lunes, 23 de julio de 2012

Confirma Sentencia Condenatoria-Usurpación Agravada

          CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA PENAL DE APELACIONES


Expediente                : 00830-2010-52-1401-JR-PE-03
Asistente                    : ROSA DE LA CRUZ QUISPE
Imputado                    : GINA AMANDA VEGA DONAIRE
Agraviada                   : MAGDA LUZ GUZMAN PALOMINO
Delito                          : USURPACION AGRAVADA
Proviene                    : TERCER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ICA


SENTENCIA DE VISTA


Resolución N° 09
Ica, doce de Julio
del año dos mil doce

                                          VISTA Y OIDA: La audiencia pública de apelación de sentencia llevada a cabo por la Sala Penal de Apelaciones de Ica; Colegiado, integrado por el señor Juez Superior Armando Coaguila Chávez, Presidente de Sala, y por los señores Jueces Superiores Florencio Jara Peña y Rosalina Travezán Moreyra quien actúa como Director de Debate.
I.- DECISIÓN IMPUGNADA
1.1 MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN:
Viene en apelación la resolución número ocho, de fecha tres de noviembre del año dos mil once, mediante la cual la Juez del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica, falla: condenando a Gina Amanda Vega Donaire, como autora y responsable del delito Contra el Patrimonio-Usurpación Agravado previsto y sancionado en el artículo 202° inciso 1 y 2 del Código Penal con la agravante prevista en el artículo 204° inciso 2 de la misma norma en agravio de Magda Luz Guzmán Palomino, a quién se le impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta, y el incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta dará lugar a la revocación de la suspensión de la pena, en aplicación al artículo 3 del artículo 59 del Código Penal, previo requerimiento y fija por concepto de reparación civil la suma de cuatro mil Nuevos Soles que debe pagar a favor de la agraviada, sin perjuicio de que la acusada cumpla con restituir la servidumbre afectada con la construcción efectuada dentro del quinto día de notificada con la presente resolución bajo apercibimiento de ordenarse  el lanzamiento conforme al artículo 593 del CPC aplicable supletoriamente. Así como condena al pago de costas a la sentenciada la que será determinada en ejecución de sentencia; manda que una vez consentida y/o ejecutoriada que sea la sentencia se inscriba en el registro de condenas a cargo de esta sede de Corte, oportunamente se efectivice el pago de la reparación civil, remitiéndose la causa al juzgado de Investigación Preparatoria para los fines del artículo 488 y siguientes del Código Procesal Penal; con todo lo demás que contiene la mencionada resolución impugnada. 

1.2 Con los argumentos expuestos oralmente por la defensa técnica de la sentenciada Gina Amanda Vega Donaire, del señor representante del Ministerio Público, y la defensa técnica de la actora civil, los mismos que se encuentran registrados en el audio respectivo, la causa ha quedado expedita para resolver.


II.- CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Premisas normativas.

1.1      El artículo 202°, inciso 1 del Código Penal, señala: “El que para apropiarse de todo o parcialmente de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo”,  inciso 2 “El que, por violencia, amenaza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real”.
 (…)”; con la agravante prevista en el artículo 204° inciso 2 señala: “Intervienen dos o más personas”.

1.2      El establecimiento de la responsabilidad penal supone: a) en primer lugar la valoración de la prueba actuada con la finalidad de establecer los hechos probados; b) la precisión de la normatividad aplicable; y, c) realizar la subsunción de los hechos en la normatividad jurídica y determinar la pena concreta.

1.3      El artículo 419°, inciso 1 del Código Procesal Penal, establece que: “La apelación atribuye a la Sala Penal Superior, dentro de los límites de la pretensión impugnatoria, examinar la resolución recurrida tanto en la declaración de hechos cuanto en la aplicación del derecho” (sic).

1.4      Así mismo, se debe tener presente lo señalado en el inciso dos, del artículo cuatrocientos veinticinco del Código Procesal Penal, cuando señala que: “La Sala Penal Superior sólo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”.

La aplicación de esta premisa legal tiene su excepción en la Casación N° 05-2007-HUAURA, del once de octubre del año dos mil siete, es decir algunas de estas pruebas pueden ser accesibles al control por el órgano revisor, sobre todo si están vinculados a la estructura racional del propio contenido de la prueba, pueden ser fiscalizados no necesariamente a través de la inmediación sino de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos.


SEGUNDO.- Hechos imputados.

2.1      Conforme se desprende del requerimiento de acusación que corre en el expediente judicial de fojas uno y siguientes, el representante del Ministerio Público ha reseñado los siguientes hechos: que mediante escritura pública de compra-venta de fecha 28 de Setiembre de 1998, la agraviada Magda Luz Guzmán Palomino y su cónyuge José Francisco Márquez Ley, adquirieron el bien inmueble ubicado frente  a la calle Huancavelica N° 264 de su anterior propietario Angel Gaspar Muñante Tipiana, con los linderos y medidas perimétricas siguientes: por el Norte, con la calle Huancavelica; por el sur, con propiedad de doña Hermenegilda Liduvina Cucho de Medina; por el Este, con propiedad de Julio Angulo Injante, y por el Oeste, con propiedad de don Carlos Mendoza y una servidumbre de paso por el callejón N° 411 de la calle Unión. Acceso de uso que también se transcribe en el parte de compra-venta de fecha 09 de Mayo de 1986, celebrado entre la anterior propietaria María Emilia Cucho Conislla y Angel Gaspar Muñante Tipiana, documento la que al consignarse los linderos se  señala “y tiene una servidumbre de paso por el callejón N° 411 de la calle Unión”.- Sin embargo, con fecha 08 de Abril de 2010, a horas 19.20 aproximadamente, este derecho real que beneficia al dominio del inmueble signado con el N° 264 de la calle Huancavelica, fue usurpado en forma violenta por la acusada Gina Amanda Vega Donayre, quien con el apoyo de varios sujetos desconocidos construyó una choza de estera entre la vía de ingreso y salida del callejón de paso (servidumbre) calle Unión N° 411 establecidos y reconocidos en ambos documentos de compra-venta. Posterior a dicha construcción rústica la acusada retiró las esteras y construyó una pared de material noble, con la intención de adueñarse del callejón y privar del derecho real de dominio que venía ejerciendo la agraviada, conforme se puede colegir del certificado de constatación policial de fojas 03 y 21. Así mismo indica la representante del Ministerio Público, se practicó la pericia correspondiente, la que concluye en el numeral 3) que si existe servidumbre de paso para el predio en la calle Huancavelica N° 264 con salida hacia la calle Unión, pero actualmente se encuentra tapiado con un muro de ladrillo.

2.2      La acusada Gina Amanda Vega Donaire, frente al hecho imputado, en presencia de su abogado defensor,  niega los cargos imputados manifestando que en ningún momento ha usurpado el callejón de paso N° 411  de la calle Unión, ya que desde que nació  en la calle Huancavelica N° 256 de esta ciudad, no ha existido dicho callejón o servidumbre; que ha cercado su predio con una pared por haber colapsado su vivienda durante el sismo del 15 de Agosto de 2007, por cuanto el terreno es de su propiedad al haberlo adquirido mediante contrato de acciones y derechos cedidos por su madre Flor Amanda Donaire García y su tía Nelly Donaire de Camacho en el año 2009.

TERCERO.- Resumen de los alegatos orales en la audiencia de apelación.

3.1      La defensa técnica del acusado ha solicitado que se absuelva a su patrocinada, argumentando que no se ha llegado a determinar la verdad formal; argumentó entre otras cosas, respecto a la servidumbre contemplado en el Código Civil, señalando que la misma se pierde por el no uso  de ellas, lo cual tampoco no es posible, porque existe un mandato firme de cosa juzgada que emana del fuero jurisdiccional civil;  de acuerdo a lo prescrito en el artículo mil cincuenta  del Código Civil, se extingue la servidumbre por el no uso durante cinco años; lo que si está probado que ha existido una confabulación de la denunciante quien quiere tener acceso al callejón N° 411 de la calle Unión,  pero se tiene que ninguno de los testigos han señalado tal circunstancia, lo que se tiene es que los predios se cayeron con el terremoto y de eso quiso aprovechar la agraviada para alegar servidumbre de paso, una de las testigos que ha declarado es la señora Jesús Jaulla Agapito, quien vive en el callejón de la calle Unión y ella dice que jamás ha visto pasar a la agraviada por ese callejón a la calle Unión; en ese lugar que ella dice que es una servidumbre allí quedaba el baño, la ducha de la casa de su patrocinada; solo son dos personas los que dijeron que hay usurpación es el señor Carhuayo Ascensio que con su declaración la teoría del caso del Ministerio Público se cayó, y de la denunciante. Su patrocinada es inocente; se ha discutido  si la denuncia formulada por la señora agraviada amerita una sentencia contra su patrocinada que es inocente, la denuncia se formula contra la señora Flor Amanda Donaire que viene a ser la madre de  su patrocinada, pero luego, que la imputación se hace en contra de la señora Gina Vega Donaire; señores existe un expediente judicial en el que se indica los linderos y áreas, y las delimitaciones hechas en el inmueble de su patrocinada era conforme lo ordenaba el poder judicial  y se hizo con la presencia del señor Notario Público; el testigo Carhuayo Ascencio que dice que hubo violencia y que mi patrocinada ingreso con violencia al inmueble de la agraviada, sin embargo al declarar ante este Colegiado refiere que ese día se encontraba trabajando en Pisco y no estuvo presente en esta ciudad,  es un testimonio falso el que dio en primera instancia; no hay elementos que se haya desarrollado que exista  esa servidumbre que sea usada por la agraviada como derecho real, en ningún lado en los Registros Públicos existe esa servidumbre inscrita; también se ha escuchado al señor Carhuayo cuando dice que había un pasaje en su propiedad; se dice que el pasaje  pasaba en forma transversal, mientras que el señor Carhuayo dice que esa servidumbre va de Este a Oeste; después del terremoto esos predios se cayeron, todos pasaban por ese lugar porque quedó en escombros; se tiene el proceso de la cosa juzgada del poder judicial respecto a la prescripción adquisitiva de dominio donde consta el área, límites, colindancias; respecto al peritaje oficial, cómo puede ser posible que solamente haya tenido en cuenta documentos de la parte agraviada, y al preguntársele al respecto en la audiencia del juicio oral, supo manifestar que  a él solamente le dijeron que viera  los documentos del predio 264, y respecto al 256 no le dijeron nada, y dijo que se basó en la minuta que le entregaron; señores allí existió las tuberías del desagüe del baño de su patrocinada; luego dice, respecto a la licencia de construcción la denunciante dijo que está en trámite desde el 2009, la razón es que no tiene licencia de nada, porque para poder tener licencia debía presentar documentos, ella ha construido  tres pisos sin autorización y una puerta de servidumbre de paso, ha abierto ventanas que dan a la casa del vecino Carhuayo, y con el tiempo si se construye taparía esas ventanas; luego dice: para tener licencia para construir una servidumbre de paso y que el Código Civil lo llama gravamen y para solicitar licencia se tiene que presentar copia literal inscrita en los registros públicos y la agraviada no lo ha demostrado; con el paso de los años esa servidumbre no se ha demostrado, el señor Carhuayo ya no lo encontró, pero dice que en la escritura aparece esa servidumbre, la agraviada dice que existe esa servidumbre, pero no se ha demostrado; también la agraviada dice que se le ha causado ya no usurpación, sino daño moral se cambia el sentido del daño a la persona y se dice hacia las cosas; no se ha probado que la agraviada tuviera posesión legítima de esa propiedad, independientemente de lo que se dice sólo se demarcó lo que dice el poder judicial, primó el principio de la primacía de la realidad de los hechos sobre los documentos, no se ha probado en ningún momento que la agraviada tuviera la posesión legítima de una servidumbre , su minuta es una copia de una anterior y en ninguno de ellos está inscrito en los registros públicos, en ningún lado se describe la servidumbre, no se tiene idea de donde viene a donde va, y en la sentencia no se dice nada; la sentencia toma convicción en un peritaje y donde tampoco se describe la servidumbre; este proceso se puso complejo porque no se hizo nada para buscar la verdad bajo otros medios, pero cuando uno tiene una sentencia en la mano y sustentación legal para demarcar su propiedad, se encuentra ante el ejercicio regular de  un derecho, lo que pide es justicia para su patrocinada porque ella no ha usurpado nada, no ha violentado nada, no buscó gente para agredir a su vecina, lo único que hizo fue un ejercicio  regular de un derecho, por lo que solicita se le absuelva con arreglo a ley.  Entre otros argumentos más que han quedado registrados en el audio de la audiencia.

3.2      Por su parte el señor representante del Ministerio Público ha solicitado que se confirme la sentencia apelada; expresó que las pruebas que se han actuado han demostrado la responsabilidad de la procesada, está acreditado que el ocho de Abril del dos mil diez, siendo las diecisiete horas aproximadamente la acusada se encontraba en el lugar de los hechos, y los elementos de convicción que el juez ha tenido en cuenta y ha arribado a la existencia del delito y responsabilidad de la acusada, es porque existen pruebas de la existencia de la servidumbre de paso y que fue cerrada por la acusada, existe antecedentes las escrituras públicas , se tiene la declaración de la agraviada Gina Vega Donaire quien ha declarado que se constituyó a su predio, construyó una choza y cerró el área que supuesta mente le correspondía a ella y que también admitió la existencia de un callejón, existe una escritura pública de la venta que le hace la señora Emilia Cucho Conislla a favor de Ángel Muñante Tipiana, en el mismo se indica que tiene servidumbre de paso, luego en el tracto sucesivo que se hace a favor de José  Márquez Ley y de la agraviada el veintiocho de setiembre del año mil novecientos noventiocho donde también se precisa la servidumbre de paso por la calle Unión 411, esta circunstancia ha sido tratada objetivamente por el señor perito Luis Alberto Suárez Farfán quien en el juicio oral concluye de manera categórica al decir que si existe servidumbre de paso para el predio de la calle Huancavelica 265 con salida a la calle Unión y que actualmente está tapida por un muro de ladrillo y ese muro fue levantado por la acusada; también se tiene la testimonial de Angel Muñoz Tipiana quien en primera instancia y  en segunda instancia señala de manera categórica dice que en la parte de atrás había una servidumbre de paso, también el señor Legua Angulo señala haber visto la existencia de la servidumbre; también se ha visto las tomas fotográficas que determina la salida de la servidumbre de paso y que se encuentra tapiada y ello se corrobora con la inspección fiscal; la acusada dice que hizo uso  de un derecho regular del proceso llevado a cabo en el fuero civil en el expediente 2003-2215, en el juicio de segunda instancia  se ha señalado que la demanda  fue dirigida contra el padre de la agraviada así como a los colindantes en dicho proceso, sin embargo aparece de la demanda interpuesta donde se señala colindancia, sin embargo se ha escuchado a la agraviada decir que no era propietaria de ese inmueble de la calle Huancavelica 260 y que cuando  le hizo saber a su padre el hizo conocer que solo era un arrendatario y acompañó el contrato de arrendamiento y da a conocer el nombre del propietario, en la sentencia de dicho proceso no se precisa en ninguna parte cuales son las colindancias del predio, solo en el quinto considerando se habla del área de 85.72 metros cuadrados de dicho predio; luego dice que la imputada estuvo presente en el lugar de los hechos como también consta en las tomas fotográficas, y también se acredita con las constataciones policiales realizados en el predio; por lo que la sentencia recurrida debe ser confirmada. Y otros argumentos más que se han registrado en el audio respectivo.  
 
3.3      Por su parte la defensa técnica de la actora civil solicitó que la recurrida sea confirmada en todos sus extremos al haberse acreditado el delito de usurpación por parte de la procesada al haber despojado de la servidumbre de paso que le corresponde a su patrocinada que va a la calle Unión 411, hecho que fue constatado por la policía el día nueve de Abril del dos mil diez  donde se advirtió la existencia de una estera que tapaba la puerta de ingreso y salida a la servidumbre de paso y luego de diez días levantaron una pared de ladrillo; también se ha acreditado la violencia porque su patrocinada fue amedrantada, hubo amenaza y violencia contra la agraviada,  concluyendo que es necesario que los daños sea indemnizado en la suma dada en la sentencia condenatoria contra Gina Amanda Vega Donaire; y, la agraviada hizo notar que se le ha privado del derecho real que le corresponde al habérsele privado de la servidumbre de paso que tiene derecho a la servidumbre de paso de la calle Unión N° 411 de esta ciudad, al haberse tapiado la puerta de su inmueble con una pared de ladrillo por parte de la acusada, y demás argumentos que queda registrado en el audio de la audiencia.

3.4      Finalmente la sentenciada al hacer uso de la palabra señaló entre otras cosas, que la prescripción adquisitiva de dominio se ganó porque se presentó un plano visado por la Municipalidad, lo cual el señor Fiscal no lo tuvo en cuenta el día de hoy; en el juzgado de primera instancia no se le dio la posibilidad de mostrar las pruebas que acredita su inocencia, y lo más desagradable es encontrar vecinos como la señora que la vio crecer desde niña y eso lo han ratificado los vecinos, jamás ha hecho daño a nadie, solo han encontrado un medio y confabularse y quitarle el derecho que le corresponde, se basaron en mentiras, en testimonios falsos, pide que se haga un profundo análisis de las audiencias y lo que quiere es alcanzar justicia. Demás alegaciones que se hallan registradas en el audio de la audiencia de apelación.


CUARTO.- Análisis de la sentencia impugnada y los argumentos expuestos por el impugnante y el representante del Ministerio Público.

4.1      En el caso materia de autos los límites que tiene este tribunal revisor se hallan establecidos por la apelación escrita formulada por la sentenciada Gina Amanda Vega Donaire (ver fojas doscientos, fundamentando su apelación mediante escrito de fojas doscientos noventiocho y siguientes), mientras que la parte agraviada Magda Luz Guzmán Palomino mediante escrito de fojas doscientos veinte y siguiente formula apelación  respecto al monto de la reparación civil.

4.2      La actora civil Magda Luz Guzmán Palomino, en la audiencia de fecha dieciséis de Mayo del dos mil doce, se desistió de la apelación respecto al aumento de la reparación civil, habiendo emitido el Colegiado la Resolución número dieciséis de fecha dieciséis de Mayo de dos mil doce, mediante la cual se tiene por desistido de la apelación interpuesta por Magda Luz Guzmán Palomino, respecto al concepto de la reparación civil señalada en la sentencia y que es materia de apelación.

4.3      Determinados los límites de la pretensión impugnatoria por parte de la sentenciada, corresponde a este Colegiado efectuar un re examen de la sentencia impugnada a partir de los datos propuestos en la apelación escrita y los alegatos orales en la audiencia de apelación y establecer si el juzgado de mérito se sustentó en la prueba actuada en el desarrollo del juicio oral para determinar la responsabilidad penal de la acusada y establecer adecuadamente la pena concreta correspondiente a la sentenciada.

4.4      En resumen, la pretensión impugnatoria expuesta por la defensa técnica de la sentenciada es que se absuelva a su patrocinada de la acusación fiscal, con los argumentos de que existe aplicación errónea e indebida aplicación de la norma material e indebida apreciación de los medios probatorios, solicitando se revoque la sentencia  en todos sus extremos, por no existir pruebas que acrediten lo dicho por la agraviada.

4.5      De los actuados se advierte que seguido el trámite correspondiente la impugnante efectivamente ha ofrecido como un medio probatorio a ser actuado en segunda instancia la prueba documental relativo al expediente 2215-2003 del Segundo Juzgado Civil de Ica, sobre prescripción adquisitiva de dominio; así como las declaraciones testimoniales de Marco Antonio Carhuayo Ascencio, Angel Gaspar Muñante Tipiana, Rosa Cristina Esther Villanez de Tolmos y Jesús Valeria Jaulla Agapito como se advierte de la resolución número doce, fechada el diecisiete de Enero del año dos mil doce, habiéndose actuado dichos medios  probatorios en segunda instancia para determinar su tesis impugnatoria; sin embargo también se tiene en cuenta, que este colegiado no puede otorgar distinto valor probatorio al efectuado por el tribunal de mérito, máxime en cuanto concierne a las pruebas personales, documentales, pues los argumentos de su pretensión impugnatoria hacen mención a que tales pruebas fueron apreciadas en forma errónea, imprecisas, supuestos en los cuales si pueden, estas pruebas, ser fiscalizadas por éste colegiado, conforme se precisa en la citada Casación N° 05-2007-HUAURA.

4.6      Teniendo en cuenta las pruebas admitidas y actuadas en segunda instancia, la oralización de los medios probatorios en la audiencia de apelación, así como las pruebas actuadas durante el desarrollo del juicio oral en primera instancia, los hechos probados en esta causa son los siguientes: i) se ha probado que la agraviada Magda Luz Guzmán Palomino, es propietaria y poseedora del inmueble ubicado en la calle Huancavelica N° 264 de esta ciudad, inmueble que tiene  como servidumbre de paso hacia la calle Unión N° 411 de esta ciudad acreditado con la copia literal de la escritura de compra-venta de fecha 28 de Setiembre de 1998, celebrado por su anterior propietario Angel Gaspar Muñante Tipiana, donde en la primera cláusula  señala que dicho inmueble “…tiene una servidumbre de paso por el callejón N° 411 de la calle Unión…”, verificándose a su vez que de acuerdo al tracto sucesivo el indicado vendedor  adquirió dicho inmueble de doña María Emilia Cucho Conislla con fecha 09 de Mayo de 1986, apareciendo en la clausula primera  que “… tiene servidumbre de paso por el callejón N° 411 de la calle Unión,…” como se corrobora con la copia literal de la minuta de escritura pública de compra-venta; ii) que, los documentos a que se hace mención, guardan relación con la declaración de Angel Gaspar Muñante prestadas también en la audiencia de apelación, donde reitera y señala que la casa de la calle Huancavelica N° 264 tiene servidumbre a un callejón común, iba desde su casa al callejón en forma de L y salía a la calle Unión, que vivió en esa casa antes de venderlo al señor José Márquez y a la señora Magda; iii) está probado además que con fecha ocho de Abril del dos mil diez, a las diecisiete horas con veinte minutos aproximadamente, la  acusada Vega Donaire acompañada de otras personas colocó una choza de esteras en la vía de ingreso y salida de la servidumbre de paso de la propiedad de la agraviada signada con el N° 264 de la calle Huancavelica y que da a la calle Unión número 411 como se advierte del certificado de constatación policial, realizada al siguiente día de sucedido los hechos a las diez de la mañana con veinticinco minutos, donde  se consigna “… se pudo constatar una estera que están plantando y evitar la salida de la servidumbre de paso por el callejón Nro. 411 de la calle Unión…” - folio uno del expediente judicial, para posteriormente levantar una pared de material noble, la que es verificada cuando se realiza la constatación policial con fecha diecinueve de Abril del dos mil diez a horas dieciséis y veinte aproximadamente donde se indica “ al ingresar al domicilio se pudo observar en la parte posterior lado Oeste una puerta metálica de color negro con vidrio catedral, la cual está clausurada por una pared sin base hecho de ladrillo y cemento…, “(folio 8 del expediente judicial).

4.7      Que de acuerdo a la defensa técnica de la acusada Vega Donaire, hace constar que su patrocinada ha delimitando sus linderos de acuerdo al mandato judicial derivado del proceso de prescripción adquisitiva de dominio tramitado por ante el Juzgado Civil de Ica, prueba documental que al haber sido admitido como prueba en esta instancia superior, fue debatido por las partes procesales mediante el contradictorio en la audiencia de apelación, advirtiéndose del plano de ubicación y perimétrico que se tiene a la vista  de dicha prueba, que en el extremo del fondo lado izquierdo su terreno no colinda con el predio de la hoy agraviada, en el que se advierte un vacío pues no llega la delimitación hasta el domicilio de la agraviada, siendo que el mismo corresponde a la servidumbre de paso y que es materia de litigio; también se advierte que de acuerdo a la memoria descriptiva la vivienda de la hoy procesada Vega Donaire tiene como colindante por la izquierda entrando con propiedad de terceros, en una línea quebrada de cinco tramos, con 9.80 m.l., 2,60 m.l., 3.20 m.l., 3.49 m.l. y 2.70 m.l. respectivamente, y precisamente éste último tramo es la que se encuentra frente al inmueble de la hoy agraviada como se advierte del plano de ubicación y perimétrico de fojas 538 a 541 (plano fotocopiado en cuatro partes) cuyo plano integro fue presentado en copia por la defensa de la acusada en la audiencia de apelación y que se tiene a la vista, y la memoria descriptiva obra en el folio 568; a mayor abundamiento del escrito de demanda - sobre  prescripción adquisitiva de dominio formulada por Nelly E. Donaire García y Flor A. Donaire García, respecto al inmueble de la calle Huancavelica N° 256 de esta ciudad-folio 570, se consigna como linderos: “… por el lado izquierdo entrando: don Lorenzo Guzmán Acuache Huancavelica N° 260;”; y en ninguna parte de dicho pedido se hace mención que el predio de su propiedad colinda en la parte izquierda entrando parte del fondo con propiedad de la agraviada, como quiere hacer notar la acusada y la defensa técnica de la misma; así mismo, en la Memoria descriptiva y en el escrito de demanda se indica que el área de dicho inmueble es de 85.72 metros cuadrados, cuya área también se señala en la sentencia de fecha veintisiete de Mayo del dos mil cinco en la cual no se indica las colindancias y medidas perimétricas; entendiéndose que la procesada Vega Donaire, al presentar un nuevo plano perimétrico y memoria descriptiva de fecha  Abril de 2010 y que obra en el expediente judicial a fojas 98 y 99, indica que el área de dicho inmueble es de 87.15 m2, es decir superior a lo indicado en los documentos presentados por las demandantes y lo señalado en la sentencia de prescripción adquisitiva de dominio, con lo que se demuestra la alteración de los linderos de la servidumbre de paso de la agraviada con el propósito de despojarla de ese derecho real que le corresponde. Así mismo, se tiene en cuenta, que cuando se formaliza la demanda de prescripción adquisitiva de dominio por parte de la madre y tía de la procesada el mes de Diciembre del año 2003, la agraviada en aquel entonces ya era propietaria del inmueble de la calle Huancavelica N° 264, al haberlo adquirido mediante escritura de compra-venta el 28 de Setiembre de 1998 de su anterior propietario Ángel Gaspar Muñante Tipiana, como consta de la copia literal que obra a fojas tres y siguientes del expediente  judicial, consecuentemente debió habérsele notificado de acuerdo a ley en dicho proceso.

4.8      Que, por otro lado, si bien es cierto que con el proceso sobre prescripción adquisitiva de dominio la hoy denunciada acredita ser propietaria del inmueble de la calle Huancavelica N° 256 de ésta ciudad, de ninguna manera le da derecho para despojar de un derecho real a la agraviada cuya existencia no le fue ajena a la acusada, toda vez que tenía pleno conocimiento de la existencia de la puerta que daba lugar a un pasaje, el mismo que era la servidumbre de paso hacia la calle Unión N° 411 de esta ciudad, lo que coincide con la testimonial de doña Rosa Cristina Esther Villanez de Tolmos, quien en la audiencia de apelación de sentencia nuevamente refirió: ” …a la casa de la señora Magda ingresaba a su casa por su pasadizo porque mi hijo jugaba con el hijo de la señora Magda, … existe una puerta después del baño de la señora Gina…”, versión que también es reiterada y ratificada con la declaración de don Ángel Gaspar Muñante Tipiana en audiencia de apelación, quien señala que vivió en la calle Huancavelica N° 264 después que adquiriera dicha propiedad en el año 1986 y lo vendió el año 1998, esa casa tenía servidumbre a un callejón común, iba de su casa al callejón en forma de L y salía a la calle Unión; la que fue constatada por el Fiscal Adjunto Penal cuando realiza la Inspección fiscal, prueba que fue debatida en el juicio oral de primera instancia-folio doce y siguientes del expediente judicial, así como con el informe pericial del señor Perito Luis Suárez Farfán, en la que se advierte de las tomas fotográficas la existencia de una servidumbre de paso, donde también aparece un predio del vecino colindante que tiene una puerta tapiada como consecuencia de la inundación el año 1998, lo que indica una salida hacia la zona adyacente (hacia el Oeste), como así se ha demostrado y se advierte en sus conclusiones en el punto 3 que concluye: “que existe servidumbre de paso hacia la calle Unión, pero actualmente se encuentra tapiado con un muro de ladrillo”.

4.9      A partir de estos hechos y sobre todo de la declaración de la agraviada, cuyas imputaciones son persistentes, enfáticas y elocuentes conforme se oyó de sus versiones en la audiencia de apelación, así como de lo escuchado de los audios del juicio oral de primera instancia, se ha demostrado la tesis del titular oficial del delito, tanto de las pruebas materiales y testimoniales desarrollados en el juicio oral así como en la audiencia de apelación, si bien es cierto se advierten algunas contradicciones respecto a las declaraciones de los testigos, pero no respecto de los actos mismos en si ejecutados por la acusada, imputaciones que se llegaron a corroborar además con las otras pruebas periféricas actuadas durante el juicio oral, llegándose a establecer la responsabilidad penal de la acusada en los hechos que son materia de juzgamiento.


4.10   Ahora bien, no obstante lo expuesto anteriormente, es preciso dar respuesta a los agravios denunciados por la defensa técnica de la acusada, en su apelación escrita, como en la audiencia de apelación, así se tiene:

a)  La defensa técnica de la acusada ha argumentado fundamentalmente que no existen pruebas que vinculen a su patrocinada con los hechos que se le imputan, ya que en su actuación  no existió dolo, dado a que delimitó sus linderos conforme al mandato judicial emanado de un proceso sobre Prescripción Adquisitiva de Dominio tramitado ante el Juzgado Civil de Ica, si bien es cierto que la acusada cuenta con una contrato de cesión de derechos y acciones a su favor respecto al inmueble de la calle Huancavelica N° 256 de la ciudad de Ica, y a mérito del cual delimitaba sus linderos, también lo es que la acusada Vega Donaire, con la finalidad de despojar de la servidumbre de paso que le corresponde a la agraviada, alteró los linderos de dicha propiedad, tal como se observa de la memoria descriptiva y plano de localización, ubicación y perimétrico de su propiedad en la cual consigna como área del terreno 87.15 metros lineales, área distinta a la señalada en la Prescripción Adquisitiva de Dominio se señala como área 85.72 metros lineales como también lo hace constar cuando la procesada solicitó una constatación policial el día primero de Abril del 2010 respecto al terreno y posesión del mismo. 
b)  También se señala por parte de la defensa de la acusada que  la propiedad de su defendida llega en el extremo del fondo lado izquierdo hasta el inmueble de la agraviada lo que motivó a que se levantara una pared de ladrillo con el que se clausura la servidumbre de paso y que según su criterio nunca existió; tal como se ha señalado en el punto 4.7 y de acuerdo al plano perimétrico y de ubicación, el extremo del fondo lado izquierdo su terreno no colinda con el predio de la hoy agraviada, en el se observa un vacío, porque no llega la delimitación hasta el domicilio de la agraviada, siendo que dicho espacio es el que corresponde a la servidumbre de paso y que es materia de litigio; también se advierte que de acuerdo a la memoria descriptiva tramitado en dicho proceso civil, la vivienda existente en aquel entonces y que debido al terremoto del 15 de Agosto de 2007 colapsara y se destruyera, y que es de propiedad de la hoy procesada Vega Donaire tiene como colindante por la izquierda entrando con propiedad de terceros, en una línea quebrada de cinco tramos, con 9.80 m.l., 2,60 m.l., 3.20 m.l., 3.49 m.l. y 2.70 m.l. respectivamente, y precisamente éste último tramo es la que se encuentra frente al inmueble de la hoy agraviada como se advierte del plano de ubicación y perimétrico de fojas 538 a 541 (plano fotocopiado en cuatro partes) cuyo plano integro fue presentado en copia por la defensa de la acusada en la audiencia de apelación y la memoria descriptiva, en la que no se le consideró como colindante, pese a que en el mes de Diciembre del año 2004 ya era propietaria del inmueble de la calle Huancavelica 264 por haberlo adquirido de su anterior propietario Ángel Gaspar Muñante Tipiana el 28 de Setiembre de 1998.
c)  Respecto al posesionamiento del área sobre la cual la acusada considera haber ejercido su derecho por mandato judicial, se advierte que  ésta no fue pacífica, en ella se hizo uso de la violencia destinada a despojar  del ejercicio real de un derecho a la agraviada, como se corrobora con las constataciones policiales de fecha 09 y 19 de Abril de 2010, donde se da cuenta, primero de la colocación de esteras, y después de la construcción de una pared de ladrillos, haciendo mención que si bien es cierto que la normatividad penal no distingue si la violencia se ejerce sobre la persona o sobre la cosa, sin embargo se advierte que la acusada vega Donaire hizo uso de la violencia moral y sicológica contra la agraviada y sus hijos momentos en que salió a la puerta de acceso a la servidumbre de paso con el fin de defender su derecho, donde advierte la presencia de la acusada Vega Donaire quien estaba acompañada de otras personas como se advierte de las tomas fotográficas que la Juez de Primera Instancia los tuvo a la vista, los mismos que también se observaron al momento de  votar y valorar los medios probatorios en esta instancia superior y que se encuentran adheridos en un sobre manila de fojas 7 del Expediente Judicial, circunstancias que le da gravedad a los hechos denunciados, al haberse determinado que la acusada se encontraba acompañado de otros sujetos aún cuando estos no hayan sido identificados y comprendidos en este proceso los que facilitaron la realización del delito y reducir la capacidad defensiva de la víctima, apreciándose que tuvieron dominio del hecho durante su ejecución.

4.11    Consecuentemente la sentencia impugnada debe ser confirmada en todos sus extremos, considerando que la actora civil se desistió de la impugnación en relación a la reparación civil como se tiene señalado en el punto 4.2, por lo que se considera como única apelante de la resolución materia de grado a  la sentenciada Vega Donaire, habida cuenta que este tribunal de alzada está en la imposibilidad de efectuar modificaciones, a la sentencia de primera instancia, sea en la sanción penal, sea en la sanción civil, que perjudiquen a la impugnante debido a la interdicción de la reforma en perjuicio del único apelante (prohibición de la reformatio in peius).


DECISIÓN:

Por los fundamentos antes expuestos, y los contenidos en la sentencia impugnada, los integrantes de la Sala Superior Penal de Apelaciones de Ica,  RESUELVEN:
1. DECLARAR INFUNDADA la apelación formulada por la sentenciada Gina Amanda Vega Donaire.

2. CONFIRMARON la resolución número ocho –sentencia–, de fecha tres de noviembre del año dos mil once, mediante la cual el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica falla: condenando a Gina Amanda Vega Donaire, cuyos datos de identidad corren en la parte introductoria de la presente resolución como autora y responsable de la comisión del delito contra el patrimonio – Usurpación Agravada previsto y sancionado en el artículo 202° inciso 1 y 2 del Código Penal con la agravante prevista en el artículo 204° inciso 2 de la misma norma, en agravio de Magda Luz Guzmán Palomino, a quién se le impuso tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba de dos años, sujeto a reglas de conducta: a) prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización del Juzgado de Investigación Preparatoria, b) obligación de concurrir el último día hábil de cada mes al Juzgado de Investigación Preparatoria a efecto de justificar sus actividades y registrarse en su respectiva libreta, c) reparar el daño causado pagando la totalidad de la reparación civil, dentro del plazo de tres meses de notificada con la presente resolución; fija por concepto de reparación civil la suma de cuatro mil Nuevos Soles que pagará la sentenciada a favor de la agraviada, sin perjuicio de restituir la servidumbre afectada con la construcción efectuada dentro del quinto día de notificada con la presente resolución bajo apercibimiento de ordenarse  el lanzamiento conforme al artículo 593 del CPC aplicable supletoriamente; así como al pago de costas las que deberán ser determinadas en ejecución de sentencia; la confirmaron con lo demás que contiene.

3. DISPUSIERON la devolución de los actuados al Juzgado que se encargará de su ejecución, consentida que sea la presente. Sin costas procesales en esta instancia.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.
SS.
COAGUILA CHÁVEZ
JARA PEÑA
TRAVEZAN MOREYRA

3 comentarios:

  1. Esta Sentencia de Vista es una prueba de gran valor porque refleja la JUSTICIA hecha realidad.
    Es bueno saber que existen magistrados intachables y que esto sirva de escarmiento a los USURPADORES.

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  2. Me parece muy bien que se haga justicia.

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  3. q bueno leer este tipo de publicaciones despues de tanta corrupcion algo bueno..... cuidense q por ahy hay muchas USURPADORAS

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