orales en la audiencia de apelación.
2.1 La defensa técnica de la parte impugnante solicitó que se revoque la resolución impugnada y reformándose se declare infunda la misma, argumentando que no ha existido violencia o despojo del bien materia de litis, pues sus patrocinados tomaron posesión del inmueble el día diez de de abril del año dos mil once, el cual se encontraba en estado de abandono conforme se pueden apreciar de las tomas fotográficas que ha adjuntado; igualmente expresó que con la inspección fiscal se ha verificado que el inmueble no cuenta con el servicio de agua, pues el agraviado domicilia en la ciudad de lima. Manifestó que es cierto que el agraviado cuenta con el titulo de propiedad del inmueble, por lo que en este caso corresponde ejercitar la acción reivindicatoria prevista en el articulo novecientos veintiuno del Código; refirió también que el agraviado interpuso una demanda de interdictal que fue declarado improcedente, de modo que esta solicitud debe correr también la misma suerte.
Entre otros argumentos más que se registraron en el audio de la audiencia de apelación

2.2 Por su parte el señor Fiscal Superior solicitó que se declare la nulidad de la resolución apelada; expresó que de existir algún vicio en el proceso el mismo no podría continuar, vicio que se constata en el caso de autos, pues siendo que el desalojo preventivo es una medida cautelar que requiere como presupuesto material que exista motivo razonable que evidencie la existencia de un delito, pero de los actuados se colige que existe una incongruencia entre el requerimiento de formalización de la investigación preparatoria, que subsume los hechos en el delito de usurpación por alteración de linderos, en tanto que en la solicitud presentada por la parte agraviada se tipifica los hechos en un presunto despojo violento, sin embargo el Juez al resolver el pedido en la parte introductoria de la apelada hace referencia a lo precisado en la formalización de investigación preparatoria, pero resuelve conforme a la solicitud presentada por la parte agraviada, por lo que estando a las incongruencias aludidas el titular de la acción penal solicita la nulidad de la resolución venida en grado, en aplicación de lo dispuesto en el articulo ciento cincuenta, inciso d) del Código Procesal Penal, por el que el juez deberá emitir un nuevo pronunciamiento.
Y otros argumentos más que se registraron en el audio de la audiencia de apelación.

2.3 Finalmente la defensa técnica de la parte agraviada ha requerido que se confirme la resolución impugnada; expresó que los imputados pretenden quedarse con el inmueble y sustituirse en el derecho que tiene el agraviado y negociar con la inmobiliaria que ha construido la vivienda, afirmó que no es cierto que el inmueble haya estado abandonado, pues el agraviado por motivos de salud se ausentó a la ciudad de Lima, de modo que el día del despojo los vecinos del agraviado le manifestaron a los imputados que el inmueble en mención tenia dueño; manifestó también que conforme a la denuncia policial se constató que la chapa de la puerta ha sido fracturada y cambiada, con el añadido de que existen diversos documentos que acreditan la posesión de su patrocinado, corroborados con la constatación fiscal, el memorial de los vecinos, el titulo de propiedad y copia literal, a nombre de su patrocinado, con los que se evidencia no solo la propiedad de su patrocinado, sino también la posesión.
Y otras argumentaciones más que se hallan registradas en la audiencia de apelación.

Tercero.- Examen de la resolución impugnada.

3.1 La declaración de nulidad procesal significa invalidar lo hecho y retroceder el proceso al estadio en que se cometió el vicio que se debe corregir, por lo que constituye un retroceso en el proceso y una negación de éste, por eso, la declaración de nulidad sólo procede cuando surge de la ley conforme al principio de legalidad y se restringe su utilización por aplicación de los principios de instrumentalidad, convalidación, subsanación, integración, trascendencia y el interés para pedir la nulidad.
De ahí que sólo en los casos estrictamente necesarios hay que sancionar con nulidad un acto procesal que ha sido realizado violando las formalidades o exigencias previstas por la Constitución o por la ley procesal.

3.2 Si bien es cierto que de acuerdo a lo establecido en el inciso uno del artículo trescientos once del Código Procesal Penal resulta procedente el desalojo y ministración provisional de la posesión, pero también es cierto que para esto se debe cumplir necesariamente con dos presupuestos materiales, a saber: i) la existencia de motivos razonables para sostener que se ha cometido el delito; y, ii) que el derecho del agraviado esté suficientemente acreditado.  

3.3 Siguiendo la línea de razonamiento, para acoger un pedido como el que nos ocupa el título de imputación, como sustento del primer requisito material antes enunciado, debe ser claro y preciso, no multívoco ni dudoso, ya que en este último supuesto además de vulnerar el principio de la imputación necesaria tampoco podría sustentar una solicitud de desalojo y ministración provisional de la posesión, simplemente no se contaría con “la existencia de motivos razonables para sostener que se ha cometido el delito”, por cuanto el título de imputación, la calificación jurídica de los hechos, no es uniforme, es variado, genera confusiones.

3.4 En efecto, los argumentos expuestos por el señor Fiscal Superior en la audiencia de apelación, es decir que existe una incongruencia en la fundamentación jurídica del título de imputación, resultan siendo ciertos, así se tiene:
a) En la Disposición de formalización de la investigación preparatoria del veinticinco de agosto del año dos mil once (ver fojas uno del expediente de formalización de la investigación preparatoria), se evidencia que el titular de la acción penal sustenta los hechos en el artículo doscientos dos, inciso uno del Código Penal (relativo al delito de usurpación en la modalidad de destrucción y alteración de linderos), con la agravante contenida en el inciso dos del artículo doscientos cuatro del Código Penal en comento.
b) La parte agraviada al momento de solicitar el desalojo y ministración (ver fojas treinta y seis y siguientes del presente incidente judicial), tipifica los hechos delictivos en el inciso dos del artículo doscientos dos del Código Penal ya traído a colación, es decir usurpación en la modalidad de despojo, con la misma agravante.
c) En tanto que al emitirse la resolución materia de impugnación en la parte expositiva se hace mención que se trata del delito de usurpación tipificado en el artículo doscientos dos, inciso uno del Código Penal (destrucción y alteración de linderos), empero en el tercer considerando, al evaluar el primer presupuesto material para el dictado de la medida cautelar materia de revisión, se hace mención al delito de usurpación en la modalidad de despojo, vale decir que incongruentemente se consideran las dos modalidades delictuales, vulnerándose así el principio de la imputación necesaria.
d) Al vulnerarse el principio anteriormente aludido, tampoco se cumple con el primer presupuesto material para estimarse el pedido de desalojo y ministración de posesión provisional, ello a su vez implica una inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la constitución.

3.4 Consecuentemente tal estado de cosas lleva a la inferencia de que la resolución materia de impugnación esta viciada de la nulidad prevista en el artículo ciento cincuenta, literal d), del Código Procesal Penal ya traído a colación, por lo que corresponde declararla nula.

DECISIÓN:

Por los fundamentos antes expuestos los integrantes de la Sala Superior Penal de Apelaciones de Ica;  RESOLVIERON:

1.- DECLARANDO NULA la resolución número uno, dictada el siete de noviembre del año dos mil once, obrante en fojas cincuenta y cinco al cincuenta y ocho, en virtud a la cual se resuelve declarando procedente la solicitud de desalojo preventivo y ministración provisional de la posesión a favor del agraviado Purificación Vidal Pino Huamaní, a quien se le restituirá la posesión del inmueble ubicado en la Urbanización Fonavi II Etapa, La Angostura, Manzana “R”, lote número ocho del distrito de Subtanjalla, provincia y departamento de Ica; en consecuencia, ordenaba que los imputados Julio Cesar Muñoz Torres y Julio Cesar Muñoz Valenzuela desocupen preventivamente el inmueble ubicado en la Urbanización Fonavi II Etapa, La Angostura, Manzana “R”, lote número ocho del distrito de Subtanjalla, provincia y departamento de Ica, en el  término de veinticuatro horas de  notificados, bajo el expreso apercibimiento de ordenarse su desalojo forzado con el auxilio de la fuerza pública.

2.- DISPUSIERON que el juez de la cusa emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta lo expresado en la presente resolución.

3.- DISPUSIERON que previo a emitir el pronunciamiento correspondiente se defina la fundamentación jurídica de la imputación penal contenida en la Disposición Fiscal N° 03-2011-2DI/2FPPC-ICA, pues aparentemente existe una incongruencia con la fundamentación fáctica de dicha disposición fiscal.

4.- DISPUSIERON la devolución de los actuados al juzgado de origen.
S.S.

COAGUILA CHAVEZ.

JARA PEÑA.

TRAVEZÁN MOREYRA.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada