lunes, 12 de noviembre de 2012

Confirma Prisión Preventiva

      
        CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ICA
                        SALA PENAL DE APELACIONES


EXPEDIENTE            : 00183-2012-87-1401-SP-PE-01
ASISTENTE               : DRA. ROSA DE LA CRUZ QUISPE
IMPUTADO                : CARLOS ALBERTO LACHO ANTONIO
DELITO                      : VIOLACION SEXUAL 
AGRAVIADO              : IDENTIDAD RESERVADA


RESOLUCIÓN N° 09
Ica, seis de Noviembre del
dos Mil doce.-

                                      AUTOS, VISTOS Y OIDOS, en audiencia privada, efectuado el día de la fecha habiéndose escuchado los fundamentos alegados por la defensa técnica del investigado Carlos Alberto Lacho Antonio, y la del Ministerio Público en la audiencia de apelación de prisión preventiva, corresponde emitir la resolución que compete, interviene como Ponente la señora Travezán Moreyra.

I.- MATERIA DE REVISIÓN
            Es materia de grado, la resolución número seis dictada en audiencia privada, de fecha diecisiete de Octubre del año dos mil doce por la cual la Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Parcona resuelve DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitado por el representante del Ministerio Público, contra CARLOS ALBERTO LACHO ANTONIO, por el plazo de seis meses y que será computado una vez sea aprehendido e internado el imputado en el Establecimiento Penal, para el cumplimiento de la prisión preventiva, con lo demás que contiene al respecto, en la investigación seguida en su contra, por la presunta comisión del delito Contra la Libertad en la modalidad de delito de Violación Sexual de menor de edad previsto en el artículo ciento setentitrés inciso tres primer párrafo inciso 3) del Código Penal, en agravio de la menor de iniciales E.Y.L.B.; impugna la resolución el abogado defensor del imputado. 

II.- FUNDAMENTOS DEL APELANTE
            2.1 Que, la defensa del investigado Carlos Alberto Lacho Antonio conforme al recurso de apelación de fecha veintidós de Octubre del año dos mil doce (fojas 76 a 85), así como en la audiencia de apelación, señala que la resolución  cuestionada no existe la debida motivación para declarar fundada la prisión preventiva, por lo que solicita se revoque la resolución, y reformándola se declare infundada la medida coercitiva de prisión preventiva, fijando en su lugar una menos gravosa – una comparecencia  restringida o simple; que respecto a los supuestos fundados y graves elementos de convicción que vinculan a su defendido con el ilícito penal, no existen indicios suficientes para vincular a su defendido con el presunto delito materia de investigación,  por cuanto se tiene que inicialmente el 14-11-2011, la agraviada expresa a la Médico y al personal de salud que la atendió en el Hospital Regional de Ica, que el padre de su hija era un mototaxista, y conforme lo sostiene la testigo Delia Remigia Bendezú de Hernández al responder la segunda pregunta, que la menor llegó acompañada de su hermana Sandra Lacho Bautista de 16 años, horas después llegó al Hospital su papá Carlos Alberto Lacho Antonio,  así mismo se aprecia del Informe de Guardia del Hospital Regional de Ica, que en ninguna parte del citado documento  refiere que  cuando se le preguntó a la menor sobre el padre de su hijo, al responder ella, haya estado presente  el imputado, sin embargo el señor Fiscal afirma que si estaba presente  el imputado y la magistrada da por cierto tal afirmación, sin que existan elementos de convicción que los respalden; señala además la Magistrada que la sindicación de la agraviada hacia su defendido, la considera uniforme y persistente, desde su declaración hasta su protocolo de pericia psicológica, tratando de corroborarlo con la testimonial de la madre de esta doña Elizabeth Elena Bautista Auris y la testimonial de Sonia Gloria Bautista Auris, sosteniendo que  tal imputación está siendo corroborada con elementos periféricos, lo cual no es del todo cierto, dado a que si bien es cierto ni la madre, ni la tía de la presunta agraviada estuvieron presentes  cuando se dieron los hechos materia de investigación, no resulta tampoco lógico, ni creíble que si la menor en su declaración, sostiene que tuvo anteriormente enamorados y con uno de ellos procreo un bebé, el cual falleció, también refiere  que el imputado  la abuso sexualmente  en el mes de Diciembre de 2010 cuando ella se encontraba de visita viviendo en su casa de Parcona, y que la primera vez ocurrió cuando  el imputado llegó borracho a su casa y ella estaba durmiendo, y la segunda vez se dio al siguiente día de la primera, sin brindar mayores detalles como fueron estas, agregando  además que la tercera vez ocurrió en el mes de Enero y la cuarta y última vez se dio en el mes de carnavales, por lo cual quedó embarazada. Lo cual no resulta lógico ni creíble, que una persona (menor de edad) es abusada sexualmente por su padre con quien no se crió durante sus primeros años, ya que por versión de su madre  la firmó después de un año  de nacida y se aproximó a ella a partir de los seis años de edad, haya permitido que  su padre la siga llevando y tenerla en su poder para abusar sexualmente de ella, si como sostiene su madre la llevaba desde Santo Domingo de Capillas hacia Parcona  para tenerla en su poder unos días; y la madre no denunció el hecho apenas tomó conocimiento de la misma; además se tiene de la investigación y del dicho de la menor agraviada, su padre nunca la amenazó para que no contara lo sucedido. Además se desprende de la pericia psicológica que la menor en dicha pericia  sostiene haber sido abusada sexualmente tanto vía vaginal como anal, sin embargo de la pericia  médico legista que la menor no presenta de acto contra-natura, ni recientes, ni antiguas lo cual desmiente a la citada menor. La  Juez sostiene y ampara su resolución al señalar que la menor expresa decir la verdad, dado a que sostiene que pensaba que iba a morir, sin embargo no explica las razones  de porque le causan convicción, lo cual lo  entiende como contradictoria o un contrasentido, ya que cuando ocurría  el hecho  del supuesto peligro  a la vida de la agraviada esta sostiene que el padre  de su bebé era un mototaxista, sin embargo al practicársele su pericia psicológica y en la declaración referencial sindica a su defendido como el padre de su bebé y el autor de las violaciones sufridas, lo cual no sirve  de elemento de convicción para amparar la prisión preventiva.
Con relación al peligro de fuga y/o obstaculización,  existe una indebida  motivación, al considerar que existe peligro de fuga porque su defendido no tiene domicilio  o arraigo conocido, así como  la conducta que muestra de no someterse a la prueba de ADN por tener una detención preliminar hace prever que tratará de eludir a la acción de la justicia, no se encuentra ajustada a derecho, porque su defendido para proteger su libertad no se ha hecho presente a rendir su declaración, como tampoco a que se le practique  la citada prueba. Además la madre  de la menor agraviada así como la tía sostienen que su defendido vive en la calle 28 de Julio H-17-Parcona, sin embargo el notificador refiere que no existe esa dirección, entonces, de donde la madre y tía y la propia menor sacan que su defendido vive en 28 de Julio H-17. No existe una  vinculación suficiente de su defendido con la ejecución del presunto delito, por no darse copulativamente los tres presupuestos materiales que establece la norma procesal penal. Y otras alegaciones más que aparecen registrados en audio.
2.2 Por su parte el señor representante del Ministerio Público en la audiencia de apelación, solicita que se confirme la resolución apelada, en virtud de que se dan los presupuestos para dictar mandato de prisión preventiva como lo señala el artículo doscientos sesentiocho del Código Procesal Penal y que los graves y fundados elementos de convicción, lo cierto es que existe una imputación directa de la menor agraviada que obra en su referencial del día doce de Marzo del dos mil doce, la que se dio con todas las formalidades de ley en presencia del Fiscal de Familia, del Fiscal en lo Penal y del abogado defensor del investigado (para después rectificar en la réplica de que se trataba de la abogada que acompañaba a la agraviada), donde señaló que  fue su padre que la ultrajó en cuatro oportunidades, el primer hecho fue en el mes de Diciembre de 2010 antes de la Navidad cuando tenía catorce años y las tres restantes en el mes de Enero y Febrero de 2011 y fruto de esas relaciones el 14 de Noviembre de 2011 nació la menor llamada Xiomara, y el producto de la violación coincide con la última fecha que el imputado mantuvo relaciones sexuales con la agraviada el mes de Febrero de 2011, siendo evidente el hecho consumado por parte del imputado. También señala que existe el peligro procesal, en razón a que  el procesado estando con mandato de detención preliminar con el objeto de que se le realice la prueba de la ADN a fin recabarse las pruebas y remitirse al Laboratorio de Medicina Legal de Lima dicha prueba, el imputado no ha comparecido, lo que evidencia una fuga cierta, tiene conocimiento del proceso que se le sigue y que la menor agraviada es su hija. En cuanto a la prognosis de la pena, se ha tipificado como delito de violación sexual de menor de edad tipificado en el artículo 173.3 del Código Penal, por lo que considera que dicha tipificación el Fiscal Provincial tendrá que reconducir la tipicidad de acuerdo al Acuerdo Plenario N° 1.2012, porque los hechos ya no tendría que ver con la indemnidad sexual, sino con la libertad sexual de acuerdo al Artículo 170 primer párrafo con la agravante del segundo párrafo cuya pena es no menor de 12 ni mayor de 18 años, por el vínculo de parentesco que existe entre el imputado y la agraviada, en consecuencia se dan los tres presupuestos para el dictado de la prisión preventiva. Y otras alegaciones más que se encuentra registradas en audio de la audiencia.

III.- I CONSIDERANDO:

1.                   Que, conforme al requerimiento de prisión preventiva, a CARLOS ALBERTO LACHO ANTONIO, se le atribuye la comisión del delito Contra la libertad en su modalidad  de Violación Sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales E.Y.L.B., ilícito  penal previsto y sancionado por el artículo ciento setentitrés primer párrafo inciso tres del Código Penal, cuya pena es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años de pena privativa de libertad; siendo los hechos denunciados que,  Delia Bendezú Ochoa, en su condición de Médico-Ginecóloga del Hospital Regional de Ica, mediante Informe de Guardia, da cuenta que el 14 de Noviembre de 2011, siendo aproximadamente las 7.30 pm, ingresó al servicio de Emergencia la paciente Lacho Bautista Evelyn de 15 años de edad, con historia clínica N° 547972, procedente del Centro de Salud de Tambo Capillas, presentando retención placentaria tas haber dado a luz en dicha institución a las 00.09 horas, sobre el apellido de su bebé afirmó que fue producto de una violación por parte de una persona desconocida (mototaxista), hecho ocurrido en el mes de Febrero en el distrito de Parcona. Sobre estos hechos, al prestar su declaración ante la Fiscalía la menor agraviada de iniciales E.Y.L.B. (16) ha sindicado, que su padre Carlos Alberto Lacho Antonio, es el padre de su hija que dio a luz, luego, que éste hasta en cuatro oportunidades llegara bajo estado de ebriedad a ultrajarla sexualmente sin que la menor pudiera evitarlo pese a que lloraba y gritaba, siendo la primera vez, antes de la navidad del año 2010, cuando la menor llegó de visita a la casa de su padre en la localidad de Parcona, procedente de Santo Domingo de Capillas donde residía con su madre, circunstancia que fue aprovechado por Carlos Lacho, quien bajo estado de ebriedad y viendo que la menor dormía sola, la tomó y la accedió  sexualmente; en tanto que la segunda vez, sería al día siguiente de la primera vez que la abuso sexualmente; luego en Enero de 2011 y la última vez en fecha de carnavales del 2011, siendo esta  cuarta oportunidad que la menor salió embarazada dando a luz el 14 de Noviembre de 2011, a un menor de sexo femenino de nombre Xiomara Rafaela Lacho Bautista; sobre el cual, su progenitor, incluso se ofreció ocuparse del bebé porque asumía que era su hija.

2.                   Al respecto el artículo 268 del Código Procesal Penal  prevé los presupuestos materiales para el dictado de prisión preventiva indicando que “1. El Juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva, si atendiendo a los primeros recaudos sea posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: a) Que existen fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. b) Que la sanción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad; y c) Que el imputado, en razón a sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia (peligro de fuga) u obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización).”, precisándose en los artículos 269 y 270 de la norma acotada, los supuestos en que se consideran concurrentes el peligro de fuga y el de obstaculización.

3.                   Debe tenerse en consideración que la prisión preventiva, es una medida excepcional de carácter subsidiario, razonable y proporcional; que tiene como última finalidad asegurar el éxito del proceso. No se trata de una medida punitiva, por lo que, mediante ella, no se adelanta opinión respecto de la culpabilidad del imputado en el ilícito que es materia de Investigación, por cuanto ello implicaría quebrantar el principio constitucional de presunción de inocencia. Sólo se trata de una medida cautelar, cuyo objeto es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional.

4.                   Que, la norma hace alusión a la existencia de fundados y graves elementos de convicción que hagan estimar la comisión de un delito; la Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ de fecha trece de septiembre de dos mil once emitida por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, aprobando la Circular sobre Prisión Preventiva; señala “Que, el primer presupuesto material a tener en cuenta –que tiene un carácter genérico- es la existencia de fundados y graves elementos de convicción –juicio de imputación judicial- para estimar un alto grado de probabilidad de que el imputado pueda ser autor o partícipe del delito que es objeto del proceso penal (…). Al respecto es necesario contar con datos y/o graves y suficientes indicios procedimentales –del material instructorio en su conjunto- de que el imputado está involucrado en los hechos”; y fundamentalmente la vinculación de los hechos con el imputado de modo que se concluya que éste es autor o partícipe.

5.                   En el caso de autos, denota singular importancia la declaración de la menor agraviada, quien sindica  de manera persistente en su referencial, así como en la Pericia Psicológica que se le practicara, al señalar “ el papá de mi hija es mi papá Carlos Alberto Lacho Antonio” quien abusó sexualmente de ella en la casa de su papá en Parcona, cuando llegaba borracho y cuando ella estaba de visita sola en su casa, no había nadie, estaba durmiendo sola y abusó de ella antes de la Navidad del dos mil diez, luego abusó de ella tres veces más, la segunda fue al siguiente día de la primera vez, y la tercera fue en Enero del dos mil once y la última fue en los carnavales del dos mil once, fecha en que salió embarazada de él, y que las veces que mantenía relaciones sexuales con ella era cuando se encontraba en estado de ebriedad; así mismo se tiene que  la menor agraviada  cuando fue examinada por la Médico Legista en la data se consigna: menor acude en compañía de su madre, refiere: “que en Noviembre del 2010 cuando estaba sola con su papá, este le obligaba a tener relaciones sexuales y que luego hizo lo mismo en Diciembre de 2010 y Febrero de 2011, saliendo embarazada” (folio 16); también se tiene que como producto de dichas relaciones sexuales la menor quedó embarazada la que dio a luz a una niña en el Centro de Salud de Tambo-Huancavelica de donde la derivaron conjuntamente con su bebé recién nacido al Hospital Regional con el diagnóstico de retención placentaria, hecho ocurrido el 14 de Noviembre de 2011 conforme fluye de la declaración de la testigo Delia Remigia Bendezú de Hernández. También se tiene de la declaración de la menor que no contó por miedo, a que le pegara su abuelita, si le contaba a su mamá tenía miedo que no le creyera, se quedó callada por miedo; de lo que se colige que existe la probabilidad de que esta persona mantuvo relaciones sexuales con la agraviada de identidad reservada cuando su padre llegaba a Capillas a la casa de su madre y la recogía para llevarla a su casa ubicado en el distrito de Parcona-Ica cuando ésta tenía catorce años de edad, viviendo solos en dicho domicilio, lugar donde mantenía las relaciones sexuales y que como producto del mismo quedó embarazada; existiendo verosimilitud en la declaración de dicha menor, y no aparece ninguna causa externa a lo sucedido para sindicar al investigado; siendo que la defensa del investigado CARLOS ALBERTO LACHO ANTONIO sostiene que no existen indicios suficientes para vincular a su defendido con el presunto delito materia de investigación, teniéndose en cuenta que según versión de la misma agraviada ésta fue violada por un mototaxista conforme lo relató a la Médico Ginecóloga que la atendió cuando fue trasladada desde el Centro de Salud de Tambo-Huancavelica al Hospital Regional de Ica con el diagnóstico de retención placentaria, hecho que debe dilucidarse durante la investigación; sin embargo estando a la magnitud de los elementos de convicción ofrecidos y sustentados por el Ministerio Público, se tiene la concurrencia del primer elemento material para el dictado de la prisión preventiva; vale decir la concurrencia de fundados y graves elementos de convicción para estimar un alto grado de probabilidad de que el imputado pueda ser autor o partícipe del delito materia de investigación; pues cabe destacar que los fundados y graves elementos de convicción no solamente deben dar cuenta de la vinculación del imputado con el hecho, sino también de la propia existencia -con probabilidad alta- del delito imputado, no basta una simple apariencia; bajo este contexto, el actuar atribuido al imputado Lacho Antonio, a quien se le atribuye la violación sexual, se tiene que  la imputación de la menor prima facie no aparece que sea parcializada o que exista incredibilidad subjetiva, además aparece verosímil y ha sido persistente al prestar su declaración en ante el Fiscal de Familia, Fiscal Penal y el abogado de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de Parcona, y al ser examinada por la médico legista se advierte que: 1) presenta signos de parto vaginal antiguo, 2) no presenta signos de acto contranatura, 3) no presenta lesiones, 4) edad aproximada: 15-16 años, conforme al certificado médico legal que obra en autos, por lo que a consideración de este Colegiado, es concurrente el primer elemento material para el dictado de la prisión preventiva. 

6.                   Que, en cuanto a la prognosis de pena, efectivamente siendo que el tipo penal materia de investigación y tipificado por el Ministerio Público es el delito de Violación Sexual de menor de edad, sancionado por el inciso tercero del primer párrafo del artículo ciento setentitrés del Código Penal cuya pena es no menor de veinticinco ni mayor de treinta años de pena privativa de libertad, con lo que  es concurrente este segundo requisito a los efectos del artículo 268, inciso 1, literal b), del Código Procesal Penal; debido a que no se observa circunstancias que permitan visualizar en caso de imponérsele una sanción, la probabilidad de una penalidad inferior a los cuatro años de pena privativa de la libertad; por lo que es concurrente la prognosis de pena en cuanto a que se hace previsible una sanción superior a los cuatro años de pena privativa de la libertad.
 
7.                   En cuanto al peligro procesal, la defensa del imputado CARLOS ALBERTO LACHO ANTONIO señala que de acuerdo a la gravedad de la pena su patrocinado no se ha presentado a prestar su declaración ni a que se le someta a la prueba de la ADN debido a que se encuentra con mandato de detención, pero la señora Juez no ha tomado en cuenta el Acuerdo Plenario 2-2005/CJ-116 en que las versiones  de los agraviados deben ser consistentes entre si, la menor da una versión primigenia ante la médico ginecóloga a quien le dice que la persona que la violó fue un mototaxista, para después ante la Fiscalía en presencia del señor Fiscal de Familia, el Fiscal Penal y del abogado de la Unidad de Asistencia Inmediata a Víctimas y Testigos de Parcona que acompañaba a la menor,  ésta varía su versión y dice que fue su padre el que la violó sexualmente, también señala que de acuerdo a la Ficha de la RENIEX se tiene sus datos completos de su patrocinado, dirección, ocupación, grado de instrucción primaria, también se ha recabado los antecedentes penales con el que se acredita que es agente primario del delito, y que en cuanto al arraigo domiciliario que se señala en la resolución no se ajusta a la verdad, porque el notificador al concurrir a esas direcciones señala que no existe;  sin embargo se tiene que dicho investigado al no concurrir a las citaciones que se le hizo para la diligencia de prisión preventiva, se dispuso se le notifique en su domicilio que aparece de la ficha de la RENIEC ubicado en el Anexo de  Huañaccancha distrito de Santo Domingo de Capillas-Huaytará-Huancavelica, informando el Gobernador de dicho Distrito que  no fue notificado, toda vez que el imputado se encuentra con el paradero desconocido (NO HABIDO), desde  hace un buen tiempo a esta parte” (folio 46), por lo que se dispuso se notifique a dicho investigado mediante Edictos en el diario Oficial El Peruano, conforme se advierte a fojas 52 y de 66 a 68, no habiéndose presentado para la audiencia de prisión preventiva; así mismo debe tenerse en cuenta, que estando en libertad obstaculizaría la averiguación de la verdad, toda vez que podría influir en la agraviada para que cambie de versión, tratándose de que la misma es su hija;  por lo que los supuestos del artículo 269 del Código Procesal Penal respecto del  peligro de fuga deben ser analizados en conjunto; denotándose que es concurrente la gravedad de la pena que se espera como resultado del proceso, ésta sería superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, si se acreditara el delito y su participación, lo que permite colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia; como lo refiere la Circular sobre Prisión Preventiva, aprobada mediante Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha 13 de septiembre de 2011, al indicar que en la fase inicial del proceso, la necesidad de atender a los fines de la prisión preventiva y los escasos datos de que en esos primeros momentos podría disponerse pueden justificar que dicha medida coercitiva se acuerde apreciando únicamente el tipo del delito y la gravedad de la pena que conlleve, pues de tales elementos puede colegirse los riesgos de fuga y/o entorpecimiento.”, y Que, no existe ninguna razón jurídica ni legal –la norma no expresa en ningún caso tal situación- para entender que la presencia de algún tipo de arraigo descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva.”, concluyendo que “Es perfectamente posible aplicar la prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido”; y siendo la prisión preventiva una medida coercitiva personal con fines procesales, cuya finalidad es sólo asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal; por lo que es concurrente a juicio de este Colegiado la existencia del peligro procesal.  Apareciendo razonable y proporcional en el caso concreto el dictado de la medida cautelar de prisión preventiva, para los efectos de garantizar los fines del proceso penal.

IV.- DECISIÓN:
Por los fundamentos expuestos los integrantes de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ica, han resuelto lo siguiente:
1.      DECLARAR INFUNDADO la apelación interpuesta por el imputado Carlos Alberto Lacho Antonio.

  1. CONFIRMARON la resolución número seis dictada en audiencia privada, de fecha diecisiete de Octubre del año dos mil doce, por la cual la Juez de Investigación Preparatoria de Parcona resuelve DECLARAR FUNDADO el requerimiento de PRISIÓN PREVENTIVA solicitado por el representante del Ministerio Público, contra CARLOS ALBERTO LACHO ANTONIO, disponiendo su captura e internamiento al establecimiento Penitenciario de Ica, con lo demás que contiene al respecto.

3.      DISPUSIERON se devuelvan los autos al Juzgado de origen para los fines consiguientes. Notificándose con arreglo a ley.
S.S.
COAGUILA CHAVEZ
JARA PEÑA
TRAVEZAN MOREYRA

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