miércoles, 25 de enero de 2012

Confirman sentencia Absolutoria-Difamación.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA DE APELACIONES DE ICA

Exp. N° 001267-2010-0-1401-JR-PE-01.
Querellante                   : Dionicio Clímaco Hualpa Bellido.
Qurellado                      : Delfín Adolfo Carrizales Donayre.
Delito                            : Difamación.


RESOLUCION N° 24.


SENTENCIA DE VISTA.

Ica, veinte de enero del año dos mil doce.

I.- VISTOS Y OIDO EN AUDIENCIA PÚBLICA DE APELACION DE SENTENCIA:

1.- Viene en apelación la resolución número once, dictada el treinta y uno de agosto del año dos mil once, en virtud a la cual el señor Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ica resolvió absolviendo a Delfín Adolfo Carrizales Donayre, cuyas generales de ley y demás datos que lo identifican constan de autos, de los cargos formulados en su contra por delito contra el honor, Difamación, en agravio de Dionicio Clímaco Hualpa Bellido; mandaba archivar definitivamente los actuados en la carpeta Fiscal, anulándose los antecedentes judiciales por los hechos que han originado la instauración del presente proceso, así como disponía que consentida y/o ejecutoriada que sea se cursen los oficios correspondientes; con lo demás que contiene dicha resolución.

2.- Verificada la audiencia correspondiente el querellante particular, así como la defensa técnica de la parte querellada expusieron sus alegaciones, las cuales han quedado registradas en el audio de apelación, de modo que la causa ha quedado expedita para resolver.

3.- Interviene como ponente el señor Jara Peña.

II.- CONSIDERANDOS:

Primero. Premisas normativas.
1.1 Es una premisa no solo en el contexto judicial, sino también doctrinario, que en materia penal la Inocencia se presume y la Responsabilidad Penal se debe demostrar con todos los medios probatorios regulados por la codificación procesal penal, sin un margen que dé lugar a dudas, ya que de lo contrario operarán las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, es decir que para emitir una Sentencia Condenatoria, en la que se concluya por la responsabilidad del procesado, es necesario que el juzgador haya llegado a la absoluta certeza de estar en posesión de la verdad, en base a la cual se sancione al procesado.

1.2 Precisamente en lo relacionado con la presunción de inocencia el máximo intérprete constitucional, en la Sentencia dictada en el Expediente N° 3312-2004-AA/TC, ha expresado que la presunción en comento es un principio y a la vez también un derecho fundamental de todo procesado penalmente, cuya eficacia se despliega en diversas etapas del proceso penal en un doble sentido: a) Por un lado, como una regla de tratamiento sobre la persona sometida al Proceso Penal, que exige partir de la idea de que el sometido al proceso es inocente; y b) por otro, como una regla de juicio, “es decir como una regla referida al juicio de hecho”, que se proyecta en el ámbito probatorio, conforme al cual la “prueba completa de la culpabilidad (...) debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución (...) si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”.
Premisa que bien puede ser aplicada al caso presente en el que la acción penal ha sido ejercitada por un querellante particular.

1.3 En inciso dos, del artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal se precisa que “[L]a Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”.

1.4 La aplicación de la premisa legal anterior tiene su excepción en la Casación N° 05-2007-HUAURA, del once de octubre del año dos mil siete, es decir algunas de estas pruebas pueden ser accesibles al control por el órgano revisor, sobre todo si están vinculados a la estructura racional del propio contenido de la prueba, implica entonces que pueden ser fiscalizados, se le puede dar otro valor probatorio, no necesariamente a través de la inmediación sino de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos, para lo cual tienen que ser cuestionados por el impugnante.

Segundo. Hechos imputados por el querellante.-

Refiere el acusador privado que los hechos que dieron origen a la presente causa son los siguientes:
El uno y dos de abril del año dos mil diez el querellado Delfín Adolfo Carrizales Donayre participó en el XII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Docentes de Educación Superior, por sus siglas SIDESP, realizado en la ciudad de Lima, al cual asistieron numerosos delegados de los Institutos Superiores Pedagógicos y Tecnológicos (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Callao, Cajamarca, San Martín y Amazonas).
Expresó el querellante que en el acta correspondiente han quedado consignadas las expresiones del querellado, expresiones denigrantes contra la honorabilidad e integridad personal, profesional y sindical, del accionante, que las califica de falsas y difamatorias, con la agravante de que fueron vertidas públicamente ante sus colegas procedentes de varias partes del país.
Precisó el acusador privado que las expresiones difamantes son las siguientes: que se ha aprovechado de los cargos sindicales para favorecer a sus familiares y allegados en los contratos y reasignaciones; que tales hechos denigrante (favorecimiento de contratos y reasignaciones) son  repudiados por todos los docentes de la Región Ica; que su persona, como Secretario General del Comité Ejecutivo Regional del SIDESP, perdió desde años atrás toda confianza y credibilidad; que se condena la actitud divisoria de la ex Secretaría Nacional Diómedes Shua Godoy Falcón por las intrigas y divisionismo que viene implementando conjuntamente con el Secretario General Regional de Ica, aludiendo a su persona.
Afirmó el querellante que las referidas expresiones difamantes fueron puestas en consideración del pleno y aprobadas por unanimidad, recibiendo un cálido aplauso, no obstante que todas las expresiones infamantes en su contra son falsas o no han sido probadas.

Tercero.- Resumen de los alegatos orales en la audiencia de apelación.

3.1 La defensa técnica de la parte impugnante expresó que la resolución recurrida no se ha motivado correctamente, pues no existe ningún dispositivo legal que exprese que una sola prueba no pueda destruir la presunción de inocencia, no habiéndose motivado en este sentido, de manera que al haberse afectado la prueba y la motivación de resoluciones se ha incurrido en vicio insalvable de nulidad, consecuentemente requirió que revocándose la resolución recurrida debe declararse nula por afectación al debido proceso y falta de motivación.
Precisó que el acta que presentó como prueba ha sido expedida por el Ministerio de Trabajo, en el cual se constata que el querellado ha proferido una serie de improperios difamantes contra su persona y su profesionalismo en el evento laboral al que concurrieron personas de distintas partes del país; indicó también que no es cierto que haya favorecido a ningún familiar y las reasignaciones de los maestros se han llevado limpiamente.
Entre otros argumentos más que han quedado registrados en el audio de apelación.

3.2 Por su parte la defensa técnica del querellado aseveró que en el considerando tercero se ha explicado motivadamente las razones para que se haya absuelto a su patrocinado, entre ellas que únicamente existe una copia del acta del XII Congreso Nacional, copia proveniente del Juzgado de Cuarta denominación de Chongoyape, Chiclayo, y del expediente administrativo número 37144-04, sin que existan otros medios de prueba que corroboren las imputaciones, es decir que no constituye prueba suficiente para condenar a una persona, por lo que solicita que se confirme la resolución apelada.
Y, otras argumentaciones más que se registraron en el audio de la audiencia de apelación. 

Cuarto.- Actuación probatoria en primera instancia.

4.1 Cuando el imputado niega el hecho o cuestiona pasajes del mismo, corresponde al Órgano Jurisdiccional determinarlo a partir de la valoración de la prueba en el Juicio Oral. Esta es la lógica del proceso penal contradictorio.
Para emitir un pronunciamiento, ante la negación de los acusados, el órgano jurisdiccional se vale de pruebas, de modo que lo mas correcto es afirmar que las pruebas, y no el órgano Jurisdiccional, son las que condenan o absuelven a los procesados.
La prueba, siguiendo a Cafferata Nores, es la que confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación precedente[1]; la prueba es el medio más confiable para descubrir la verdad forense, y, a la vez, la mayor garantía contra la arbitrariedad de las decisiones judiciales.

4.2 De lo anterior resulta evidentemente cierto que de no llegarse a la certeza forense, mediante las pruebas actuadas en el plenario, corresponderá, como consecuencia lógica, que se absuelva al procesado.

4.3 Hechas las precisiones anteriores, se tiene que la producción probatoria, proveniente del juicio oral, viene a ser el Acta del XII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú antes ya aludido (véase los folios uno al ocho), en concreto la parte que consigna la intervención oral de Delfín Carrizales Donayre, en representación del CER SIDESP Ica (véase folios cinco).

Quinto.- Hechos probados.

Es un hecho probado sustentado en la evidencia anteriormente aludida, lo cual no ha sido cuestionado por el querellado, que el uno de abril del año dos mil diez se llevó a cabo el XII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú.
También se acepta como hecho probado que en el desarrollo de ese evento sindical intervino como uno de los oradores el querellado Donayre Carrizales.

Sexto.- Análisis de la sentencia impugnada y los argumentos expuestos por las partes procesales

6.1 En el delito de Difamación, que es el caso nuestro, el comportamiento consiste en atribuir una cualidad injuriante al ofendido, proferido ante numerosas personas, reunidas o separadas; se consuma con la sola divulgación difamatoria antes varias personas[2].
Carrara, citado por Raúl Alonso Peña Cabrera Freyre[3], definía a la difamación como la imputación de un hecho criminoso o inmoral, dirigida dolosamente contra un ausente y comunicada a varias personas separadas o reunidas. Es decir que el juicio de valor injuriante que recaiga sobre el ofendido debe ser susceptible de perjudicar el honor o reputación de la víctima.
Tal como se halla construido este tipo penal se requiere necesariamente la presencia del dolo, por lo que quien obra para atacar la honra o el crédito ajeno, sabe que con las imputaciones injuriantes ha de menoscabarlas, su intención es precisamente denigrar el honor, la reputación de su víctima, no le mueve otra intención.
6.2 Entonces no es pues suficiente para difamar la verbalización de las presuntas imputaciones difamantes ante numerosas personas, sino que es menester el ánimo de ultrajar, esa es la pretensión final del actor. Es un delito necesariamente intencional.

6.3 Entrando en mayores detalles cabe precisar que la propalación de los términos difamantes no queda sujeto a las estimación unilateralmente discrecional de la víctima o sujeto pasivo del delito, pues será el juzgador que las constate objetivamente teniendo en cuenta las circunstancias en los que se profirieron las frases calificadas de difamantes, la función que desempeña el agraviado, los términos empleados, de modo que una crítica a una actuación pública no puede tipificarse, sin otros datos periféricos, como injuria, incluso así mediaran frases lindantes con la inoperancia, la incompetencia, la desidia o el aprovechamiento de cargo.
Esa es la línea jurisprudencial seguida por los órganos de justicia que a guisa de ejemplo se puede citar la siguiente: “[A]l ser el querellante un personaje público, su vida y conducta participan del interés general con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas, en consecuencia se encuentran permanentemente sujeto al riesgo de que sus derechos subjetivos se vean afectados por críticas, opiniones o revelaciones adversas”[4].   

6.4 En el caso de autos el querellante Dionicio Clímaco Hualpa Bellido denunció haber sido víctima de injurias por parte del querellado, cuando en el XII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú, llevado a cabo el uno de abril del año dos mil diez, éste último expresó lo siguiente: “que se ha aprovechado de los cargos sindicales para favorecer a sus familiares y allegados en los contratos y reasignaciones; que tales hechos denigrante (favorecimiento de contratos y reasignaciones) son  repudiados por todos los docentes de la Región Ica; que su persona, como Secretario General del Comité Ejecutivo Regional del SIDESP, perdió desde años atrás toda confianza y credibilidad; que se condena la actitud divisoria de la ex Secretaría Nacional Diómedes Shua Godoy Falcón por las intrigas y divisionismo que viene implementando conjuntamente con el Secretario General Regional de Ica, aludiendo a su persona”.

6.5 Ahora bien, el colegiado deberá determinar si tales expresiones, propaladas en un evento sindical, pueden ser tipificados como delito de Difamación.

a) El contexto en que se vertieron tales frases fue dentro del desarrollo de un evento sindical, en los cuales, de acuerdo a las reglas de las máximas de la experiencia, es común que se realicen auditorias públicas a las gestiones pasadas, informes de fiscalización a un cargo o gestión laboral, funcional o sindical, de modo que será inevitable que los oradores emitan, frente a todo el auditorio, juicios de valores negativos sobre otro colega laboral o sindical, por ejemplo que su labor ha sido deficiente, que no tiene la capacidad para ejercerlo, que la gestión es mediocre, la gestión es poco competente, entre otros, es decir que son calificativos propios de eventos de esta naturaleza, incluso al estar permitidos en el inciso tres del artículo ciento treinta y tres del Código Penal, resultarían siendo atípicos.

b) Precisamente lo vertido por el querellado en el transcurso del XII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú son juicios de valor muy negativos respecto a la gestión sindical de Dionicio Clímaco Hualpa Bellido que en buena cuenta es calificada de poco competente, de que no tuvo o no tiene la confianza o credibilidad de sus agremiados y de divisionista.
Entonces, a la luz de todo lo expuesto hasta acá, no es posible tipificar tales alocuciones como delito de Difamación, ya que son críticas, muy duras por cierto, a la actuación pública del agraviado como dirigente sindical, a la que se encuentran permanentemente sujetos a este riesgo quienes ostentan cargos públicos en la actividad estatal, privada o sindical.
Obviamente los juicios de valor o las críticas tienen sus límites, por ejemplo cuando el sujeto activo imputa al agraviado la condición de ladrón se ha rebasado el límite de los meros juicios de valor para encallar en un acto delictivo, situación que no se ha dado en el caso materia de revisión.

6.6 Siendo esto así, es decir que de la revisión y ponderación de todo lo actuado en la etapa del juicio oral, se advierte que la responsabilidad penal del querellado no ha sido debidamente acreditada, consecuentemente será arreglado a derecho que se confirme la sentencia impugnada.


DECISIÓN:

Por los fundamentos antes expuestos, y los contenidos en la sentencia recurrida, los integrantes de la Sala Superior Penal de de Ica,  RESUELVEN:

1.- CONFIRMANDO la resolución número once, dictada el treinta y uno de agosto del año dos mil once, en virtud a la cual el señor Juez del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Ica, resolvió absolviendo a Delfín Adolfo Carrizales Donayre, cuyas generales de ley y demás datos que lo identifican constan de autos, de los cargos formulados en su contra por delito contra el honor, Difamación, en agravio de Dionicio Clímaco Hualpa Bellido; mandaba archivar definitivamente los actuados en la carpeta Fiscal, anulándose los antecedentes judiciales por los hechos que han originado la instauración del presente proceso, así como disponía que consentida y/o ejecutoriada que sea se cursen los oficios correspondientes; con lo demás que contiene dicha resolución.

2.- ORDENARON que, una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente, se archiven los actuados en el modo y forma de ley y se anulen los antecedentes que haya generado el presente proceso, así como se levanten las medidas coercitivas con propósito de su instauración, si hubieren.

3.-  DISPUSIERON su devolución de los actuados al juzgado de origen para fines del archivamiento definitivo correspondiente. Sin costas en esta instancia.

S.S.

COAGUILA CHAVEZ.

JARA PEÑA.

TRAVEZAN MOREYRA.





[1]La Prueba en el Proceso Penal. Cafferata Nores. Cuarta Edición. Edición Depalma, Buenos Aires, Argentina. Páginas 3 y siguientes.
[2] Art. 132, primera parte, del Código Penal.
[3] Derecho Penal Parte Especial Tomo I. Idemsa, febrero del 2010. Pág. 340.
[4] Exp. N° 7567-97-LIMA. Citado en Rojas Vargas, Fidel. Jurisprudencia Penal Comentada, Tomo I. Pág. 675.

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