lunes, 16 de abril de 2012

Confirma Prisión Preventiva

 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA PENAL DE APELACIONES DE ICA

EXPEDIENTE              : 63-2012-19-1401-SP-PE-01
ESPECIALISTA           : ROSA DE LA CRUZ QUISPE
IMPUTADO                : RUMILDO BLADIMIR, FALCON ANCAYA Y OTRO
DELITO                      : HURTO AGRAVADO Y EXTORSION
AGRAVIADO            : JORGE OSORIO AGUILAR

RESOLUCION Nº 05

Ica, veintiocho de marzo del año dos mil doce.-
AUTOS, VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública. Interviene como Juez Superior ponente el señor COAGUILA CHÁVEZ.
PRIMERO: OBJETO DE LA ALZADA
Viene en grado de apelación la resolución número dos, emitida en la audiencia del dieciséis de marzo del año en curso, que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Rumildo Bladimir Falcón Ancaya, por el delito contra el patrimonio – hurto agravado y extorsión, en agravio de Jorge Edgar Osorio Aguilar, al haber sido impugnada por el investigado.
SEGUNDO: ARGUMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
El señor Juez de Investigación Preparatoria funda su decisión en lo siguiente:
2.1 Con respecto al primer presupuesto de los fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado con los delitos, la juez A quo ha señalado que de los elementos de convicción acopiados por el señor representante del Ministerio Público, se tiene la declaración del agraviado Jorge Edgar Osorio Aguilar, quien ha referido que se entrevistó con el personal de serenazgo alias Ruso (García Tentaya), a quien le dio las características de la moto, y en la tarde se entrevistó con éste en la zona de Cajuca, donde le presentó a una persona de tez morena, el ahora investigado Falcón Ancaya, con quien lo dejó conversando, refiriendo que el dinero fue entregado a Rumildo Bladimir Falcón Ancaya, el que fue detenido en forma flagrante; ha dicho que este hecho es corroborado con el acta de recepción de dinero, así como el registro personal, en el que se le encontró un trozo de papel pequeño de cuaderno cuadriculado, en el cual se encontraba escrito con lapicero color azul, manuscrito textualmente el número de celular 959025713 y las palabras Jorge Osorio; dice que obra además el acta de dos fotografías de billetes de cien nuevos soles, el acta de devolución de dinero en efectivo; con lo que refiere la juez de investigación, que se dan los fundados y graves elementos  del delito de extorsión.
2.2 Respecto al segundo presupuesto, señala que el marco punitivo establecido en el artículo 185 – 186 inciso dos, primer párrafo es pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, y por el delito de extorsión, artículo 200 primer párrafo del Código Penal, cuya pena es no menor de 10 ni mayor de 15 años, cuyos referentes permitirá la graduación de la pena en base a factores de determinación y aplicación de la pena previstos en el artículo 45 y 46 del Código Penal, y en el caso de autos, dice que no existen factores de atenuación de la pena por debajo del mínimo legal establecido para el delito, toda vez que el investigado registra antecedentes judiciales y penales (violación sexual  y robo agravado), pero no cabe la posibilidad de que la pena concreta sea menor de cuatro años de pena privativa de libertad, por lo que también concurre éste segundo presupuesto.
2.3 Respecto al peligro procesal, señala que si bien el investigado Falcón Ancaya ha acreditado su arraigo domiciliario con el certificado expedido por la Municipalidad de Nasca, empero no ha acreditado arraigo familiar ni laboral, por lo que estando a la pena grave que se espera alcanzar como resultado del procedimiento, existe riesgo de fuga, más si se tiene en cuenta su defensa material realizada en audiencia, cuando refiere que solicitó dinero con la finalidad de viajar fuera de Nasca, es decir estaría tratando de evadir la acción de la justicia.
TERCERO: FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN, Y ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO
3.1 La defensa del investigado Rumildo Bladimir Falcón Ancaya, fundamenta su apelación en su escrito de impugnación, y solicita que se revoque la resolución en todos sus extremos, y se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva.
3.2 Precisa que no existen fundados elementos para estimar la comisión de un delito, que vinculen a su patrocinado como partícipe del delito de hurto agravado, ni tampoco en el delito de extorsión; señala que respecto del delito de extorsión la juzgadora únicamente se ha basado en la existencia de coacción de parte de su patrocinado hacia el agraviado, situación que se contraponen a los primeros recaudos alcanzados por el Ministerio Público, pues en dicha audiencia la defensa destacó que los elementos constitutivos del delito de extorsión, en este caso no se habían dado, agregando que la juzgadora no ha motivado en que ha consistido los actos de coacción en que haya incurrido, y que de las diligencias preliminares del Ministerio Público no se ha logrado acreditar la existencia de amenaza o violencia que se hayan producido por parte de su patrocinado en los hechos materia de investigación.
3.3 Con relación al segundo presupuesto, señala que si bien el delito de extorsión está sancionada con pena no menor de 10 ni mayor de 15  de pena privativa de libertad, sin embargo para establecer la prognosis de la pena es necesario tener en cuenta los criterios para su determinación, por lo que debe estimarse la naturaleza del delito, la condición personal del imputado, grado de ejecución, confesión sincera, y otros que allí precisa. Así, dice que se debe tener en cuenta la confesión sincera de su patrocinado, quien no solo ha reconocido los hechos, sino también ha colaborado con la justicia expresando y reconociendo a su coimputado José Antonio García Tentaya, aclarando que los hechos aceptados por su patrocinado no constituyen los ilícitos denunciados.
3.4 Respecto al tercer presupuesto ha señalado que su patrocinado ha cumplido con acreditar tener arraigo domiciliario conforme ha quedado acreditado con la certificación expedida por la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Nasca; asimismo dice que no tener arraigo familiar o hijos, no es óbice para determinar una prisión preventiva, y si bien no ha logrado acreditar arraigo laboral, por laborar en la localidad de Chaparra, Chala, Caravelí, por los problemas existentes por la huelga de los trabajadores mineros, no ha sido posible obtenerlos, situación que aunado a la ausencia copulativa de los tres elementos que determinan la prisión preventiva, no es necesario acreditarlos.
3.5 Por su parte el representante del Ministerio Público en audiencia de apelación, ha solicitado se confirme la resolución impugnada, toda vez que los elementos necesarios para la prisión preventiva se encuentran presentes.
Dice, que obra del requerimiento de prisión preventiva los fundados y graves elementos de convicción, la prognosis de pena y el peligro procesal, a lo que agrega que el investigado registra antecedentes por los delitos de robo y violación sexual.
Por los fundamentos anotados, reitera que debe confirmarse la resolución impugnada.
F U N D A M E N T O S:
PRIMERO: ADMISIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN
1.1 La resolución impugnada se notificó en audiencia al investigado, el día dieciséis de marzo del año dos mil doce, formulándose la apelación respectiva con fecha veintiuno de marzo del año en curso, conforme aparece de fojas ciento catorce a ciento dieciocho, donde se fundamenta la misma.
1.2 El recurso impugnativo se halla interpuesto a tiempo y en forma, de modo que cabe analizar sus postulados.
SEGUNDO: SUSTENTO NORMATIVO 
2.1 El artículo 268 del Nuevo Código Procesal Penal establece los requisitos legales para la decisión de privación de libertad del investigado.
2.2 Los artículos 269 y 270 del Nuevo Código Procesal Penal, se refieren a los parámetros específicos del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
2.3 El artículo 278 del Nuevo Código Procesal Penal, ha establecido el modo de proceder ante la impugnación de las decisiones de esta materia.
2.4 El artículo 405 del Nuevo Código Procesal Penal, establece los requisitos del escrito de apelación.
TERCERO: ANÁLISIS JURISDICCIONAL
3.1 Es menester precisar que la adopción de las medidas de coerción en el Código Procesal Penal, se someten a dos presupuestos fundamentales el fummus bonis iuris, que se refiere a la verosimilitud de haberse cometido un delito mediante indicios manifestados objetivamente; y, el periculum in mora, que se refiere al peligro que se puede producir con el paso ineludible del tiempo.
De otro lado, se tiene en cuenta que el principio de proporcionalidad conocido como el principio de prohibición de exceso, supone correlación entre la medida y la finalidad; se aplica una vez aceptada la idoneidad y necesidad de una medida. En suma, este principio supone la utilización de técnicas de contrapeso de bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del caso concreto, que importa el sacrificio de los intereses individuales para dar prioridad al interés estatal que se pretende salvaguardar.
3.2 El recurso de impugnación de los folios ciento catorce y siguientes de la defensa del investigado Falcón Ancaya, cuestiona la medida de coerción personal impuesta, coligiéndose en el hecho de ausencia de los fundados y graves elementos de convicción para la procedencia de la prisión preventiva, prognosis de pena y el peligro procesal; en ese sentido, es obligación de este Tribunal, verificar si en la presente investigación, y con relación al investigado Falcón Ancaya, tales presupuestos se encuentran presentes, o no.
3.3 La defensa técnica del investigado ha venido en cuestionar respecto al primer presupuesto, que de los primeros recaudos alcanzados por el Ministerio Público, no se dan los elementos constitutivos del delito de extorsión, y que la juzgadora no ha motivado en que han consistido los actos de coacción en que haya incurrido. Señala asimismo, que de las diligencias preliminares del Ministerio Público no se ha logrado acreditar la existencia de amenaza o violencia que se hayan producido por parte de su patrocinado en los hechos materia de investigación.
Teniendo en cuenta lo antes señalado, el Colegiado tiene presente, que tal como lo ha señalado la A quo respecto a la concurrencia de los fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo, conforme lo ha señalado el Ministerio Público, se tiene la declaración del agraviado Edgar Osorio Aguilar, quien refiere se entrevistó con el personal de serenazgo (García Tentaya), a quien le dio las características de la moto y en la tarde se entrevistó con éste por la zona de Cajuca, donde le presentó a otra persona –el investigado Falcón Ancaya-, con quien lo dejó conversando, refiriendo el citado agraviado que el dinero fue entregado a Falcón Ancaya con el fin de que le devuelvan la motocicleta, siendo detenido éste en forma flagrante, habiéndose acompañado como fundado y grave elemento de convicción, el acta de recepción de dinero, el acta de registro personal, el acta de dos fotografías de billetes de cien nuevos soles y el acta de devolución de dinero en efectivo.
Teniendo en cuenta lo antes señalado, resulta obvio que obran fundados y graves elementos de convicción que vinculan al investigado como autor del delito de extorsión.
3.4 Respecto al elemento prognosis de pena, el investigado ha precisado que obra confesión sincera; sin embargo, conforme lo prescribe el artículo 161 del Código Procesal Penal, para que la declaración sea considerada como tal, debe ser sincera y espontánea, hecho que no se verifica en autos, toda vez que el investigado fue intervenido en flagrancia delictiva; el Colegiado cree pertinente mencionar, que la prognosis, resulta primero de la evaluación de las normas del derecho penal positivo en que se subsumen los hechos imputados; así, en el presente caso criminal referido al delito de extorsión, la pena conminada es no menor de diez ni mayor de quince años de pena privativa de la libertad.
Ahora, a efecto de establecer el pronóstico que permita identificar un nivel razonable de probabilidad de que la pena a imponer podría ser inferior a cuatro años de privación de libertad, el Colegiado estima que conforme obra de la investigación, a Falcón Ancaya, no le asistiría circunstancia atenuante alguna, por lo que la prognosis le es desfavorable.
3.5 En cuanto al peligro procesal, si bien el imputado ha acreditado tener arraigo domiciliario (véase el documento de fojas noventa y siete), también es cierto que esta circunstancia no es suficiente para concluir fundadamente que el desarrollo y resultado del proceso penal se encuentre asegurado (Cfr. la Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ), pues téngase presente que la prisión preventiva es una medida coercitiva personal que tiene fines procesales, cuyo propósito radica en asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal, sujetando la presencia del imputado en el procedimiento y garantizando una investigación de los hechos en debida forma por los órganos de la persecución penal, así como también la ejecución de la pena si fuera el caso.
En el caso que nos ocupa, es valido aplicar lo anteriormente afirmado, es decir que se justifica el dictado de la prisión preventiva aún cuando el imputado ha demostrado arraigo, pues el proceso se halla en fase inicial y dado el tipo de delito y gravedad de la pena que se espera imponer, privación de la libertad no menor de diez años, por lo que el peligro de fuga persistiría.
Otra circunstancia a considerar es también el peligro de obstaculización de la actividad probatoria, ya que teniendo en cuenta el contexto en que se han producido los hechos, no es descabellado colegir que el procesado por los antecedentes que registra, puede ejercer presión en el agraviado y familiares para una debida investigación de los hechos.
3.6 En tal sentido la necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva justifica la imposición de esta medida coercitiva, apreciando el tipo de delito que se viene investigando y la gravedad de la pena.
3.7 Expuesto de este modo el caso, éste Colegiado Superior considera que se han cumplido con los presupuestos legales para la imposición de la medida cautelar personal de la prisión preventiva, circunstancias que han sido apreciadas por la señora jueza en la resolución materia de revisión, por lo que corresponde confirmarla. 
DECISIÓN:
Por los fundamentos antes expuestos los integrantes de la Sala Superior Penal de Apelaciones de Ica;
RESUELVEN:
1. DECLARAR infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado Rumildo Bladimir Falcón Ancaya.
2. CONFIRMAR la resolución número dos, emitida en la audiencia del dieciséis de marzo del año en curso, que declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra Rumildo Bladimir Falcón Ancaya, por el delito contra el patrimonio – hurto agravado y extorsión, en agravio de Jorge Edgar Osorio Aguilar.
3. DISPUSIERON la devolución de los actuados al juzgado de origen, previa la notificación correspondiente. Interviene la Especialista que da cuenta como Órgano de Emergencia, por encontrarse los trabajadores del Poder Judicial acatando la Huelga Nacional Indefinida.
S.S.
COAGUILA CHAVEZ
JARA PEÑA.
TRAVEZAN MOREYRA.

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