miércoles, 30 de mayo de 2012

Confirma Sentencia Condenatoria de Robo Agravado

          CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA PENAL DE APELACIONES


EXPEDIENTE            : 00186-2011-38-1401-JR-PE-03
ESPECIALISTA         : ROSA DE LA CRUZ QUISPE
MINIST. PUBLICO     : DR HUMBERTO HIDALGO MATOS
IMPUTADO               : HUAMANI MENDOZA, KEVIN JUNIOR
DELITO                    : ROBO AGRAVADO
AGRAVIADO             : ARISPE MAMANI, MARIA


S E N T E N C I A  D E  V I S T A

RESOLUCIÓN N° 14
Ica, dieciséis de mayo del dos mil doce.-
VISTA Y OIDA: La audiencia pública de apelación de sentencia, llevada a cabo por la Sala Penal de Apelaciones de Ica; Colegiado, integrado por los señores Jueces Superiores Armando Coaguila Chávez, quien interviene como Presidente y Director de Debates, y por los señores Segundo Florencio Jara Peña y Rosalina Travezán Moreyra.
PRIMERO: DECISIÓN IMPUGNADA
1.1 Materia de la Impugnación:
Es materia de impugnación la sentencia contenida en la resolución número siete expedida en audiencia pública de lectura de sentencia, su fecha cinco de enero del año dos mil doce, que falla condenando a Kevin Junior Huamaní Mendoza,  por el delito contra el patrimonio – robo agravado, en agravio de María Arispe Madani, a ocho años de pena privativa de libertad efectiva, al haber sido recurrida por el mencionado sentenciado; se cuestiona la calificación jurídica, indicando que los hechos no constituyen el delito de robo agravado, sino hurto agravado, razón por la cual dice que debe declararse nula la sentencia.
1.2 Fundamentos de la decisión judicial impugnada (folio 221 a 233)
El Colegiado A quo en la sentencia que se revisa, específicamente en el punto quinto, de la responsabilidad del acusado Kevin Junior Huamani Mendoza, ha dicho que se imputa al acusado que como a las dos de la madrugada del día trece de febrero del dos mil once, en circunstancias que la agraviada María Arispe Mamani se encontraba con su enamorado Ángel Mendoza Julián en la puerta de ingreso del Hotel “Posada del Sol”, ubicado en la primera cuadra de la calle Loreto, fue sorprendida violentamente por dicho imputado, quien se encontraba conjuntamente con el menor Wilson Jesús Vilca Rojas, donde provisto de un objeto con apariencia de arma de fuego color plateado con empuñadura color negra, le apuntó hacia el cuerpo amenazándola para que le haga entrega de sus pertenencias.
Dice que la agraviada al notar la agresividad del imputado, y la decidida acción de este, y ante la presencia de una supuesta arma de fuego, fue vencida su resistencia pese a su férrea oposición, y la de su enamorado, logrando forcejear violentamente y arrebatarle la mochila que llevaba conteniendo diversas prendas personales así como otros bienes, luego de lo cual se dio a la fuga con dirección a la calle Tacna, conjuntamente con el menor Wilson Jesús Vilca Rojas, quien lo esperaba a unos metros de distancia.
Que, el acusado al darse a la fuga con el menor, fueron perseguidos por el enamorado de la agraviada Ángel Mendoza Julián y el vigilante Cipriano Amadeo Morón Gutiérrez, llegando hasta la calle Moquegua y doblando por la calle Callao, y estando por la calle Puno fueron alcanzados, reaccionando el imputado y para evitar su captura, amenazó con el objeto con apariencia de arma de fuego que llevaba; sin embargo al verse perdido, ante la presencia de personal de serenazgo, el imputado arrojó el objeto con apariencia de arma de fuego al interior del Colegio y la mochila la tiró hacia la pista.
Dice la sentencia que luego se hizo presente en el lugar de los hechos un patrullero de la Policía Nacional, con los efectivos Luis Chacaliaza Ramos y César Jhonathan Grados Campoverde, recuperándose la mochila, pero al revisar el contenido de la misma, la agraviada expresó que parte de sus pertenencias ya no se encontraban; ya en la Comisaría, la agraviada reconoció en forma fehaciente al imputado Kevin Junior Huamaní Mendoza como la persona que la amenazó con un arma de fuego y la despojó de su mochila; reconociendo también al menor, como la persona que se encontraba en la esquina esperando al imputado, y con quien después de cometer el ilícito emprendieron la huida.
Ha dicho el Colegiado A quo, que los cargos imputados al acusado, se encuentran acreditados con el acta de entrega del objeto con apariencia de arma de fuego, el que se encontraba en poder del acusado; con el acta de intervención policial Nº 20, suscrita por el Sub Oficial de la Policía Nacional Luis Chacaliaza Ramos y la agraviada María Arispe Mamani, en donde se deja constancia por la victima, que de la revisión del contenido de su bolso se constató la falta de su celular marca “Motorola” color negro, un cargador de cámara y una billetera de color rojo; con la declaraciones de Danni Joel Espinoza Flores y Juan Cristian Vidales Gutiérrez, trabajadores de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Ica, César Jonathan Grados Campoverde y Luis Chacaliaza Ramos, efectivos de la Policía Nacional, y Cipriano Amadeo Morón Gutiérrez, trabajador de Seguridad, los que han narrado en forma pormenorizada la forma secuencial de sus intervenciones, para la detención del acusado, conjuntamente con el menor de edad, diligencias que se han efectuado en el juicio oral.
El Colegiado indica que de conformidad con lo normado en el inciso 1) del artículo ciento cincuenta y ocho del Código Procesal Penal, debe valorarse la prueba aportada observándose las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, por lo que señalan que los argumentos esgrimidos por la defensa en su teoría del caso, en cuanto a que el delito quedó en grado de tentativa, aquello queda desvirtuado en razón de que se ha acreditado que el agente del delito –el acusado Kevin Junior Huamaní Mendoza- mediante violencia y amenaza se apoderó totalmente de parte del patrimonio de la agraviada, asumiendo de hecho la posibilidad objetiva de realizar actos de disposición de dicho bien, puesto que en su huida se apoderaron de una billetera, un celular marca “Motorola” de color negro y un cargador de cámara, conforme se ha descrito en el acta de intervención policial Nº 20, su fecha trece de febrero del dos mil once, la que no ha sido cuestionado, por tanto en mérito a la sentencia Plenaria N° 1-2005/DJ-301-A con carácter de vinculante, dicen es la disponibilidad potencial, entendida como la posibilidad material de disposición o realización de actos de dominio de la cosa sustraída, lo que determina la consumación del delito.
Refiere el Colegiado A quo que la defensa ha indicado que el testigo Cipriano Morón Gutiérrez, ha expresado que no existió violencia contra la agraviada cuando fue objeto del robo de su mochila, afirmación que no se condice con la verdad, ya que el indicado testigo al declarar en el juicio oral en ningún momento ha sostenido la no existencia de violencia en la consumación del delito, sino que no prestó atención cómo es que robaron a la chica, y que observó los hechos porque gritó cuando fue objeto del robo y al acercarse al lugar donde se consumó el delito, fue amenazado con un arma de fuego por el acusado.
Dicen que, la afirmación sobre la no existencia de violencia o grave amenaza efectuada por el abogado del acusado, no se encuentra respaldada con elemento o argumento sustentable, ya que no ha ofrecido prueba alguna que demuestre su afirmación, pues en aplicación de las máximas de la experiencia, se tiene que el acusado Kevin Junior Huamaní Mendoza, al pretender ser intervenido por Cipriano Morón Gutiérrez y el enamorado de la agraviada –dos personas- los mismos hubieran podido reducirlo fácilmente para lograr su detención, lo que no pudieron hacer porque el acusado hizo uso del objeto con apariencia de arma de fuego para amenazarlos y huir, apreciándose que el objeto utilizado tuvo idoneidad para reducir la capacidad defensiva tanto de la agraviada como de su enamorado, limitándose la intervención del testigo Morón Gutiérrez, por consiguiente se ha demostrado la utilización de amenaza para la consumación del delito.
En cuanto a la responsabilidad restringida del acusado, dicha condición ya ha sido tenida en consideración por el Fiscal al momento de emitir su acusación como lo ha indicado al sustentar su alegato de clausura, solicitando se le rebaje de doce a ocho años de pena privativa de la libertad, ya que el acusado nació el seis de noviembre de mil novecientos noventa y dos, y los hechos ocurrieron el trece de febrero del dos mil once, por consiguiente tenía dieciocho años, tres meses y siete días de edad.
SEGUNDO: POSTULACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN (folios 235 a 237)
2.1 La defensa técnica del impugnante, ha señalado en el escrito que fundamenta su impugnación, que interpone recurso de apelación contra la sentencia, resolución número siete, su fecha cinco de enero del 2012, que lo condena a la pena privativa de libertad de ocho años efectiva, y una reparación civil de quinientos nuevos soles, la que no la encuentra arreglada a la ley ni a la correcta valoración de las pruebas actuadas, esperando que con mejor estudio de autos se declare nula la sentencia por la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal y material, y por la manifiesta ilogicidad de la motivación, pues el vicio resulta del propio tenor de la sentencia cuestionada.
2.2 Ha dicho que el colegiado en ninguno de los considerando de la sentencia ha tenido en cuenta que su patrocinado reconoció su participación en los hechos, más aun porque fue intervenido en flagrante delito.
2.3 Refiere que la discusión central ha debido sustentarse en que no se trata del delito de robo agravado contemplado en los incisos 2) y 3) del articulo 189° del código penal, sino que se trata de hechos contemplados en el inciso 2) del articulo 186° del acotado cuerpo de leyes; que ello es así por que si se analiza los considerandos de la sentencia, el Colegiado solo sustenta que hubo violencia y amenaza por que el testigo Cipriano Morón Gutiérrez, no observo los hechos cuando sustrajo el bolso a la agraviada, y que la amenazo con un aparente arma de fuego estando a cinco metros de distancia.
Señala, que el colegiado al evaluar el punto tres del tercer considerando de la sentencia, testimonial de Cipriano Morón Gutiérrez, no ha tenido en cuenta que dicho testigo ha sostenido que no vio a la agraviada forcejear con el investigado, y no vio la utilización de la aparente arma, por lo que indica que no hubo amenaza ni violencia.
Que se ha inobservado la garantía constitucional del debido proceso, y el principio de legalidad material que se sustenta en que cada tipo penal tiene sus elementos constitutivos, y si faltare alguno de ellos el hecho es atípico y no perseguible penalmente, de lo que se deduce si no esta probada la amenaza o supuesta violencia conforme al tipo genérico del articulo 188° del código sustantivo, no existe el delito de robo agravado con ninguna de sus agravantes, debiendo estos hechos haberse tipificado en el inciso 2) del artículo 186° del Código Penal, vale decir como hurto agravado.
Que existe en la sentencia una manifiesta ilogicidad en la motivación, por que si la acusación fiscal se basa en el forcejeo y la supuesta férrea oposición de la agraviada y su enamorado, y el testigo Cipriani Morón Gutiérrez, no vio este forcejeo violento, entonces no hay base probatoria, toda vez que no concurrió al juicio oral la agraviada ni su enamorado.
TERCERO: OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
El representante del Ministerio Público ha señalado en audiencia, que solicita se confirme la resolución recurrida toda vez que se ha efectuado una tipificación adecuada de la conducta del procesado estando al cúmulo de pruebas acopiadas en investigación preparatoria, habiéndose impuesto una pena adecuada conforme a ley.
Indica que la defensa invoca un imposible jurídico, confundiendo el elemento del tipo penal del robo agravado, cual es la violencia, siendo que el arrebato del bolso si importa violencia y no hurto agravado, al no verificarse la destreza de la sustracción del bolso, y ante ello la agraviada no pudo resistirse por el arma de fuego que tenia. Señala que de la declaración del testigo que no vio la realización de la violencia, ello no desvirtúa los hechos ocurridos, por lo que al existir suficiencia probatoria concurren los presupuestos del delito de robo agravado debiéndose confirmarse la resolución recurrida.  
CUARTO: MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA
No obstante que mediante resolución número once, de fecha diecisiete de febrero del año dos mil doce, se otorgó a los sujetos procesales el plazo de cinco días, a efecto de que puedan ofrecer medios de prueba; habiendo vencido dicho plazo, ningunas de ellas lo hizo.
FUNDAMENTOS:
PRIMERO: ADMISIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN
1.1 La sentencia impugnada fue notificada al sentenciado el día de su lectura, el día cinco de enero del año dos mil doce (ver folio doscientos treinta y tres).
1.2 El recurso impugnativo de apelación, fue planteado por Mendoza Huamaní, el día doce de enero del mismo año, conforme aparece del escrito de fojas doscientos treinta y cinco.
1.3 El recurso impugnativo se halla interpuesto a tiempo y en forma, de modo que cabe analizar sus postulados.
SEGUNDO: NORMATIVIDAD INVOLUCRADA
2.1 El artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la potestad exclusiva de administrar justicia que, emanando del pueblo, se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes.
2.2 El inciso primero del Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos, y tiene el deber de la carga de la prueba.
2.3 El artículo 2 inciso 24° del literal “d” de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Titulo Preliminar del Código Penal, que establecen el principio de legalidad.
2.4 El artículo 189° incisos 2) -durante la noche o en lugar desolado-, y 3) –a mano armada- del Código Penal, reprime el injusto penal de Robo Agravado, con la pena entre doce y veinte años, en sus límites mínimo y máximo.
2.5 El artículo 419 del Nuevo Código Procesal Penal, precisa en el numeral uno, que la apelación atribuye a la Sala Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho.
TERCERO: ANÁLISIS JURISDICCIONAL
3.1 Que, conforme aparece de los alegatos de apertura, así como de los alegatos de clausura formulados por la defensa técnica, se cuestionó la tipificación del delito, señalando que éstos no califican como robo agravado previsto en el artículo ciento ochenta y nueve, incisos dos y tres, sino en el artículo ciento ochenta y seis inciso dos, esto es en el delito de hurto agravado, por lo que solicitó que la sentencia impugnada debía ser declarada nula.
Argumentó la defensa que sólo se tomó en cuenta por parte del Colegiado inferior, la declaración del testigo Cipriano Morón Gutiérrez, el que no ha sindicado a su patrocinado como la persona que amenazó a la agraviada y a su enamorado, utilizando un arma.
Este Tribunal, estando a la pretensión propuesta, debe precisar que conforme aparece de la sentencia recurrida, no resulta cierto lo afirmado por la defensa técnica, en el sentido que para sustentar una condena, el Colegiado A quo sólo consideró la declaración del testigo Cipriano Amadeo Morón Gutiérrez, sino tal como aparece del considerando cuarto, se ha tenido en cuenta, las declaraciones de Juan Vidales Gutiérrez, Danni Espino Flores, Cesar Grados Campoverde, Luis Chacaliaza Ramos y Luis Antonio Condori Ore, personas que intervinieron en la captura de Mendoza Huamaní. En el mismo sentido sirvieron de sustento, el acta de entrega del objeto con apariencia de arma de fuego, y el acta de intervención policial número veinte, documentos últimos que fueron oralizados en el juicio.
3.2 El Colegiado evalúa también que estando a la pretensión formulada por la defensa técnica, la misma no resulta coherente, toda vez que en los alegatos de clausura la defensa técnica dice que su patrocinado mostró el arma en la huida, sin embargo al prestar su declaración de manera voluntaria en audiencia de apelación de cuatro de abril del presente año, dijo el acusado que no apuntó ni sacó el arma, ya que era de juguete.
3.3 En audiencia de apelación se oralizó la declaración del testigo Cipriano Morón Gutiérrez, de quien dice la defensa técnica, existe una declaración contradictoria; pese a lo señalado, habiendo escuchado este Colegiado la declaración íntegra del audio, ha referido el testigo en la audiencia de veintiséis de diciembre del año dos mil once, en el minuto quince con once segundos, que cuando el acusado le quitaba su cartera a la agraviada, ésta gritaba y solicitaba que la apoye, y cuando se acerca retrocede; luego en el minuto dieciséis con veintisiete segundos, señala el testigo que la chica grita y pide ayuda, por lo que le presta atención, y cruza para ir a ayudarla y como lo amenaza con un arma, retrocede, dice que aparentemente fue amenazado con una pistola. En el minuto veintidós con cinco segundos, ante las preguntas formuladas por uno de los jueces, el testigo refiere que caminó para ayudar a la agraviada, que había alumbrado público y vio que el acusado portaba un objeto en la mano izquierda; finalmente en el minuto veintitrés con cuarenta y un segundos, dijo el testigo que la agraviada le manifestó que fue amenazada con un arma y le jalaron la cartera.
3.4 Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la conclusión a la que arriba el Colegiado A quo, resulta válida, habida cuenta que el acusado reconoce haber tenido en su poder el arma -de juguete-, obra el acta de entrega de objeto con apariencia de arma de fuego, está además la declaración del testigo excepcional de cargo –Morón Gutiérrez-, que menciona el arma que tenía el acusado en la mano izquierda, y dice también que la agraviada le informó que fue amenazada con dicha arma. Se ha establecido igualmente que los hechos se produjeron en horas de la noche, razón por la cual se encuentran presentes las circunstancias agravantes precisadas en la acusación.
Así las cosas, es evidente que tal como se ha denunciado, a las dos de la madrugada del día trece de febrero del dos mil once, en circunstancias que la agraviada María Arispe Mamani se encontraba con su enamorado Ángel Mendoza Julián en la puerta de ingreso del Hotel “Posada del Sol”, ubicado en la primera cuadra de la calle Loreto, fue sorprendida violentamente por el acusado, quien se encontraba con el menor Vilca Rojas, donde provisto de un objeto con apariencia de arma de fuego color plateado con empuñadura color negra, le apuntó hacia el cuerpo amenazándola para que le haga entrega de sus pertenencias; la agraviada en el entendido que se trataba de un arma de fuego y viéndose coaccionada y al ejercerse violencia contra su persona, fue despojada de sus bienes, afectándose los bienes jurídicos, patrimonio, libertad personal entre otros.
3.5 La defensa técnica ha solicitado se declare la nulidad de la sentencia al haberse inobservado garantías constitucionales de carácter procesal y material y por manifiesta ilogicidad en la motivación; sin embargo, tal como lo hemos señalado en párrafos anteriores, la sentencia que se revisa resulta coherente, habiéndose valorado en conjunto las pruebas admitidas e introducidas válidamente al juicio oral.
Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, debe confirmarse la sentencia, toda vez que la misma se encuentra arreglada a ley y a los antecedentes,
3.6 Finalmente, esta Sala considera que si bien no se cuestiona la pena, verifica que la impuesta resulta válida, habida cuenta que se ha considerado los principios de proporcionalidad, lesividad y fin resocializador de la pena, que se encuentran recogidos en el Título Preliminar del Código Penal como un conjunto de principios garantistas, que tienen contenido constitucional, y que en consecuencia facultan al juzgador a imponer sanciones aún por debajo del mínimo fijado por la ley.
CUARTO: SOBRE EL SEÑALAMIENTO DE COSTAS
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 497 del Nuevo Código Procesal Penal, corresponde pronunciarse sobre las costas del recurso; estando a los considerando precedentes, se aprecia que el apelante no habría tenido razones fundadas para apelar la sentencia, por lo que corresponde imponer el pago de costas.
Por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia y de conformidad con las normas contenidas en los considerandos citados precedentemente, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica.
HEMOS ACORDADO:
1. DECLARAR INFUNDADA, la apelación formulada por el sentenciado.
2. CONFIRMAR, la sentencia contenida en la resolución número siete expedida en audiencia pública de lectura de sentencia, su fecha cinco de enero del año dos mil doce, que falla condenando a Kevin Junior Huamaní Mendoza,  por el delito contra el patrimonio – robo agravado, en agravio de María Arispe Madani, a ocho años de pena privativa de libertad efectiva; con todo lo demás que contiene.
3. IMPONER el pago de costas al recurrente, en mérito al fundamento cuarto de la presente resolución, las que serán liquidadas en ejecución de sentencia.
4. ORDENAMOS, La devolución de los autos al Juzgado correspondiente para la ejecución de la sentencia.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
S.S.
COAGUILA CHÁVEZ
JARA PEÑA
TRAVEZAN MOREIRA

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