lunes, 10 de septiembre de 2012

Nula Sentencia que Reserva el Fallo Condenatorio-Lesiones Culposas Agravadas


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
SALA SUPERIOR PENAL DE APELACIONES DE ICA

Exp. N° 00077-2012-93-1401-SP-PE-01.
Imputados             : Carlos Hugo Guerrero Chacaltana y otro.
Delitos                  : Lesiones Culposas y otro.
Agraviados             : Janet Martha Castañeda Mejía y otro.
Procedencia           : Juzgado Penal Unipersonal de Nasca.

  

RESOLUCION N° 25.


SENTENCIA DE VISTA.


Ica, tres de septiembre del año dos mil doce.

I.- VISTOS Y OIDO EN AUDIENCIA PÚBLICA DE APELACION DE SENTENCIA:

1.1. Viene en apelación la resolución número catorce, Sentencia, dictada el diez de febrero del año dos mil doce, mediante la cual la señora Jueza del Juzgado Penal Unipersonal de Nasca, resolvió absolviendo a los acusados Néstor Quincho Espinoza y Carlos Hugo Guerrero Chacaltana, cuyas generales de ley y demás datos que los identifican obran en la parte introductoria de la referida sentencia, por la comisión del delito contra la Administración Pública, delito cometido por funcionario público, en la modalidad de Peculado por Uso, en agravio del Estado Peruano, representando por el Procurador Público Anticorrupción de la Región Ica, ilícito previsto en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y ocho del Código Penal; así como en el extremo que reservaba el fallo condenatorio a los acusados Néstor Jesús Quincho Espinoza y Carlos Hugo Guerrero Chacaltana, en el proceso que se le siguiera por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas agravadas, en agravio de Janet Martha Castañeda Mejía, delito previsto en el cuarto párrafo del artículo ciento veinticuatro del Código Penal; se les fijaba como plazo de la reserva de fallo de un año, dentro del cual se les fijaba las reglas de conducta siguientes: a) prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca; b) comparecer los treinta de cada mes al mismo órgano jurisdiccional, de manera personal y obligatoria, con la finalidad de informar y justificar sus actividades cotidianas, c) no volver a cometer delitos dolosos o culposos; d) reparar el daño ocasionado por el delito cometido, debiendo de indemnizar a la agraviada Janet Martha Castañeda Mejía de veinticinco mil Nuevos Soles cada uno de los sentenciados, en el plazo de seis meses, bajo apercibimiento de revocársele el régimen de prueba en caso de incumplir con una o varias de las reglas impuestas, así también de cumplir el periodo de prueba, acatando las reglas de conducta se dejará sin efecto la inscripción en forma automática, mientras ello ocurra ordenaba su inscripción en los registros correspondientes, con costas.   

1.2 La referida sentencia fue impugnada por el Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa de Nasca (véase a fojas doscientos setenta y siete y siguientes del cuaderno de debates) en los dos extremos de la resolución ante dicha.
Los procesados impugnaron el extremo de la sentencia que reserva el fallo condenatorio.
La Parte agraviada no apeló la sentencia materia de revisión.
Con los argumentos expuestos oralmente por el señor representante del Ministerio Público, la defensa técnica de los procesados, la de la Parte agraviada, las alegaciones orales tanto de los procesados, como de la propia agraviada, cuyos pormenores han quedado registrados en el audio respectivo, la causa fue sometida al voto por el colegiado integrado por los señores Jueces Superiores Segundo Florencio Jara Peña, Rosalinda Travezán Moreyra y Fidel Zárate Zuñiga.

1.3 Interviene como ponente el señor Segundo Florencio Jara Peña.

II.- CONSIDERANDOS:

Primero.- Normatividad aplicable al caso materia de revisión.

1.1 Como ya lo tiene plasmado este colegiado en otros pronunciamientos anteriores, el deber de motivación de las resoluciones judiciales tiene rango constitucional expresado en el artículo ciento treinta y nueve, inciso quinto de la Constitución Política del Estado, el cual tiene aplicación en cualquier proceso judicial; es mas, tal como lo ha expresado el Tribunal Constitucional en varios pronunciamientos, como por ejemplo en la Sentencia dictada en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC, Caso Juan de Dios Valle Molina, fundamento jurídico número cuatro, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.

1.2 En el artículo ciento cincuenta y ocho, inciso uno, del Código Procesal Penal se establece que en la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.

1.3 En esa misma línea de interpretación, el artículo trescientos noventa y cuatro, inciso tres, del citado Código Procesal Penal estatuye que la sentencia contendrá, entre otros, la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique.

1.4 En el literal d), del artículo ciento cincuenta del citado Código Procesal Penal, se establece que no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declaradas aun de oficio la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos en la constitución (nulidades absolutas).

1.5 En tanto que  en el inciso uno del artículo cuatrocientos nueve del Código Procesal Penal antes invocado se precisa que “[L]a impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante”.

Segundo.- Resumen de los alegatos orales en la audiencia de apelación.

2.1 El señor Fiscal Superior que participó de la audiencia de apelación requirió, en su alegato de clausura, que se declare nula la sentencia impugnada; argumentó que se ha llegado a demostrar que la agraviada fue atendida por los procesados y que fue operada por el procesado Néstor Quincho Espinoza, no obstante que éste ya había concluido su turno de trabajo e indebidamente el imputado Guerrero Chacaltana ayudó en la referida intervención quirúrgica cuando el que se hallaba de turno ése día era precisamente esta persona; en la intervención médica ambos procesados incurrieron en graves negligencias que resultó como consecuencia que la agraviada contraiga una faceitis necrotizante, por lo que fue trasladada de emergencia a la ciudad de Ica y posteriormente a la clínica Stella Maris en la ciudad de Lima, en donde tuvo que ser intervenida en varias oportunidades para que se le salvara la vida, operaciones que han demandado gastos por mas trescientos mil Nuevos Soles; igualmente, expreso el Fiscal Superior, se ha probado que los acusados utilizaron los instrumentos del Hospital de Nasca previo cobro indebido al padre de la agraviada; todos estos aspectos no han sido debidamente motivados en la resolución materia de apelación, pues no existe congruencia entre los hechos y medios probatorios, por lo que requirió que se declare nula la sentencia apelada y en el mas breve plazo se lleve a cabo otro juicio oral.
Y otras alegaciones más registradas en el audio correspondiente.

2.2 Por su parte la defensa técnica del procesado Néstor Jesús Quincho Espinoza ha solicitado que se confirme la sentencia impugnada en el extremo que los absuelve por el delito de Peculado por Uso y que se le absuelva o se declare la nulidad en el extremo que reserva el fallo condenatorio; expresó que conforme a la historia clínica de la agraviada ésta llegó al Hospital de Apoyo de Nasca con incompatibilidad céfalo pélvica y signos que ameritaban su intervención por cesárea, procediendo a realizarse el riesgo anestesiológico para llevarse a cabo la intervención; precisó que ningún perito se ha pronunciado sobre la operación que practicaron los imputados, es decir que realmente si se justificaba una cesárea, pues conforme al carne perinatal y el examen al que fue sometida la agraviada se concluyó que tenía placenta envejecida, es decir que se ha probado que se trataba de una emergencia que requería una cesárea. Explicó que el Ministerio Público no ha ofrecido ni incorporado como prueba ningún protocolo de atención en casos similares, sin embargo por su parte han conseguido el protocolo del Hospital Regional de Ica que indica que no es necesario el uso de antibióticos en cirugías limpias, como era el caso de la agraviada; argumentó que no se ha demostrado en qué momento la agraviada se ha infectado con la faceitis necrotizante, de manera que no puede atribuírsele ninguna negligencia a su patrocinado por cuanto su intervención ha sido adecuada, prueba de ello es que el nacimiento del hijo de la agraviada ha sido satisfactorio. Insistió que no existe protocolo que haya desacatado su patrocinado, como se afirma en la sentencia impugnada, de modo que no existe nexo causal entre el accionar de su patrocinado y las lesiones padecidas por la agraviada. Manifestó que el Certificado Médico Legal N° 255, por el contrario ha generado muchas dudas, con esta experticia no se puede probar que su patrocinado haya actuado con negligencia. Precisó que la sentencia recurrido incurre en incongruencias, ya que en una parte se afirma que los procesados han hecho uso de antibióticos y en otra que no lo utilizaron, por todo lo cual solicitó que se absuelva a su patrocinado del delito de lesiones culposas agravadas, por insuficiencia probatoria, en tanto que requirió que se confirme la sentencia en el extremo del Peculado por Uso, ya que la única prueba es el testimonio del padre de la agraviada y contrariamente existen pruebas que se han realizado los pagos correspondientes, en el área de caja, por la intervención quirúrgica.
Y otros argumentos más que están registrados en el audio de la audiencia de apelación.

2.3 En tanto que la defensa del procesado Carlos Hugo Guerrero Chacaltana refirió que con la prueba actuada en el proceso se ha desvirtuado la teoría del caso del Ministerio Público. Sobre el delito de lesiones culposas expresó que la agraviado ha declarado que cuando fue al consultorio de la obstetra Tenorio Palomino ya tenia nueve meses de gestación, lo cual se corrobora con las declaraciones de la madre de la agraviada, la obstetra ya aludida Tenorio Palomino, el informe ecográfico, el certificado de nacido vivo, el certificado medico N° 3931-RM, de los cuales se puede concluir que la paciente Castañeda Mejía realmente ameritaba la cesárea, evidencias que contradicen el Certificado Médico Legal N° 255-PM. Asimismo expresó que no existe informe técnico u otra evidencia que lleve al convencimiento de que los instrumentos y sala de operaciones estuvieron infectados, pues si esto fuera así las otras dos pacientes que fueron intervenidas ese mismo día se habrían infectado a su vez, de modo que no le alcanzaría responsabilidad a su patrocinado por las lesiones padecidas. Argumentó que se ha probado que su patrocinado no ha recibido ninguna suma de dinero del padre de la agraviada, debiéndose tomar en cuenta la declaración del director del Hospital Pedro Torres Obando, quién ha señalado que el padre de la paciente hizo los pagos por la operación y medicinas, de manera que no concurren los elementos del articulo trescientos ochenta y ocho del Código penal para configurarse el delito de Peculado. Asimismo señaló que en la sentencia no hay una coherencia lógica, por lo que solicitó que la sentencia materia de apelación se confirme en el extremo que absuelve a su patrocinado por el delito de peculado de uso y se revoque en el extremo del delito de lesiones culposas y se proceda con la absolución.
Y otras alegaciones más registradas en el audio de la audiencia de apelación.

2.4 A su vez la defensa técnica de la parte agraviada expresó que no existe pronunciamiento respecto al monto de la reparación civil, pues no obstante que se han anexados pruebas respecto a la cuantiosa relación de los gastos efectuados por su patrocinada como consecuencia de la negligencia médica, se ha establecido el monto irrisorio de veinticinco mil Nuevos Soles, no existiendo  una absoluta motivación para haberse señalado esta suma de dinero, por lo que requirió que se declare la nulidad de la misma. Entre otras argumentaciones más registradas en el audio correspondiente.
Entre otros argumentos más registrados en el audio correspondiente.

2.5 La agraviada manifestó que los imputados nunca se preocuparon por ella, ni moral ni económicamente, recayendo todos los gastos en su familia, solicitó que se haga justicia, pues no es posible que médicos continúen laborando y dañando mas personas; precisó que se debe tener en cuenta que el doctor Quincho Espinoza tiene diversas denuncias por negligencias médicas. Entre otras argumentaciones mas.

2.6 Finalmente los procesados expresaron que son inocentes de los cargos imputados, que no han tenido la intención de causar daño a la agraviada y que le brindaron todas las atenciones médicas, pero lamentablemente se infectó con faceitis necrotizante, lo que no obedece a una negligencia médica, pues estos son casos aislados, infrecuentes, desconociéndose su origen.
Y otras alegaciones más registradas en el audio de la audiencia de apelación. 

Tercero.- Hechos imputados por el titular de la acción penal.

3.1 El perseguidor oficial del delito precisó que los hechos que dieron origen a la presente investigación son los siguientes: el veintidós de octubre del año dos mil ocho la agraviada Janet Martha Castañeda Mejía acudió donde la obstreta María Johani Palomino Tenorio, la misma que le había venida efectuando su dos últimos controles pre natales, quién le refirió que requería de una cesárea recomendándole al doctor Néstor Quincho Espinoza, con quién a su vez, previa comunicación telefónica, acordaron el costo de la intervención quirúrgica en ochocientos Nuevos Soles, intervención que tendría lugar el veintitrés de octubre del referido año dos mil ocho en el Hospital de Apoyo de Nasca.
En efecto, la agraviada se hizo presente la fecha últimamente indicada en horas de la mañana por el servicio de emergencia, habiendo su padre efectuado el pago de ochocientos Nuevos Soles por los servicios al citado médico Quincho Espinoza y cien Nuevos Soles por la utilización de la Sala de Operaciones.
Refiere el titular de la acción penal que para la operación el procesado Quincho Espinoza solicitó la colaboración del médico Carlos Hugo Guerrero Chacaltana, quién en aquella fecha se hallaba como Jefe del Servicio de Emergencia, de manera que la intervención tendría que haberla realizado éste último médico y no el referido Quincho Espinoza quién ya había culminado su jornada laboral ese día.
No obstante esta irregularidad la intervención quirúrgica se lleva a cabo, lo que evidencia un servicio privado pero haciendo uso del instrumental y personal del estado.
Luego de la intervención quirúrgica la agraviada contrajo una faceitis necrotizante, debido a que los procesados no previeron los cuidados respectivos y los riesgos quirúrgicos, por lo que fue evacuada a la ciudad de Ica y posteriormente a la ciudad capital de Lima en donde fue sometida a numerosas intervenciones quirúrgicas. 

3.2 Estos hechos fueron calificados por el titular de la acción penal como delito de lesiones culposas graves, tipificado en  el artículo ciento veinticuatro, cuarto párrafo, y Peculado por Uso, tipificado en el artículo trescientos ochenta y ocho, primer párrafo, ambos del Código Penal.

Cuarto.- Análisis de la sentencia impugnada.

4.1 El deber constitucional de la motivación [sea esta escrita u oral] implica que el juez fundamente su decisión en derecho y en las pruebas producidas y actuadas dentro de un debido proceso. Es decir que la motivación debe ser completa, coherente y estricta, esto no significa que sea abundante o extensa, basta que se dé respuesta a las pretensiones y requerimientos de las partes procesales, siempre dentro de las particularidades y la naturaleza del caso sometido a juicio.

4.2 Respecto al derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional ya se ha expresado en reiterados pronunciamientos, verbi gratia STC 010-2002-AI/TC, FJ 133-135, en la que se ha precisado “que el derecho fundamental a la prueba tiene protección constitucional, en la medida en que se trata de un derecho comprendido en el contenido esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución. Una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar los medios probatorios necesarios que posibiliten la creación de convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Sin embargo, como todo derecho fundamental, el derecho a la prueba también está sujeto a restricciones o limitaciones, derivadas tanto de la necesidad de que sean armonizados con otros derechos o bienes constitucionales –límites extrínsecos–, como de la propia naturaleza del derecho en cuestión –límites intrínsecos”.

En esa línea de ideas en la STC 01014-2007-PHC/TC, FJ 11, se ha precisado que “[A]tendiendo al doble carácter de los derechos fundamentales en general y del derecho a la prueba en particular, éste, en su dimensión objetiva, comporta también el deber del juez de la causa de solicitar, actuar y dar el mérito jurídico que corresponda a los medios de prueba en la sentencia. En la medida en que el objetivo principal del proceso penal es el acercamiento a la verdad judicial, los jueces deben motivar razonada y objetivamente el valor jurídico probatorio en la sentencia”.

4.3 Ahora bien, cuando el imputado niega el hecho o cuestiona pasajes del mismo, corresponde al Órgano Jurisdiccional determinarlo a partir de la valoración de la prueba en el Juicio Oral. Esta es la lógica del proceso penal contradictorio; vale decir que solo en esta hipótesis se ingresa, dentro de los debates orales, a la etapa probatoria.

4.4 Revisados los actuados, en torno al deber de motivación y el derecho fundamenta a la prueba, en los términos anteriormente explicados, se advierte lo siguiente:

a) Efectivamente, en la sentencia materia de revisión se hace un detalle pormenorizado de toda la actividad probatoria producida en el juicio oral, no obstante esto se ha incurrido en una infracción al deber constitucional de motivación en tanto y en cuanto la decisión no se ha fundamentado en la prueba actuada, ya sea por haberse omitido, ya sea por haber citado evidencias inexistentes o no actuadas en el plenario, como lo explicaremos a continuación.

b) En primer lugar no se ha explicado fundadamente, sustentada en la correspondiente actividad probatoria, en qué momento la agraviada se contagió con la bacteria que a la postre le produjo la faceitis necrotizante, repárese que uno de los delitos imputados a los procesados, lesiones culposas, se sustenta en la inobservancia de los deberes de cuidado, no obstante que el perseguidor oficial del delito hace referencia a dos momentos: pre operatorio (al no observar los protocolos de los hospitales públicos respecto a la desinfección de las salas de operaciones) y post operatorio (al omitir los procesados prescribir la aplicación de antibióticos).
Es decir que en la sentencia se debió explicar en que momento los procesados inobservaron las reglas de su profesión.

c) En el ítem 13.13, parágrafo final, de la sentencia recurrida se afirma lo siguiente “mas aún que el uso de antibióticos y profilaxis post operación se encuentran recogidos en protocolos del Ministerio de Salud del país, lo que no ha sido aplicado por los acusados, a quienes se les encuentran responsables de los hechos de lesiones culposas graves” (sic). Cierto es que en esta parte la señora jueza atribuye que la infección se suscitó en un momento post operatorio, pero no ha sustentado o no ha fundado esta afirmación en algún medio probatorio validamente incorporado y actuado en el plenario, por el contrario en el Certificado Médico Legal N° 013931, consistente en un informe conteniendo preguntas y respuestas,  suscrito por los médicos legistas Roger Pacheco Carranza y Silvia Liliana Ching Ganoza (ver fojas ciento sesenta y tres al ciento sesenta y ocho del expediente judicial), en el cual los referidos profesionales requirieron, para establecer si se han infraccionado o no protocolos previamente establecidos, la remisión del Protocolo de Parto por Cesárea del Hospital de Apoyo de Nasca o cualesquiera del Ministerio de Salud.
Vale decir que no se ha incorporado al acervo probatorio ningún protocolo al respecto, empero, como lo señalamos anteriormente, la señora jueza de primera instancia afirma que la responsabilidad de los procesados se sustenta en la vulneración de estos protocolos. 

d) Respecto al delito de Peculado por Uso, en el ítem 13.12 se afirma que el médico Quincho Espinoza le cobró indebidamente –al padre de la agraviada- una suma adicional por intervenirla en la sala de operaciones, por lo que en este extremo no se encuentra responsabilidad en ambos procesados –se afirma en la sentencia-, pero no se ha explicado razonadamente cómo es que este cobro indebido, que para la magistrado de primera instancia si existió, no tiene relación con el delito contra la administración pública antes citado.

e) En cuanto al juicio de subsunción y determinación de la responsabilidad también se han detectado omisiones que infringen el deber de motivación.
Cierto, en la sentencia impugnada se parte de la premisa que “el Ministerio Público ha probado más allá de toda duda razonable que los acusados son autores directos del delito que se les reprocha y responsable de los hechos incriminados”, se afirma que los acusados son profesionales en la salud en la especialidad de gineco obstetricia y ha actuado siguiendo una escuela médica que propende al no uso de antibióticos para evitar que los gérmenes se tornen resistentes, que esto no los excluye de la responsabilidad penal, que de no usar antibióticos y no acatar protocolos nacionales dejan en indefensión a sus pacientes que pueden infectarse con gérmenes agresivos como el caso que nos ocupa –se afirma en la sentencia en cuestión-.
Resulta evidente entonces que en la sentencia materia de revisión no se ha explicado fundadamente (léase motivar) cuáles han sido las razones para que se haya optado por esta medida de resocialización, la reserva del fallo condenatorio lo es, cuáles fueron las razones para que se haya evitado al aplicación efectiva o suspendida de la pena privativa de la libertad contenida en el tipo penal respecto del cual la instancia de mérito había concluido, más allá de toda duda razonable, que se demostró su configuración y la participación responsable de los acusados.
Esta omisión constituye falta de motivación (ver décimo cuarto y décimo quinto considerandos de la sentencia en cuestión), ya que se debió de indicar de manera concreta, conforme a las hipótesis contenidas en el artículo sesenta y dos del Código Penal, las circunstancias que han permitido, a la instancia de mérito, elaborar el pronóstico sobre la futura conducta de los condenados, vale decir que acá se exige que el juez no decida de manera arbitraria la decisión (sea esta negativa o positiva).
Por último, a despecho de la imprecisión de la norma, se debió fijar la pena, pero no imponerla (esa es la naturaleza de la reserva del fallo condenatorio), con lo cual se evitaran imprecisiones en futuras eventualidades frente al incumplimiento de las reglas de conducta. Todo lo cual también fue omitido en la sentencia recurrida.  

f) Finalmente, en cuanto a la determinación de la Reparación Civil se ha incurrido también en graves omisiones que afectan la debida motivación, pues téngase presente que el Ministerio Público –la parte agraviada no se ha constituido en Actor Civil- ha requerido como sanción civil la suma de trescientos mil Nuevos Soles, empero, sin una explicación razonada, en la sentencia materia de revisión se ha impuesto la suma de veinticinco mil Nuevos Soles que cada uno de los procesados debe abonar a la agraviada, no obstante que se han incorporado y actuado evidencias documentales relacionadas con este rubro.

4.5 Expuesto el caso del modo que antecede se infiere que la sentencia materia de revisión vulnera el deber constitucional de motivación de las resoluciones judiciales y el derecho fundamental a la prueba, en los parámetros explicados anteriormente, en consecuencia, en aplicación de lo estatuido en el inciso uno, del artículo cuatrocientos nueve del Código Procesal antes citado, este Tribunal tiene competencia para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante, pero que si han sido detectadas por el tribunal de alzada como en el caso presente, con el añadido de que las nulidades sustanciales si han sido advertidas también por las partes procesales, pues en los alegatos de clausura protestaron la nulidad de la sentencia recurrida, por lo que, conforme a lo previsto en el artículo ciento cincuenta, literal d), del Código Procesal Penal ya traído a colación, corresponde declarar la nulidad de la misma, retrotrayéndose el acto hasta el estado procesal en que se incurrieron los vicios insubsanables.

4.6 Cabe precisar también que los autos deben ser remitidos a otro Juzgado Unipersonal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veintiséis, inciso uno, del Código Procesal Penal, para la emisión, previo juicio oral, del pronunciamiento que corresponda, en el cual se deberán tener en cuenta las observaciones detectadas y los dispositivos legales y constitucionales, así como los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, invocados en la presente sentencia, para no volverse a incurrir en los mismos yerros.

DECISIÓN:

Por los fundamentos antes expuestos los integrantes de la Sala Superior Penal de Apelaciones de Ica, por unanimidad,  RESUELVEN:

1.- DECLARANDO NULA la resolución número catorce, Sentencia, dictada el diez de febrero del año dos mil doce, mediante la cual la señora Jueza del Juzgado Penal Unipersonal de Nasca, resolvió absolviendo a los acusados Néstor Quincho Espinoza y Carlos Hugo Guerrero Chacaltana, cuyas generales de ley y demás datos que los identifican obran en la parte introductoria de la referida sentencia, por la comisión del delito contra la Administración Pública, delito cometido por funcionario público, en la modalidad de Peculado por Uso, en agravio del Estado Peruano, representando por el Procurador Público Anticorrupción de la Región Ica, ilícito previsto en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y ocho del Código Penal; así como en el extremo que reservaba el fallo condenatorio a los acusados Néstor Jesús Quincho Espinoza y Carlos Hugo Guerrero Chacaltana, en el proceso que se le siguiera por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de lesiones culposas agravadas, en agravio de Janet Martha Castañeda Mejía, delito previsto en el cuarto párrafo del artículo ciento veinticuatro del Código Penal; se les fijaba como plazo de la reserva de fallo de un año, dentro del cual se les fijaba las reglas de conducta siguientes: a) prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del Juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca; b) comparecer los treinta de cada mes al mismo órgano jurisdiccional, de manera personal y obligatoria, con la finalidad de informar y justificar sus actividades cotidianas, c) no volver a cometer delitos dolosos o culposos; d) reparar el daño ocasionado por el delito cometido, debiendo de indemnizar a la agraviada Janet Martha Castañeda Mejía de veinticinco mil Nuevos Soles cada uno de los sentenciados, en el plazo de seis meses, bajo apercibimiento de revocársele el régimen de prueba en caso de incumplir con una o varias de las reglas impuestas, así también de cumplir el periodo de prueba, acatando las reglas de conducta se dejará sin efecto la inscripción en forma automática, mientras ello ocurra ordenaba su inscripción en los registros correspondientes, con costas.   

2.- DECLARANDO NULO todo lo actuado hasta fojas trece del cuaderno de debates, en el que obra el auto de citación para juicio oral, dictado el veinticinco de octubre del año dos mil once.

3.- ORDENARON la realización de un nuevo juicio oral por el Juzgado Penal Unipersonal llamado por Ley, en reemplazo de la señora Jueza que expidió la sentencia declarada nula.

4.- DISPUSIERON la devolución de los actuados al despacho de origen para su remisión al órgano jurisdiccional llamado por Ley. Sin costas en esta instancia.

S.S.

JARA PEÑA.
TRAVEZAN MOREYRA.
ZARATE ZUÑIGA.

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