lunes, 16 de abril de 2012

Nulo Beneficio Penitenciario Improcedente

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA PENAL DE APELACIONES DE ICA

EXPEDIENTE                          : 00224-2010-17-1401-JR-PE-01
ESPECIALISTA                        : ROSA DE LA CRUZ QUISPE
BENEFICIO PENITENCIARIO  : SEMILIBERTAD
MINISTERIO PUBLICO            : RAMIREZ ALTAMIRANO, OSWALDO
IMPUTADO                            : LICAPA LLANTOY, JESUS CRISTIAN
DELITO                                   : ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES
AGRAVIADO                         : V.A.M.P.

AUTO DE VISTA
RESOLUCIÓN NRO. 09

Ica, doce de marzo de dos mil doce.-
AUTOS, VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública. Interviene como Juez Superior ponente el señor COAGUILA CHÁVEZ.
PRIMERO: DECISIÓN IMPUGNADA
1.1 Lo es la resolución número cinco, de fecha nueve de enero del año en curso, que declara improcedente el beneficio de semilibertad, solicitado por el sentenciado Cristian Licapa Llantoy, al haber sido recurrida por el sentenciado.
1.2 Argumentos de la solicitud de Semilibertad (folios 3)
Don Jesús Cristian Licapa Llantoy, solicita de conformidad a lo prescrito en el artículo 48 del Código de Ejecución Penal, el beneficio penitenciario de Semilibertad, adjuntando la documentación pertinente.
1.3 Fundamentos de la decisión judicial impugnada
La A Quo refiere que luego de escuchado lo expuesto por las partes y oído el debate concluye:

1.3.1 Que, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 50 del Código de Ejecución Penal, respecto a una razonable certeza de positiva evolución del sentenciado en el proceso de reinserción, se tiene que el artículo 178-A del Código Penal regula que los beneficios penitenciarios de semilibertad, liberación condicional y otros, no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico, que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico.

1.3.2 Dice, que en ese contexto tal como lo expuso el médico Eloy Mendoza Ortiz, en los beneficios se anexa el informe médico sobre el estado de salud del interno, conforme al formato, que para el caso está relacionado a su estado de salud, con diagnóstico de adulto sano físico y mental, y con recomendación favorable para beneficio que solicita; sin embargo precisó, que recientemente se está exigiendo un informe sobre el tratamiento terapéutico para los delitos contra la libertad sexual,  habiendo emitido el que corre a fojas treinta y ocho respecto al sentenciado, que da cuenta de dos sesiones terapéuticas, realizadas el primero y tres de setiembre de dos mil once, en los que se señala que el interno toma interés sobre la terapia brindada, mostrando cambios en su conducta sexual anterior; sin embargo, para la A quo, dice que estas dos terapias no resultan suficientes para emitir pronunciamiento sobre la evolución del tratamiento terapéutico, pues éste recién se ha iniciado, máxime si al preguntársele al médico si posterior a ello el interno continuó recibiendo las mismas, indicó que no, por lo que refiere que esas dos terapias fueron aisladas  y solo para cumplir la formalidad.

1.3.3 Señala, que si bien se requirió la presencia de la profesional psicóloga, esto no se produjo, ya que se le informó que se encontraba de vacaciones, por lo que valorando el documento, dice que se desprende que aquel, que el sentenciado se encuentra centrado en tiempo y espacio, en pleno uso de sus facultades mentales, totalmente arrepentido, habiendo demostrado desde su ingreso adaptarse a las normas de convivencia, comportamiento y disciplina, manteniendo una convivencia adecuada con sus pares, mostrando una mejor madurez emocional, manejo de estrés, y con mejor presencia emocional entre otros; sin embargo señala que en el rubro 5.2 de la pericia, se ha consignado como rasgos o factores de personalidad predominante, que evidencia rasgos de personalidad tendencia inestable, introversión con temperamento melancólico, pero no se evidencia que el citado informe contenga un pronunciamiento sobre la evolución del tratamiento terapéutico específico, por tratarse de un sentenciado por delito contra la libertad sexual, no considerando la naturaleza del delito, más aún si la agraviada era una menor de tres años y cuatro meses de edad, por lo que considera que el tratamiento psicológico debe incidir sobre temas relacionado a ello que faciliten su readaptación.

SEGUNDO: POSTULACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN, Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El investigado Jesús Cristian Licapa Llantoy, interpone recurso de apelación en contra de la resolución número cinco, emitida en autos, que declara improcedente el beneficio penitenciario de semilibertad peticionado, a efecto de que el superior la revoque y se declare procedente el beneficio, en base a los siguientes argumentos:
2.1 Dice, que la resolución le causa agravio, ya que declara improcedente el beneficio de semilibertad solicitado, no encontrándola conforme, ya que como se puede apreciar de los considerandos de la resolución materia de apelación, la A quo señala en el cuarto considerando, acápite quinto, numeral a), que los beneficios penitenciarios de semilibertad para el presente caso, según el Artículo 178-A del Código Penal, no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico sobre la evolución del tratamiento terapéutico, lo que ha ocurrido en autos, conforme se desprende del informe médico de fojas 38 y del informe psicológico de fojas 39 a 41, es decir se ha cumplido estrictamente con los requisitos de ley.
2.2 Señala que conforme se desprende de la resolución materia de apelación, la A quo basa su resolución de improcedencia del beneficio solicitado, en el informe médico emitido por el doctor Eloy Mendoza Ortiz, el que señala no resulta suficiente para emitir pronunciamiento sobre la evolución del tratamiento terapéutico, señalando que fueron solo dos terapias aisladas, y solo para cumplir con la formalidad, argumentos que fueron contrariamente señalados por el propio doctor Mendoza Ortiz, ya que cuando se le pregunto cuál era el procedimiento para llegar a la conclusión de su informe médico, éste señala que la evaluación realizada al interno conforme al formato de fojas 37, se realizo de acuerdo al procedimiento de Ley para el presente delito, ya que como se trata de un delito contra la libertad sexual, se le está exigiendo un informe sobre el tratamiento terapéutico, lo que ha cumplido estrictamente con el informe de fojas 38.
2.3 Precisa, que la A quo respecto del informe psicológico menciona que no se ha considerado la naturaleza del delito contra la libertad sexual, teniendo en cuenta que el tratamiento psicológico debió incidir sobre temas relacionados a ello, argumentos que contraviene el informe psicológico sobre grado de readaptación social N° 080-2011-ÍNPE/18-261-PSIC, emitido por la psicóloga Flor Maria Poma Medrano de fojas 39 a 41, el que del punto VI, en el rubro de exámenes psicopatológicos, señala que se encuentra centrado en el tiempo y en el espacio, en pleno uso de sus facultades mentales, no evidenciándose lesión orgánica cerebral, concluyendo en el punto VII, en el rubro apreciación psicocriminológica, que el evaluado mantiene una convivencia adecuada con sus pares, y que su participación en las orientaciones psicológicas de grupo es voluntaria desde su ingreso.
2.4 Refiere que si bien la magistrada ha tomado en consideración la Resolución Administrativa N° 297-2001-PJ-P del 12 de Agosto del 2011, sobre la debida interpretación y aplicación de los beneficios penitenciarios, la cual faculta al juzgador con su criterio discrecional y previa evaluación, conceder dichos beneficios, este no ha sido aplicado adecuadamente al presente proceso ya que como se advierte del artículo cuarto, segundo parágrafo, no se ha considerado el informe sobre el grado de readaptación del interno, ya que si le pareció que el informe emitido no reflejaba una evolución de la conducta del interno, debió de ordenar que se amplié o se complete el informe antes mencionado, y no declarar su improcedencia, ya que la misma perjudica al interno.
Dice también que la propia resolución administrativa señala que para mejor resolver el Juez puede disponer la realización de una pericia o informes, o la actuación de las diligencias que resulten indispensables para la justa decisión del beneficio penitenciario solicitado, hecho que no se ha producido, ya que la A quo solo ha declarado la improcedencia, sin tener en cuenta las consideraciones antes señaladas.
2.5 Indica que la A quo al momento de señalar los montos depositados por concepto de reparación civil, solo ha hecho referencia de un solo depósito judicial de S/. 300 y otro de S/. 1,000 soles, no habiendo señalado que existen 02 depósitos de 300 soles, lo que hacen la suma de S/ 1,600 nuevos soles, hechos que se pueden corroborar con la simple revisión del presente proceso, y que el saldo restante se hará efectivo inmediatamente que el interno recobre su libertad y comience a laborar conforme se ha descrito en el certificado de trabajo anexado al presente cuaderno de semilibertad.
2.6 Por su parte el Ministerio Público señala que coincide con lo señalado por la defensa técnica, en el sentido que las personas una vez rehabilitadas deben recuperar su libertad, pero en el caso del solicitante, dice que debe permanecer hasta cumplir la totalidad de la condena, para que se cumplan los fines de la pena.
Por lo antes señalado solicita que la resolución que se revisa, se confirme en su totalidad.
PARTE CONSIDERATIVA:
PRIMERO: PROCEDENCIA DE LA APELACIÓN
La impugnación ha sido formulada por parte legitimada para proponerla (investigado), en tiempo oportuno (la decisión fue notificada con fecha diez de enero del año dos mil doce, como se aprecia del folio noventa y cinco vuelta, y se impugnó el día trece de enero del mismo año, como se ve del folio ciento cinco).
SEGUNDO: SUSTENTO NORMATIVO 
2.1 El artículo 48 del Código de Ejecución Penal establece que la Semilibertad permite al sentenciado egresar del Establecimiento Penitenciario, para efectos de trabajo o educación, cuando ha cumplido la tercera parte de la pena y si no tiene proceso pendiente con mandato de detención.
2.2 El artículo 50 del Código de Ejecución Penal, precisa que recibido el dictamen fiscal, el Juez resuelve dentro del término de diez días en Audiencia, la que se realiza con la presencia del solicitante, el Fiscal y el Juez.
2.3 El artículo 139.22 de la Constitución Política del Perú, señala que son principios y derechos de la función jurisdiccional entre otros, el principio de que el régimen penitenciario tiene por objeto la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad.
2.4 El artículo 139.5 de la Constitución Política, señala también que son principios y derechos de la función jurisdiccional entre otros, la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.
2.5 El artículo 150.d. del Código Procesal Penal, señala que no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declarados aun de oficio, los defectos concernientes a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución.
TERCERO: ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO
3.1 La Semilibertad es un mecanismo de pre-libertad, concedido por el órgano jurisdiccional competente, observando la buena conducta del interno, el tiempo de permanencia de interno en el establecimiento penitenciario, y teniendo en cuenta la evolución del tratamiento penitenciario, y su avance positivo en su rehabilitación.
Este beneficio consiste en que se otorgue anticipadamente la libertad al interno, cuando se considera que está próximo a su rehabilitación, poniéndolo a prueba a efectos de saber si el tratamiento permitirá su rehabilitación total.
3.2 El A quo en audiencia debe someter a debate y decidir respecto a lo solicitado por las partes, así como lo determinado por ley, respecto de conceder o no el beneficio penitenciario solicitado, estableciendo respecto de lo actuado, si se dan o no los presupuestos alegados. Dicho pronunciamiento por mención expresa de la ley, debe producirse en audiencia.
3.3 El Tribunal Constitucional en sendas sentencias, tiene afirmado que el derecho a la motivación de resoluciones judiciales, como componente esencial del derecho al debido proceso, es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, garantiza que los jueces cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, justifiquen sus decisiones, asegurando que la potestad de administrar justicia se ejerza con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también, con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.
La Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa, o se presenta el supuesto de motivación por remisión.
3.4 En el presente caso, tal como lo ha mencionado la A quo, se habría cumplido con los requisitos formales para la concesión del beneficio, esto es los previstos en el artículo 49 del Código de Ejecución Penal, así como el señalado en el artículo 178-A del Código Penal.
Pese a lo mencionado, y tal como lo ha referido la defensa técnica, la juez A quo no habría considerado en su totalidad los depósitos judiciales efectuados por el solicitante; así, se observa de fojas veinticuatro un depósito por trescientos nuevos soles, a fojas cincuenta y siete otro depósito por trescientos nuevos soles, y, finalmente a fojas setenta y nueve un último depósito por la suma de mil nuevos soles; así, la suma de tales documentos hacen un total de mil seiscientos nuevos soles, monto que no se consideró en la resolución que se revisa.
3.5 De autos se advierte además, que si bien la juez A quo ha mencionado que el artículo 178-A del Código Penal establece que los beneficios penitenciarios de semilibertad y otros, no pueden ser concedidos sin el correspondiente informe médico y psicológico que se pronuncie sobre la evolución del tratamiento terapéutico –los subrayado es nuestro-, no se ha mencionado si tal evolución se ha dado, teniendo en consideración la primera evaluación psicológica que se practicó al investigado a nivel de investigación preparatoria, toda vez que en la sentencia que se condena a Licapa Llantoy, se hace referencia a dicha pericia; en ese sentido, resulta razonable que el pronunciamiento médico y psicológico respecto a su evolución se expida con vista del inicial examen psicológico practicado, tanto más que se trata de un delito sexual en agravio de una menor de tres años y cuatro meses de edad, y la norma penal en comento, hace referencia a evolución del tratamiento, esto es que no debe estarse a dos evaluaciones practicadas, sino a un tratamiento continuo, como así lo amerita el delito. Esta circunstancia debe ser verificada por la A quo.
3.6 Finalmente, este Colegiado considera que al expedirse la resolución que se revisa, se habría incumplido lo dispuesto en el artículo cincuenta del Código de Ejecución Penal, toda vez que conforme aparece del presente cuaderno, la resolución se expidió fuera de la audiencia.
3.7 Siendo esto así, corresponde declarar la nulidad de dicha resolución, así como de la audiencia que la provoca, por existir afectación al deber de motivación que exige el artículo 139.5 de la Constitución Política, así como afectación al debido proceso, y consiguientemente, causal de nulidad prevista en el artículo 150.d) del Código Procesal Penal.
Por estas consideraciones:
DECLARAMOS LA NULIDAD de la resolución número cinco, emitida el nueve de enero del año dos mil doce, que declara improcedente el beneficio de semilibertad, solicitado por el sentenciado Cristian Licapa Llantoy, así como la audiencia de semilibertad, debiendo la A quo tener en consideración las observaciones anotadas.
DISPONEMOS, que a la brevedad se convoque a nueva audiencia y se emita nuevo pronunciamiento conforme a ley, debiendo devolverse el presente cuaderno.
SS.
COAGUILA CHÁVEZ
JARA PEÑA
TRAVEZAN MOREYRA

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