miércoles, 25 de enero de 2012

Confirman Tutela de Derechos Infundada.

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA DE APELACIONES DE ICA

Exp. N° 0374-2011-91-1401-SP-PE-01.
Imputada             : Felicita Katiuska Chávez Espinoza.
Agraviado             : Empresa Petrocentro Urubamba.
Materia                : Robo Agravado.


AUTO SUPERIOR DE VISTA.


Resolución Nro. 09. 

Ica, veintitrés de enero del año dos mil doce.

I.- VISTOS Y OIDO EN AUDIENCIA PÚBLICA DE APELACION DE RESOLUCION.

1.- Viene en apelación la resolución número dos, dictada el dieciséis de noviembre del año dos mil once, en virtud a la cual el señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, declaró infundada la solicitud de tutela de derechos formulada por el defensor público Gonzalo Manrique Perlacios, abogado defensor de Felicita Katiuska Chávez Espinoza, quién se encuentra procesada por la presunta comisión del delito de robo agravado, en agravio de Petro Centro Urubamba Grifo Primax; con todo lo demás que contiene esta resolución. 

2.- Con los argumentos expuestos oralmente por la defensa técnica de la imputada y el señor representante del Ministerio Público, los cuales han quedado registrados en el audio y acta correspondientes.

3.- Interviene como ponente el señor Jara Peña;

II.- CONSIDERANDOS:

Primero. Premisas normativas.
1.1 La tutela de derechos es una institución procesal consagrada de manera expresa en el nuevo Código Procesal Penal, que permiten que dentro del mismo proceso penal se controle judicialmente la constitucionalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público y en algunos casos con el auxilio de la Policía Nacional, sin necesidad de recurrir a la jurisdicción constitucional, de ahí que una de las etiquetas del nuevo Código Procesal Penal sea el de “garantista” y al Juez de la investigación preparatoria se le conozca también como un Juez Penal de Garantías.

1.2 Dicha premisa tiene rango legal, así tenemos el inciso 1 del articulo 71° del Código Procesal Penal: “El imputado puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso”.

1.3 Siguiendo esta línea argumentativa, el inciso 4 del articulo 71° del Código Procesal Penal traído a colación estatuye que “Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan. La solicitud del imputado se resolverá inmediatamente, previa constatación de los hechos y realización de una audiencia con intervención de las partes”.

1.4 En el Acuerdo Plenario N° 04-2010/CJ-116 se han establecido, con detalles cargados en pormenores, los casos en que procede y las medidas que pueden ser dictadas, ante la constatación de una vulneración a los derechos del imputado, por el Juez de La Investigación Preparatoria.

Segundo.- Los hechos materia de investigación.  

Expresa el perseguidor oficial del delito que los hechos que dieron origen a la presente investigación son los siguientes: el día catorce de noviembre del año dos mil once, aproximadamente a las nueve de la mañana, tres sujetos a bordo de una motocicleta se constituyen en el Grifo Primax, ubicado a la altura del Kilómetro cuatrocientos cuarenta y seis de la carretera Panamericana Sur, Nasca, dos de estas personas portando armas de fuego; acto seguido ingresaron a la oficina de la administración y bajo amenazas, luego de reducir a cuatro trabajadores, se apoderan de doscientos cuarenta y cinco mil Nuevos Soles.
Efectuadas las primeras diligencias preliminares se recaban las declaraciones de todas los trabajadores que estuvieron presentes al momento del latrocinio, entre ellas de Katiuska Felicita Chávez Espinoza, trabajadora del Grifo aludido, quién manifestó que dos de los presuntos autores del ilícito cometido eran las personas de Henrry David Gómez Pino y Jimmy Josef Cazorla Lostaunau. Posteriormente, explica el perseguidor oficial del delito, dicha persona recibe una llamada telefónica a su teléfono celular por parte de la persona de Arnaldo Reyes Quispe, quien le solicitaba se apersone a su domicilio, accediendo al pedido se constituye en dicho inmueble para que le sea entregado la suma de seis mil Nuevos Soles, que era la parte del dinero que le correspondía por el robo al Grifo Primax, sin embargo devolvió voluntariamente la suma de cinco mil trescientos cincuenta Nuevos Soles. Al momento de la intervención policial el citado Reyes Quispe logró darse a la fuga.

Tercero.- Resumen de los alegatos orales efectuados por los sujetos procesales.

3.1 La defensa técnica de la imputada requirió que se revoque la resolución apelada y se declare fundada la tutela de derechos. En efecto a consecuencia del robo suscitado en el centro de trabajo de la procesada el día catorce de noviembre del año dos mil once, fue conducida a la dependencia policial en calidad de testigo recabándose su declaración correspondiente, pero en las preguntas formuladas ya se le venia involucrando como partícipe en el delito referido sin presencia de su abogado, antes bien el representante del Ministerio Público permitió que se le continuara interrogando, incluso torturándola y agrediéndole psicológicamente, de manera que ante estas presiones fue obligada a comunicarse con uno de los autores del robo y constituirse en el domicilio de éste para recuperar una parte del dinero sustraído; al día siguiente se apersonó un abogado defensor particular que convalido los actos anteriores, fecha en que se le comunica su detención, violándose así todos los derechos de su patrocinada. Argumentó que la tutela de derechos planteada tiene como sustento la auto incriminación de su patrocinada, al no haberse solicitado la presencia de un defensor público que le asista desde sus primeras declaraciones, por lo que solicitó que se declare nula la declaración de su patrocinada, quien estuvo detenida cincuenta y dos horas y se le designó irregularmente un abogado defensor.
Y demás alegaciones mas que han quedado registrado en el audio correspondiente.

3.2 Por su parte el señor Fiscal Superior expresó que la Ley Orgánica del Poder Judicial regula lo relativo a la ética del abogado patrocinante, al igual que el Código de Ética del Colegio de Abogado de Lima y el Código Procesal Civil, por lo que los abogados deben conducirse en las actuaciones judiciales con veracidad, lealtad y buena fe, principios a los que ha faltado la defensa técnica de la imputada, pues el abogado no se esta conduciendo con la verdad, ya que esta tutela de derechos se produce a consecuencia de que la imputada fue citada en la investigación del proceso N° 2011-177, por hechos similares en agravio del Grifo Toda Una Vida, en el cual la referida procesada también trabajaba; precisamente en esta investigación, refiere el señor Fiscal, Chávez Espinoza, asesorada por la defensa técnica presente en esta audiencia, indicó que se acogía a su derecho a guardar silencio, pretendiendo hacer lo propio en este proceso, pero sobre cuestiones ya declaradas.
Por otra parte precisó el señor fiscal que la imputada no se ha auto incriminado, pues  en la pregunta seis de su declaración prestada el catorce de noviembre del dos mil once indicó que conocía a los autores del robo incluso participó activamente en recuperar parte del dinero. Expresó el señor Fiscal que no se vulneró los derechos de la procesada, por el contrario al haberse ratificado al día siguiente en sus iniciales declaraciones, en presencia de su abogado patrocinador, convalidó cualquier omisión o vicio procesal.   

Y demás alegaciones que también se hallan registrados en el audio correspondiente.   

Cuarto.- Examen de la resolución impugnada y las alegaciones efectuados por las partes.

4.1 El argumento principal para que la defensa técnica de la imputada solicite la revocación de la resolución impugnada es que en primer lugar no se le ha permitido declarar, el catorce de noviembre del año dos mil once, asesorada de su defensa técnica de su elección; y, en segundo lugar que le impusieron como defensa técnica a una abogada que ni su patrocinada ni sus familiares contrataron.

4.2 En el Acuerdo Plenario N° 4-2010/CJ-116 se estableció que la finalidad esencial de la audiencia de tutela es la protección, resguardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes; el juez de investigación preparatoria, erigido en juez de garantías, ejerce el control de estos derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo setenta y uno del Código Procesal Penal, responsabilizando al fiscal o a la policía de tales agravios (Cfr. Fundamento Jurídico 11).
En el caso de autos se protesta la violación específicamente del derecho a la defensa técnica, corresponderá entonces a este colegiado establecer si ciertamente hubo o no tal vulneración.

4.3 Efectivamente es cierto que en la declaración prestada por Chávez Espinoza el día catorce de noviembre del año dos mil once (ver folios diez al quince) no estuvo asesorada por ningún abogado que garantice su derecho de defensa técnica, es decir que no le hicieron saber la lista de derechos contenidos en el inciso dos del artículo setenta y uno del Código Procesal Penal antes citado, habiéndose recabado su declaración en presencia únicamente del representante del Ministerio Público.
Siendo esto así lo manifestado bajo tales circunstancias carece de todo valor.

4.4 No obstante lo anterior el día quince de noviembre del año dos mil once (ver fojas veintidós al veinticinco) la procesada Katiuska Felicita Chávez Espinoza presta su declaración asistida de su abogada patrocinadora la doctora Mónica Farfán Tuanama, en cuya oportunidad si se procedió conforme a lo estipulado en el artículo setenta y uno del Código Procesal Penal (aún cuando en el acta se hizo mención al articulo sesenta y uno del Código Procesal Penal, lo cual evidentemente, al contraste de todos los derechos que le hacen saber a la procesada, es un error material).
En esta oportunidad no sólo presta declaraciones haciendo uso de su derecho de defensa técnica, sino que expresamente ratifica y le da validez a su declaración anterior (ver respuesta a la pregunta siete en fojas veinticuatro), con el añadido de que no denuncia ninguna irregularidad o vulneración a cualquiera de sus derechos como lo viene haciendo en la actualidad.
Es verdad que en esta audiencia de apelación la defensa técnica de la imputada denunció que en la segunda oportunidad que su patrocinada declaró le impusieron la asesoría de una defensa técnica privada, pero tal aseveración no tiene ningún respaldo probatorio que lo corrobore, es decir se trata de su solo dicho.

4.5 Expuesto el caso de este modo se advierte que no se ha vulnerado ningún derecho que sea susceptible de ser corregido, de ser reparado o de subsanarse alguna omisión, pues la vulneración inicialmente incurrida fue subsanada por un acto posterior en el que se brindaron todas las garantías del caso para el respeto de los derechos, máxime el de defensa técnica, de la imputada Katiuska Felicita Chávez Espinoza, ergo la resolución impugnada debe ser confirmada.

  
DECISIÓN:

Por los fundamentos antes expuestos este colegiado;  RESUELVE:

1.- CONFIRMANDO la resolución número dos, dictada el dieciséis de noviembre del año dos mil once, en virtud a la cual el señor Juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, declaró infundada la solicitud de tutela de derechos formulada por el defensor público Gonzalo Manrique Perlacios, abogado defensor de Felicita Katiuska Chávez Espinoza, quién se encuentra procesada por la presunta comisión del delito de robo agravado, en agravio de Petro Centro Urubamba Grifo Primax; con todo lo demás que contiene esta resolución.

 2.- DISPUSIERON la devolución de los actuados al juzgado de origen. 

S.S.
COAGUILA CHAVEZ.

JARA PEÑA.

TRAVEZAN MOREYRA.

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