lunes, 23 de julio de 2012

Confirma Sentencia Absolutoria-Lesiones Culposas

          CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA PENAL DE APELACIONES


EXPEDIENTE              : 00460-2010-21-1401-JR-PE-01
ESPECIALISTA           : RITA ZEVALLOS ROMERO
IMPUTADO                : WILLIAN HERMOGENES CHAMPE VALDEZ
DELITO                       : LESIONES CULPOSAS
AGRAVIADO            : VICTOR MOISES ALFARO TENORIO


S E N T E N C I A  D E  V I S T A

RESOLUCIÓN N° 20

Ica, dos de julio del dos mil doce.-
VISTA Y OIDA: La audiencia pública de apelación de sentencia, llevada a cabo por la Sala Penal de Apelaciones de Ica; Colegiado, integrado por los señores Jueces Superiores Armando Coaguila Chávez, quien interviene como Presidente y Director de Debates, y por los señores Segundo Florencio Jara Peña y Rosalina Travezán Moreyra.
PRIMERO: DECISIÓN IMPUGNADA
1.1 Materia de la Impugnación:
Es materia de impugnación la sentencia contenida en la resolución número seis, expedida en audiencia pública de lectura de sentencia, su fecha veintidós de setiembre del dos mil once, que falla absolviendo a William Hermógenes Champe Valdez, de los cargos formulados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-lesiones culposas graves, en la modalidad de inobservancia de las reglas técnicas de tránsito, previsto y sancionado en el cuarto párrafo de la última parte del artículo 124 del Código Penal, en agravio de Víctor Moisés Alfaro Martínez, mandando que consentida y/o ejecutoriada que sea la sentencia se archive definitivamente en la forma y modo de ley, así como se anulen los antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del proceso; sin costas.
La resolución fue impugnada por el Ministerio Público, así como por la parte agraviada; sin embargo el Colegiado cree pertinente precisar, que al no haber concurrido la parte agraviada a la audiencia de apelación, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, mediante resolución número diecinueve de fecha dieciocho de junio del presente, se declaró inadmisible su apelación; en ese sentido corresponde examinar, sólo la apelación formulada por el Ministerio Público.
1.2 Fundamentos de la decisión judicial impugnada (folios 143 a 159)
Dice la A quo, que la calificación del delito instruido, lo efectúa a la luz del tipo penal contenido en la última parte del cuarto párrafo del artículo 124 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 29439, vigente al momento de sucedidos los hechos. Dice que en todo tipo penal imprudente, para que la conducta sea típica se requiere de tres elementos básicos: a) que el sujeto haya infringido el deber objetivo de cuidado; b) que se haya producido un resultado le­sivo; y, c) que exista un relación valorativa entre la infracción del deber objetivo de cuidado, y la producción del resultado lesivo.
En cuanto a la inobservancia del deber objetivo de cuidado, dice que éste se compone de un elemento formal y un elemento material; el elemento formal, señala que está representado por la existencia de una norma de mandato (positivada o de hecho) que obliga a los ciudadanos a actuar con diligencia. El elemento material, refiere que está constituido por la capacidad material que debe tener el sujeto en el momento de la realización del comportamiento, para llevar adelante el cuidado que impone el deber de diligencia.
En tal sentido, dice que es pertinente advertir, de los alegatos de apertura, el debate probatorio, y los alegatos finales, que no existe controversia alguna respecto a que en fecha quince de febrero de dos mil diez, a las tres y treinta horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Víctor Moisés Alfaro Tenorio, transitaba por la carretera de penetración al sector Garganto del distrito de los Aquijes, fue impactado por el vehiculo con placa de rodaje CP-1488 conducido por el acusado Willian Hermógenes Champe Valdez, generándose lesiones en el agraviado, descritas en el Certificado Médico Legal número 001156-VM.
Refiere que a partir de tal delimitación, el análisis probatorio valorado con criterio lógico jurídico, se establece, determinando sí el acusado inobservó el deber objetivo de cuidado, como consecuencia de la infracción de las reglas de tránsito en la conducción del vehículo motorizado, esto es si realizó un comportamiento que creó o aumentó un peligro para los bienes jurídicos protegidos del agraviado.
Precisa que se ha establecido que el día señalado, el agraviado fue impactado en la calzada de la vía de circulación de vehículos motorizados, conforme se advierte del Informe Técnico 56-DEPIAT.PNP, de acuerdo al cual, el agraviado hizo su ingreso intempestivo dentro de la porción circulable de la calzada, hecho que ha sido confirmado por el perito PNP Ricardo Terrazas Bustos en juicio oral; por tanto, señala que contrariamente a lo afirmado por el Ministerio Público, el acusado no invadió la berma por la cual el agraviado transitaba, sino fue éste último quien decidió cruzar e irrumpir la calzada, interponiéndose en el eje de marcha del vehículo, apreciándose que el acusado no creo un riesgo para la integridad física del agraviado, pues hizo uso adecuado de la parte de la vía destinada a la circulación de vehículos, coligiéndose de ello, que el acusado se comportó con el cuidado mínimo necesario en el tráfico social.
Agrega por otro lado, de acuerdo al acta de inspección fiscal, de fecha veintidós de abril de dos mil diez, que el lugar del suceso de tránsito, responde a una vía asfaltada que conduce hacia el distrito de los Aquijes, con sentido de circulación por ambas vías, y con amplias bermas en ambos lados compuesto de tierra, seguida de una carretera en línea recta de amplia visibilidad, sin alumbrado eléctrico, descripciones que permiten confirmar que a la hora del suceso de tránsito, no existía alumbrado público, lo cual concuerda con la declaración del agraviado y del acusado, factor que determinó que el acusado tuviera reducido su campo visual en cuanto a profundidad espacio y que le imponían la obligación de conducir a una velocidad razonable.
Sin embargo, dice que se debe tener en cuenta que en el juicio oral el perito Ricardo Terrazas Bustos, precisó que no fue posible establecer la velocidad que el acusado imprimió al vehículo, y también afirmó que para la zona y de acuerdo al Reglamento de Tránsito, esta no debió ser mayor a cincuenta y cinco kilómetros por hora; señala que por las condiciones de visibilidad disminuidas, la velocidad no fue razonable, aun cuando considera que tampoco fue alta, dado a que ello hubiera implicado que el accidente se produzca por volteo e incluso con aplastamiento del agraviado.
Dice la A quo que tal análisis, impide confirmar dicho extremo de la tesis incriminatoria, en cuanto afirma que el acusado condujo a una velocidad no razonable y con exceso de confianza, pues se carece de datos periféricos y debidamente enlazados que la acrediten, máxime si por las características del suceso de tránsito, el factor predominante ha sido determinado por el accionar del agraviado, que de modo repentino se interpuso en el eje de marcha del vehiculo, factor imprevisto que evidentemente impidió, -aun observando una velocidad razonable-, se evite el impacto con el cuerpo del agraviado, de donde tampoco se ha probado que el acusado inobservara el artículo 160 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito, Decreto Supremo Nro. 016-2009-MTC. En ese sentido dice, que se debe tener en cuenta, que lo que desaprueba la norma penal no es la creación, el favorecimiento o la no evitación de una determinada probabilidad de lesión, sino crear, favorecer o no evitar un riesgo típico de forma contraria al deber, pues la infracción del deber y no la probabilidad es el presupuesto de toda imputación jurídico penal.
En este sentido refiere la A quo que dentro de los criterios para determinar el riesgo permitido en los delitos culposos, el principio de confianza permite determinar sí los protagonistas, se comportaron observando sus obligaciones como ciudadanos, es decir en orden al rol peatón-conductor, status a partir del cual, se establece una relación de confianza que constituye un límite para determinar el peligro no permitido, y tiene como consecuencia práctica que quien se comporta adecuadamente, no tiene que prever que se producirá un resultado típico debido al comportamiento antijurídico de otro, desde cuya perspectiva queda claro que el comportamiento del acusado no sobrepaso los límites del riesgo permitido, pues no hizo uso inadecuado de la calzada de circulación que fue delimitada en sentido Oeste a Este; no se presenta un actuar culposo en dicha conducta, como se pone de manifiesto, la evidente incorrección del comportamiento del agraviado, quien no respetó las normas de tránsito, generó el peligro de que se produzca el accidente de tránsito.
Dice además la A quo que a partir de tal análisis, se verifica que el factor determinante que generó el accidente de tránsito, se debe a que el agraviado obró con infracción de las normas de transito mínimas exigibles, y que aun cuando las mismas están reguladas en el Reglamento de Tránsito, no le son ajenas al ciudadano común, que debe tener en cuenta el riesgo que genera cruzar las vías en estado de ebriedad, invadiendo la calzada destinada a la circulación de los vehículos, cuyas condiciones de transitabilidad y poca visibilidad fueron de su conocimiento, por ser la ruta que usa para dirigirse a su trabajo, por lo que se aprecia que incrementó ilegítimamente el riesgo permitido.
A mayor abundamiento señala, que se debe tener en cuenta que el delito de lesiones culposas, es definido por la doctrina como la infracción de un deber de cuidado, si falta dicho elemento queda excluida la tipicidad de la conducta. Dicho elemento analizado en el caso concreto, pone de relieve que el acusado adecuo su comportamiento a la observancia de las Reglas de Tránsito, señala que no se aprecia que se haya apartado de su rol como conductor, es decir de sus deberes como tal, pues sólo se puede imputar el quebrantamiento de un deber, que en el actuar social concreto, forma parte de la esfera de competencia del mismo.
En cuanto al resultado producido, dice que si bien se advierte del certificado médico legal Nº 001156-VM, de fecha dieciocho de febrero de dos mil diez, practicado al agraviado Víctor Moisés Alfaro Tenorio, que las lesiones descritas fueron causadas por el mecanismo descrito en la Historia Clínica, es decir durante un suceso de tránsito en el que al menos participo un vehículo, determinándose una incapacidad de atención facultativa de diez días por ciento cincuenta días de incapacidad médico legal; sin embargo, estando al análisis precedente, se verifica que no se ha establecido que existe una relación valorativo-normativa entre el comportamiento del acusado y el daño del cuerpo o la salud, debido a que la producción del resultado lesivo, no es consecuencia o explicación de la infracción del deber objetivo de cuidado.
Es de precisar dice la A quo, que éste elemento valorativo es de singular importancia, porque al no existir dicha relación entre infracción de deber objetivo de cuidado y la producción del resultado lesivo, la conducta es atípica, y por tanto, impune, esto por exigencia del principio de legalidad.
SEGUNDO: POSTULACIÓN DE LA IMPUGNACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO (folios 175 a 178), ALEGATOS EN AUDIENCIA DE APELACIÓN, Y ALEGATOS DE LA DEFENSA DEL ACUSADO.
2.1 El Ministerio Público en su apelación, refiere que la sentencia mediante la cual se absuelve al encausado Wiliam Hermógenes Champe Valdez, no se encuentra arreglada a ley ni a los actuados en el juicio oral, por cuanto el Juzgado no ha valorado adecuadamente los medios de prueba ofrecidos por su despacho y actuadas en el juicio oral, habiéndose hecho una apreciación sesgada de las pruebas incorporadas y oralizadas por la Fiscalía, resultando por tanto los fundamentos de valoración efectuado por el Juez, incompletos y faltos de coherencia.
2.2 Indica que la fiscalía ha acreditado en el juicio oral, que el encausado el día quince de febrero del dos mil diez a las tres y treinta aproximadamente, se encontraba conduciendo su vehículo vulnerando las reglas de tránsito, esto a excesiva velocidad, lo que trajo como consecuencia que no tuviese control sobre su vehículo ante cualquier contingencia, conducta que no resultó razonable para las circunstancias del momento; dice, que si bien la vía donde se desplazaba el investigado es recta y plana, sin embargo la visibilidad del lugar en el momento del evento se habría encontrado algo restringida por la falta de iluminación, conforme se ha acreditado en juicio, lo que obligaba al imputado a conducir su vehículo a una velocidad que le permita realizar alguna maniobra eficaz ante cualquier eventualidad, lo que evidenciaría que el imputado actuó en forma imprudente, sin tener el debido cuidado y prevención, creando un riesgo típico de forma contraria al deber, conduciendo su vehículo a una velocidad mayor de la razonable y prudente, no considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, mas aún si éste señala que los autos que venían en sentido opuesto le cegaban la visión, circunstancia por demás que obligaba a ser prudente en su conducción.
2.3 Agrega que uno de los argumentos del perito de tránsito acogidos por la Juez Unipersonal, es que la velocidad del imputado no debió ser mayor a 55 Km/h, y que por las condiciones de visibilidad no fue razonable, corrigiendo que tampoco fue alta, dado que ello implicaría que el accidente se produzca por volteo con aplastamiento del agraviado, versión que resulta irrazonable pues, el mecanismo de aplastamiento ocurre de acuerdo a la magnitud del cuerpo en colisión, quiere decir que el vehículo debe ser de gran masa, y que en el presente caso el vehículo causante del accidente de tránsito, se trata de un “tico” conocido por su reducido tamaño, haciendo imposible el aplastamiento, además porque el agraviado es un sujeto adulto de estatura y masa corporal regular; asimismo, dice el Ministerio Público, que el informe técnico, también señala que no es posible determinar la velocidad exacta por falta de hallazgo de evidencias como huellas de frenada; sin embargo, el perito si puede determinar que el impacto ocurrió en la calzada, argumento que no se encuentra sustentado con ninguna evidencia, y resulta conveniente para la defensa.
2.4 Dice que el argumento expuesto por la Fiscalía, se encuentra sustentada con la declaración testimonial de Juan Raúl Ormeño Espino, que señala que vio al agraviado caminar por la berma de la pista; asimismo del informe técnico de tránsito, refiere que en las investigaciones preliminares, se halló sangre en el lugar del accidente al lado de la tierra de la calzada, evidencia que reforzaría su tesis, de que el impacto ocurrió en la berma, pues el imputado habría perdido el control de su vehículo por excesiva velocidad con que conducía y dada la poca visibilidad invadió el lado de la berma, impactando con el agraviado quien caminaba por la berma con dirección a su centro de labores.
2.5 Además refiere, que si bien se tendría como factor contributivo del delito el estado de ebriedad del agraviado según certificado de dosaje etílico; sin embargo, la velocidad excesiva que conducía su vehículo el imputado, le ocasionó graves lesiones al agraviado, no resultando creíble la versión dada por éste, al señalar que conducía a una velocidad prudencial, pues se aprecia de los daños materiales del vehículo que aparecen descritos en el Informe Técnico Policial daños de proporción.
2.6 La representante del Ministerio Público en audiencia solicitó que se revoque la sentencia materia de apelación, pues considera que no ha existido un análisis integral de los medios probatorios actuados durante el juicio oral. Ha señalado que conforme al certificado medico legal, el agraviado sufrió lesiones sumamente graves, habiendo existido daños además en el vehículo del imputado, siendo que conforme al informe, es el imputado quien ingresó a la berma impactando al agraviado, por lo que éste requirió de ciento veinte días de incapacidad medica, por lo que se prueba la magnitud del evento; asimismo indica, que la movilidad transitaba a una velocidad no apropiada ni razonable para el momento, siendo que las evidencias físicas se han encontrado en la zona de tierra sur y no en la calzada, no habiéndose evaluado el informe junto con el acta de inspección fiscal, declaraciones de los médicos y la propia testimonial del agraviado, por esas razones considera que debe declararse la nulidad de la sentencia y  realizarse un nuevo juicio oral.
2.7 Por su parte el abogado del acusado, dijo que la única prueba incorporada, es el Informe Técnico 56-DEPIAT.PNP del que se pone de manifiesto, que se estaría transitando a una velocidad no adecuada, no existiendo prueba que lo corrobore, siendo que los hechos se produjeron por excesiva confianza del peatón quien momentos previos había consumido sustancias alcohólicas; señala que por la calzada es el lugar por donde transitan los vehículos, no pudiéndose imputar los hechos a su patrocinado, dado que ha acredito que estaba autorizado para transitar su vehículo, siendo que el agraviado en estado etílico ingresó de manera temeraria e imprudente a la calzada, habiéndose generado daños en el automóvil, debiéndose confirmar la sentencia recurrida, pues se ajusta a los parámetros y estándares constitucionales, habiendo valorado adecuadamente la prueba en juicio, por lo que la sentencia debe ser confirmada.
TERCERO: MEDIOS DE PRUEBA ADMITIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA
No obstante que mediante resolución número once de fecha quince de noviembre del año dos mil once, se otorgó a los sujetos procesales el plazo de cinco días, a efecto de que puedan ofrecer medios de prueba; habiendo vencido el mismo, ningunas de ellas lo hizo.
FUNDAMENTOS:
PRIMERO: ADMISIBILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN
1.1 La sentencia impugnada, fue notificada al fiscal en audiencia el día veintidós de setiembre del dos mil once, conforme aparece del acta de fojas ciento sesenta y nueve, donde se reservó su derecho.
1.2 El recurso impugnativo de apelación por parte del fiscal fue planteado el día veintiséis de setiembre del dos mil once, conforme aparece del escrito de fojas ciento setenta y cinco.
1.3 El recurso impugnativo se halla interpuesto a tiempo y en forma, de modo que cabe analizar sus postulados.
SEGUNDO: NORMATIVIDAD INVOLUCRADA
2.1 El artículo 1º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto a la potestad exclusiva de administrar justicia que, emanando del pueblo, se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con sujeción a la Constitución y a las leyes.
2.2 El inciso primero del Artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal, establece que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos, y tiene el deber de la carga de la prueba.
2.3 El artículo 2 inciso 24° del literal “d” de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo II del Titulo Preliminar del Código Penal, que establece el principio de legalidad.
2.4 El artículo 124° cuarto párrafo última parte del Código Penal, reprime el injusto penal de Lesiones Culposas, con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación.
2.5 El artículo 419 del Nuevo Código Procesal Penal, precisa en el numeral uno, que la apelación atribuye a la Sala Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho.
TERCERO: ANÁLISIS JURISDICCIONAL
3.1 Conforme a los extremos de la denuncia y acusación fiscal, se ha imputado la comisión del delito de lesiones culposas graves, delito previsto por el artículo ciento veinticuatro, cuarto párrafo, última parte del Código Penal, que reprime el ilícito de lesiones culposas con pena privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 -incisos 4), 6) y 7)-, cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito.
3.2 Conforme lo ha glosado la juez A quo, así como también lo verifica éste Colegiado, de autos se ha acreditado que con fecha quince de febrero de dos mil diez, a las tres y treinta horas aproximadamente, en circunstancias que el agraviado Víctor Moisés Alfaro Tenorio, transitaba por la carretera de penetración al sector Garganto del distrito de los Aquijes, fue impactado por el vehículo con placa de rodaje CP-1488, conducido por el acusado Willian Hermógenes Champe Valdez, generándose lesiones en el agraviado, descritas en el Certificado Médico Legal número 001156-VM.
Está acreditado igualmente, que cuando ocurre el hecho, el agraviado, se encontraba en estado de ebriedad, según certificado de dosaje etílico, al que se hace referencia en el Informe Técnico 56-DEPIAT.PNP, punto E Análisis Integral, subpunto 7.
3.3 Teniendo en cuenta lo antes señalado, así como lo expresado por el impugnante, resulta evidente que obra en la presente causa, un informe que ha sido debidamente explicado durante el juicio oral, que concluye que el agraviado se encontraba con presencia de alcohol en la sangre, lo que provocó que se interpusiera en el eje de marcha del vehículo del acusado, en horas de la madrugada y en forma imprudente, ya que su estado psicosomático le habría hecho perder la capacidad de reacción y concentración, al hacer uso de la vía, lo cual constituye el factor predominante en el suceso de transito, de acuerdo al artículo 276 del Reglamento de Tránsito.
Ha dicho también, el citado perito en su informe y declaración en juicio oral, que como factor contributivo se puede considerar que el campo visual estaba oscuro, y hubo exceso de confianza del conductor. Dijo además que no se pudo establecer la velocidad exacta, porque en el lugar no se encontraron evidencias físicas, como huellas de frenada, pero por las condiciones del vehículo, dice que fue conducido a una velocidad no apropiada para el lugar; al respecto, señaló que la velocidad para conducir en el lugar de los hechos, es de cincuenta y cinco kilómetros por hora, por lo que el factor predominante fue la imprudencia del peatón, por hacer mal uso de la vía, y que el impacto se realizó dentro de la calzada de la porción de circulación del vehículo, la misma que no estaba señalizada.
Dijo además el perito, que así se hubiera tomado todas las precauciones, quizás no se hubiera podido evitar el accidente, debido al estado psicosomático del peatón, quien de modo súbito se interpone en el eje de marcha; dijo, que si hubiera existido una mayor velocidad, el peatón hubiese ocasionado un accidente con volteo, y el peatón hubiese sido aplastado, de donde se desprende que el vehículo no tuvo alta velocidad, y sorprendió el accionar del conductor; sin embargo dijo, que no fue apropiada por tratarse de una zona oscura con fluidez vehicular, por lo que debió efectuar los principios básicos del manejo defensivo, tales como la desconfianza, concentración, prudencia y cuidado.
Por otro lado el Ministerio Público argumentó, que el acusado se encontraba conduciendo su vehículo vulnerando las reglas de tránsito, esto es a excesiva velocidad, lo que trajo como consecuencia que no tuviese control sobre su vehículo ante cualquier contingencia, conducta que no resultó razonable para las circunstancias del momento; dice que si bien la vía donde se desplazaba el investigado es recta y plana, sin embargo la visibilidad del lugar en el momento del evento se habría encontrado algo restringida por la falta de iluminación, conforme se ha acreditado en juicio, lo que obligaba al imputado a conducir su vehículo a una velocidad que le permitiera realizar alguna maniobra eficaz ante cualquier eventualidad, conforme establece el Código de Tránsito, lo que evidenciaría que el imputado actuó en forma imprudente, sin tener el debido cuidado y prevención, creando un riesgo típico de forma contraria al deber, conduciendo su vehículo a una velocidad mayor de la razonable y prudente, no considerando los riesgos y peligros presentes y posibles, más aún si éste señala que los autos que venían en sentido opuesto le cegaban la visión, circunstancia por demás que obligaba a ser prudente en su conducción.
3.4 El Colegiado evalúa que lo antes señalado, implica en apariencia, que no se encontraría acreditada la participación efectiva del acusado en la producción del evento, toda vez que tal como lo ha señalado el perito técnico, la velocidad del vehículo no estaría claramente determinada, y por otro lado el Ministerio Público concluye, pese a lo señalado por el perito, que éste habría infringido el Reglamento de Tránsito, al conducir el vehículo más allá del límite permitido.
En el mismo sentido, el perito ha precisado que el evento se produce dentro de la vía, y por su parte el Ministerio Público concluye que los hechos se producen en la berma, esto por las huellas de sangre encontradas.
Así, es evidente que no aparece claramente determinada la responsabilidad del acusado. De los medios actuados e incorporados al debate, solo se tiene la declaración del perito, toda vez que el testigo de cargo y vecino del agraviado, dijo que no observó como se desarrollaron los hechos, por lo que no se cuenta con mayores luces que determinen en definitiva como se produjeron.
3.5 Estando a lo mencionado, no se puede establecer plenamente la participación del acusado en la comisión del ilícito penal, hecho que se desprende de la insuficiencia probatoria; al respecto, el Colegiado precisa que como regla de interpretación para esclarecer aquellos casos en los que se ha desarrollado una actividad probatoria normal, y que no obstante ha dejado duda en el juzgador, respecto a la participación del imputado, resulta aplicable el principio del “indubio pro reo”; se aúna a lo precisado, que el principio jurídico de la necesidad de prueba, precisa que todos los hechos jurídicamente relevantes, aunque no sean discutidos por las partes, se deben comprobar por medio de un procedimiento judicial de prueba, en el que el Ministerio Público como defensor de la legalidad y titular de la carga de la misma, es el conductor directo o artífice de la investigación, aportando medios de prueba  convenientes y útiles para la comprobación de un ilícito penal y de sus responsables, contribuyendo a que no quede la menor duda en el juzgador, de la responsabilidad del imputado, hecho que en el caso de autos no ha ocurrido.
Que, en la misma línea de análisis, precisamos que la imputación que se formule, debe ser corroborada con prueba idónea, que persuada al juzgador que el imputado es el autor del hecho, pues de no ser así, se debe optar por absolverlo, por existir duda razonable de su participación, a tenor de lo que dispone el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal, y en aplicación del inciso once del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Perú, pues la función de control de la Ley Penal, reconoce como uno de los principios, la imputación al autor de la infracción, lo que significa que la prueba que establezca el nexo de causalidad entre la acción u omisión, y sus efectos, tenga que ser evaluada adecuadamente, y cuando exista duda en su participación que determine la responsabilidad penal del encausado, debe absolvérsele, pues el fallo condenatorio debe ser el resultado de una debida compulsación de las pruebas acopiadas en el desarrollo de la investigación y de los debates orales, de modo que, por el camino del análisis lógico jurídico, se llegue a la certeza de que el incriminado es o no responsable de la acción u omisión denunciada.
Teniendo en cuenta lo antes señalado, resulta evidente como ya se dijo antes, que no se ha logrado establecer fehacientemente, si la conducta del investigado fue negligente, estando a la prueba actuado en los debates orales, y por el contrario obra prueba que genera duda respecto a la contribución de éste en el resultado, por lo que  corresponde confirmar la sentencia que lo absuelve.
QUINTO: DE LAS COSTAS PROCESALES
Conforme el artículo 498 del Código Procesal Penal, las costas están a cargo del vencido; el artículo 499 del mismo Código, refiere que están exentos del pago de costas, los representantes del Ministerio Público.
Habiendo impugnado la resolución el Ministerio Público, estando a la norma antes anotada, debe exonerársele de su pago.
Por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con criterio de conciencia, y de conformidad con las normas contenidas en los considerandos citados precedentemente, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ica.
HEMOS ACORDADO:
1. DECLARAR  infundada la apelación formulada por el representante del Ministerio Público.
2. CONFIRMAR, la sentencia contenida en la resolución número seis, expedida en audiencia pública de lectura de sentencia, su fecha veintidós de setiembre del dos mil once, que falla Absolviendo a William Hermógenes Champe Valdez de los cargos formulados por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud-Lesiones Culposas Graves en la modalidad de inobservancia de la Reglas técnicas de tránsito previsto y sancionado en el cuarto párrafo de la última parte del artículo 124 del Código Penal en agravio de Víctor Moisés Alfaro Martínez, mandando que consentida y/o ejecutoriada que sea la sentencia se archive definitivamente en la forma y modo de ley así como se anulen los antecedentes policiales y judiciales generados como consecuencia del presente proceso, sin costas, disponiendo se cumpla con notificar al agraviado.
3. DISPONEMOS, exonerar al Ministerio Público del pago de costas.
4. ORDENAMOS, La devolución de los autos al Juzgado correspondiente para la ejecución de la sentencia.
Regístrese, comuníquese y devuélvase.
S.S.
COAGUILA CHÁVEZ
JARA PEÑA
TRAVEZAN MOREYRA

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