miércoles, 25 de enero de 2012

Excepción de Improcedencia de Acción.

El Colegiado ha precisado que en apariencia los hechos denunciados e investigados configurarían el tipo penal previsto en el artículo ciento noventa y seis del Código Penal -Estafa-, razón por la cual, cabe la intervención de la justicia penal, desechando los argumentos de la investigada toda vez que los mismos se verificaran en pronunciamiento motivado sobre el fondo del asunto.

  CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA PENAL DE APELACIONES


EXPEDIENTE                     : 00948-2011-32-1401-JR-PE-01
ASIST. DE CAUSAS           : RITA ZEVALLOS ROMERO
IMPUTADO                         : MAGALY FUEMMELER DE MUÑOZ
DELITO                              : ESTAFA
AGRAVIADA                       : MARCELINO JULIAN CABRERA MEDINA

RESOLUCION N° 04
Ica, cinco de enero del dos mil doce.-

AUTOS, VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública; interviene como Juez Superior ponente, el señor COAGUILA CHÁVEZ.

PRIMERO: Objeto de grado
Viene en grado de apelación la resolución número ocho, emitida en audiencia  de fecha cinco de octubre del año próximo pasado, en el extremo que declara improcedente la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica de la procesada Magaly Elizabeth Fuemmeler de Muñoz, por el delito de estafa en agravio de Marcelino Julián Cabrera Medina, al haber sido recurrida por dicha parte procesal.

SEGUNDO: Fundamentos de la decisión judicial apelada
2.1 Refiere el A quo que la acción de improcedencia de acción que hace referencia el artículo 6, numeral 1), literal b) del Código Procesal Penal, sólo procede cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, es decir constituye un mecanismo de defensa de forma y no de fondo, por ende se debe centrar en aquellos hechos que fueron objeto de sustento de la acusación directa, de la cual pudiera emerger cada uno de los elementos objetivos y subjetivos, tanto descriptivos y normativos, del tipo penal de estafa, no pudiendo por tanto efectuar actos de valoración de los elementos de convicción que se hayan podido recabar hasta este estadío del proceso, pues ello corresponde a un mecanismo de defensa distinto o en todo caso un análisis de fondo del proceso penal.
2.2 Dice que el requerimiento de acusación directa de fecha siete de julio del año dos mil once y que fuera sustentada en forma oral por la fiscal en audiencia, en uno de sus aspectos, dice, debe satisfacer el principio de la imputación necesaria, describiendo en forma clara y precisa el hecho que se le atribuye, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores; es decir los hechos que sustentan el requerimiento fiscal de manera principal deben ser constitutivos de aquel delito que viene atribuyendo su comisión el Ministerio Público a la acusada; señala que ante el defecto u omisión puede prosperar la excepción que se propone.
2.3 Refiere que del rubro descripción de los hechos atribuidos y circunstancias precedentes y posteriores de la acusación fiscal, emerge que la ahora acusada habría desplegado una conducta engañosa dirigida a la persona del agraviado, como es la de obligarse a transferir una unidad vehicular, y pactando una suma dineraria líquida, le habría informado que dicha unidad se encontraba en perfectas condiciones técnicas, cuando la situación real sería distinta, como es que el vehículo no presentaba buenas condiciones; se afirma además que el agraviado fue inducido a error por lo cual entregó una suma de dinero a favor de la ahora acusada, por lo que señala se habría producido un perjuicio al agraviado, pues la unidad vehicular no corresponde a la acusada transferente, sino a una tercera persona, de allí que el Ministerio Público afirma cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que el tipo penal estafa exige, como es, conducta engañosa, error en el sujeto pasivo o víctima, desplazamiento patrimonial, perjuicio producido a la víctima, dolo y ánimo de lucro por parte del agente, con lo que el hecho que trae como sustento el Ministerio Público, sí constituye delito y también es justiciable penalmente, en la medida que no se viene invocando hasta este estadío, que aquella acción desplegada por la acusada había estado justificada o en todo caso pudiera resultar manifiesta alguna causa de inculpabilidad o de no punibilidad.
2.4 Refiere que los argumentos que viene exponiendo la defensa técnica de la acusada no corresponde ser dilucidados mediante el mecanismo de la excepción de  improcedencia de la acción, sino en todo caso resulta ser su propia posición de defensa que debe requerir valoración de elementos de convicción o de ser el caso de actos de prueba, éstos últimos ya en estado de juicio oral, de allí que la excepción formulada deba ser desestimada.

TERCERO: Postulación de la apelación (folio 37 a 41), y opinión del Ministerio Público
3.1 La defensa del investigado en su escrito de apelación solicita que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción, sosteniendo que el comportamiento de su defendida no constituye delito ni es justiciable penalmente, por cuanto se trata de un acto jurídico derivado de un contrato de promesa de venta de naturaleza civil, debiendo sobreseerse el proceso así como la anulación de los antecedentes penales y judiciales.
3.2 Dice que la vía penal no es la idónea para reclamar derecho de saneamiento e indemnización, sino la vía civil, la que está reservada a las partes conforme a la cláusula octava del citado contrato.
3.3 Dice además que si bien la acusada suscribió un contrato con el actor civil en forma personal, pese a encontrarse casada con la persona de Víctor Emilio Muñoz Neyra, esto fue de buena fe y posteriormente se materializaría la compra venta del vehículo elevándola a escritura pública, por lo que tendrían que intervenir la acusada y su esposo.
3.4 Por su parte la señora Fiscal Superior, ha solicitado se confirme la resolución impugnada toda vez que se encuentra arreglada a ley; que, el hecho constituye delito, así como que a la fecha el proceso se encuentra con acusación directa, y que las alegaciones que formula el acusado deben hacerse valer durante el juicio oral.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO: Admisibilidad de la impugnación
1.1 La resolución impugnada se notificó al investigado en audiencia el día cinco de octubre de dos mil once, impugnando dicha resolución.
1.2 La fundamentación de la apelación por parte de la defensa técnica del investigado fue planteada el doce de octubre de dos mil once, conforme a los argumentos que allí se expresa.
1.3 El recurso impugnativo se halla interpuesto a tiempo y en forma, de modo que cabe analizar sus postulados.

SEGUNDO: Sustento normativo 
2.1 El artículo 2 de la Constitución Política del Estado, establece en el inciso 2, literal d), que nadie será procesado por acto u omisión que no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible.
2.2 El artículo 139 de la Constitución Política del Estado, establece en el inciso 3, que es principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso.
2.3 El artículo 6 del Nuevo Código Procesal Penal, regula en su literal b) la excepción de improcedencia de acción, que se deduce cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente, estableciendo además en su inciso 2 que de declararse fundada, el proceso será sobreseído definitivamente.

TERCERO: Análisis jurisdiccional
2.1 La norma adjetiva que prevé la improcedencia de acción, comprende dos supuestos, el primero relacionado a todos aquellos casos de atipicidad penal absoluta o relativa del hecho objeto de imputación o de la concurrencia de una causa de justificación; y, un segundo supuesto que hace referencia a la ausencia de una condición objetiva de punibilidad o a la presencia de una causal personal de exclusión de pena o excusa absolutoria.
2.2 Respecto del medio técnico de defensa que nos ocupa, el autor nacional Santos Urtecho Benites[1], señala que la alusión a que el hecho denunciado no constituya delito, comprende dos extremos: a) que la conducta incriminada no esté prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente, es decir la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas, esto es que no es una falta de adecuación a un tipo existente, sino a la ausencia absoluta del tipo, por lo que estaríamos ante un caso de atipicidad absoluta por falta de adecuación directa; y, b) que el suceso no se adecue a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación, esto es, cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido, se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo: sujetos –activo y pasivo-, conducta –elementos descriptivos, normativos o subjetivos– y objeto –jurídico y material– por lo que en este caso se estaría frente a un caso de atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta.
A mayor abundamiento la improcedencia de acción, en palabras de SANCHEZ VELARDE[2], busca anular la acción penal y consecuentemente todo lo actuado, archivándose definitivamente el proceso penal.
2.3 Que, como se ha indicado líneas arriba, la acusada solicita se revoque la resolución materia del grado y reformándola se declare fundado su pedido de excepción de improcedencia de acción, alegando que los hechos no constituyen delito y no son justiciables penalmente, habida cuenta que tienen un contenido civil y no penal.
2.4 Pese a lo señalado, el Colegiado evalúa que en principio, conforme al artículo seis, inciso uno, acápite b) del Código Procesal Penal, la excepción de improcedencia de acción procede cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, por lo que debe tenerse presente que tal excepción cuestiona la tipicidad objetiva y plantea se declare que los hechos atribuidos no revisten connotación criminal. No obstante, debe tenerse presente que si el hecho tiene apariencia delictiva no se puede archivar la posibilidad de instruir o investigar sobre el fondo, máxime el efecto cancelatorio que una decisión de archivo implicaría. En dicho contexto, deviene fundada la excepción de naturaleza de acción, no sólo cuando el hecho imputado no concuerda objetivamente con la descripción típica de la norma penal correspondiente al delito imputado, sino fundamentalmente cuando no se subsume dentro de ningún otro tipo penal, no constituyendo en definitiva un ilícito penal dentro de nuestro ordenamiento punitivo.
El Colegiado evidencia que mediante esta excepción, se busca anular la acción penal y todo lo actuado, archivándose definitivamente el proceso en razón de dicha institución procesal, que buscaría corregir el posible error de apreciación que tuvieron los Magistrados al iniciar el proceso penal; así, no es técnicamente posible intentar llegar a un pronunciamiento favorable vía excepción de naturaleza de acción y efectuar valoración probatoria, toda vez que la conducta particular desplegada por la persona implicada en la comisión del delito, es propia de un pronunciamiento motivado sobre el fondo del asunto materia de investigación jurisdiccional.
A mayor abundamiento, el juez A quo ha señalado que la acusada habría desplegado una conducta engañosa, como es la de prometer transferir un vehículo pactando una suma de dinero, haciendo consentir al agraviado que la máquina se encontraba en perfectas condiciones, cuando la situación real era distinta; se ha dicho que el agraviado fue inducido a error, entregando una suma de dinero a favor de la acusada, por lo que se habría producido un perjuicio al agraviado, pues la unidad vehicular no corresponde a la acusada transferente, sino a otra persona, señalando además que se encuentran presente cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que el tipo penal estafa exige, tales como la conducta engañosa, el error en el sujeto pasivo, el desplazamiento patrimonial, el perjuicio producido y el dolo y ánimo de lucro por parte del agente, concluyendo que los hechos denunciados si constituye delito y también son justiciables penalmente.
Este Tribunal precisa además que evaluando lo antes señalado, evidencia que en este proceso se ha obviado la etapa intermedia, y luego de las diligencias preliminares, se ha venido en formular acusación, ello en razón que según el criterio del Ministerio Público, tales diligencias establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención de la imputada en su comisión.
2.5 Consecuentemente, a consideración de este Tribunal, en apariencia los hechos denunciados e investigados configurarían el tipo penal previsto en el artículo ciento noventa y seis del Código Penal, razón por la cual, cabe la intervención de la justicia penal, por lo que procede confirmar la resolución apelada, por encontrarse arreglada a derecho y a los antecedentes
Por tales consideraciones,
1. DECLARAMOS: INFUNDADO el recurso de apelación formulado por la defensa técnica de la procesada Magaly Elizabeth Fuemmeler de Muñoz.
2. CONFIRMAMOS la resolución número ocho, emitida en audiencia  de fecha cinco de octubre del año próximo pasado, en el extremo que declara improcedente la excepción de improcedencia de acción formulada por la defensa técnica de la procesada Magaly Elizabeth Fuemmeler de Muñoz por el delito de estafa en agravio de Marcelino Julián Cabrera Medina,
3. DISPONEMOS la devolución de los actuados al juzgado de origen para los fines de ley. TÓMESE RAZÓN Y HÁGASE SABER.- Interviene la señora Juez Superior Travézan Moreyra por reconformación de Sala y la Especialista que da cuenta por disposición Superior.
SS
COAGUILA CHÁVEZ
JARA PEÑA
TRAVEZAN MOREYRA






[1] URTECHO BENITES, Santos Eugenio. Los medios de defensa técnicos y el nuevo proceso penal peruano. IDEMSA Lima, abril 2007.
[2] SANCHEZ VELARDE, Pablo. Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA, Lima-Perú, 2004.

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