lunes, 21 de enero de 2013

Infundada prolongación de prisión preventiva


Corte Superior de Justicia de Ica
Sala Penal de Apelaciones – Ica
EXPEDIENTE                          : 00408-2011-23-1401-JR-PE-02
ESPECIALISTA                       : ROSA DE LA CRUZ QUISPE
MINISTERIO PÚBLICO         : 4TO. DESP. DE ADECUACION DE LA 1FPI
IMPUTADO                           : DIAZ FERNANDEZ, FELICIANO Y OTROS
DELITO                                   : TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
AGRAVIADO                       : ESTADO PERUANO
                                  

RESOLUCIÓN  Nro. 09
Ica, nueve de enero del dos mil trece.-
AUTOS, VISTOS Y OIDOS: En audiencia pública; interviene como Juez Superior ponente el señor COAGUILA CHÁVEZ.
PRIMERO: OBJETO DE LA ALZADA
Viene en grado de apelación la resolución número seis, de fecha diecisiete de diciembre del año en curso, que declara fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra los sentenciados Guillermo Freddy Yauri Valenzuela, Feliciano Díaz Fernández y Juan Carlos Fernández Chillcce, en el proceso que se les sigue por el delito de tráfico ilícito de drogas en forma agravada, en agravio del Estado, por el plazo de seis años, el que vencerá el cinco de enero del dos mil diecisiete, al haber sido recurrida por la defensa del sentenciado Juan Carlos Fernández Chillcce, mediante escrito de fojas noventa y dos a noventa y cinco.
SEGUNDO: ARGUMENTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
El señor Juez de la Investigación Preparatoria en la resolución recurrida, dice:
2.1 Que, frente al cuestionamiento que se ha hecho a la competencia del Órgano Jurisdiccional, para conocer la pertinencia de prolongación de prisión preventiva, dice que el inciso 2 del artículo 274, señala de manera expresa que es el Juzgado de Investigación Preparatoria, quien se pronunciará respecto al pedido de prolongación de prisión preventiva, por lo que considera no tener impedimento alguno para conocer el requerimiento, ello acorde además con lo prescrito por el inciso 2 del artículo 19 de la norma procesal.
2.2 Señala que frente a lo solicitado por el Ministerio Público, advierte que se hallan frente a una sentencia condenatoria con pena privativa de libertad, la misma que tiene como fecha 11 de junio del año 2012, a través de la cual a Yauri Valenzuela se le impuso doce años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva, mientras que a Feliciano Díaz Fernández y Juan Carlos Fernández Chillcce, se les impuso dieciocho años de pena privativa de libertad efectiva, por la comisión del delito contra la salud pública trafico ilícito de drogas en su forma agravada - en agravio del Estado peruano, delito previsto en los incisos 6 y 7 del artículo 297 del Código Penal, concordante con el artículo 296 del texto punitivo, con las accesorias que señala la aludida sentencia, y en ese orden de ideas, conforme al inciso 2 del artículo 418 del Código Procesal Penal se hallan ante una ejecución provisional de la sentencia dictada por el Juzgado Penal Colegiado, teniendo en cuenta que la aludida sentencia ha sido objeto de apelación por Feliciano Díaz Fernández y Juan Carlos Fernández Chillcce.
2.3 Refiere que considerando lo anterior y ante una ejecución provisional de la sentencia apelada, el inciso 4 del artículo 274 del Código Procesal Penal, faculta al Ministerio Público, a solicitar se prolongue la prisión preventiva, máxime si la misma ha sido objeto de apelación, tal y como ha sido señalado por el Ministerio Público, y reconocido por la defensa de los sentenciados Feliciano Díaz Fernández y Juan Carlos Fernández Chillcce, quienes incluso han señalado que se halla pendiente de pronunciamiento por la Sala de Apelaciones.
2.4 Dice además que el mandato de prisión preventiva constituye una medida cautelar, cuyo objetivo es resguardar la eficiencia plena de la labor jurisdiccional, es decir que tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado en el proceso, proyectándose a evitar el peligro procesal o la posible fuga, las acciones de entorpecimiento de la actividad probatoria, garantizando la posible ejecución de la pena, criterio que pone de manifiesto el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 822-2005-PHC/TC-Lima, 17/03/05.
2.5 Agrega, que de conformidad con lo prescrito por el numeral 4 del artículo 274 del Código Procesal Penal, nada impide al Ministerio Público que pueda solicitar la prolongación de la prisión preventiva, toda vez que el estadio del proceso no está referido a un acto de investigación o que se halle pendiente de dictarse sentencia, sino que el supuesto está referido a un caso distinto y diferente, en este caso, como se ha indicado, nos hallamos ante el supuesto de una sentencia condenatoria que ha sido apelada y que se viene ejecutando de manera provisional, por lo que dice que el requerimiento planteado por el Ministerio Público debe ser estimado y prolongarse el plazo de prisión preventiva por los seis años solicitados a partir de la fecha de detención de los sentenciados, es decir a partir el seis de enero del año 2011.
TERCERO: FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN Y ALEGATOS DEL MINISTERIO PÚBLICO
3.1 La defensa técnica del investigado, tanto en su recurso escrito, y en sus alegatos orales en el acto de audiencia, ha señalado que el Juez al expedir la resolución impugnada, al referirse a la competencia del Juzgado solo hace una interpretación literal del artículo 274 del Código Procesal Penal, señalando que es el Juzgado de Investigación Preparatoria quien debe pronunciarse respecto al pedido de prolongación de prisión preventiva, concordándolo con el artículo 19 de la norma procesal.
Dice además que el Juez se olvida que los magistrados ya no son meros aplicadores de la norma, sino que efectúan una interpretación sistemática de la misma, lo cual no sucede en éste caso.
3.2 Refiere que en la audiencia de prolongación, se señaló que el expediente principal se encontraba en apelación de sentencia en la Sala de Apelaciones, por lo que el Juzgado de Investigación Preparatoria no tenía competencia para pronunciarse sobre un pedido extemporáneo que debió hacerse antes que la resolución impugnada fuera elevada a la Superior Sala Penal.
Agrega que el juez de investigación preparatoria al dictar el auto de enjuiciamiento, deja de tener competencia material en el proceso, asumiendo la dirección de la siguiente etapa el juez de juzgamiento desde la expedición del auto de citación a juicio, debiendo resolver toda incidencia acontecida en su desarrollo, y en caso de Apelación la Sala de Apelaciones, tal como lo disponen los artículos 28.3.b. y 361.3° y 424.1 del NCPP, respectivamente.
3.3 Dice que ampara su posición en lo que dispone el artículo 29, inciso 2, del NCPP que señala la competencia de los Juzgados de Investigación preparatoria; incluso dice que el artículo 27° inciso 4o del NCPP señala que es competencia de las Salas penales dictar a pedido del Fiscal Superior, las medidas limitativas de derechos a que hubiere lugar.
3.4 Con respecto al plazo, dice que el Código Procesal Penal es muy claro, cuando señala en su artículo 274° inciso 1o parte última, que el Fiscal debe solicitarla al Juez antes de su vencimiento.
Refiere que pese a ello, el Juez señala en la resolución impugnada, que no nos hallamos en el supuesto que hace alusión el inciso 1 del artículo 274, por lo que para el Juez, no hay plazo para que el Fiscal pueda solicitar la prolongación de la prisión preventiva, y se ampara en el numeral 4 del mismo artículo 274, que señala que una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.
En este caso, dice que el Juez vuelve a efectuar una interpretación literal de la norma en forma defectuosa, olvidándose de realizar una interpretación sistemática.
3.5 Dice que pese a que la defensa señaló en la respectiva audiencia de prolongación, que no se puede prolongar algo vencido o fenecido, el Juez no se ha pronunciado en la resolución impugnada al respecto, existiendo una falta de motivación sobre la argumentación de la defensa en este extremo.
3.6 Por su parte el representante del Ministerio Público en esta instancia, ha precisado que la resolución se encuentra arreglada a ley, razón por la cual debe confirmarse.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- ARGUMENTOS NORMATIVOS
1.1 El inciso seis del artículo 139° de la Constitución Política del Estado consagra el derecho a la pluralidad de instancias.
1.2 El artículo 274° del Código Procesal Penal, hace referencia a la Prolongación de la prisión preventiva, señalando en el numeral 4 que  una vez condenado el imputado, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiera sido recurrida.
SEGUNDO: ANÁLISIS JURÍDICO FÁCTICO
2.1 Sin duda uno de los mecanismos más severos con los que cuenta el proceso penal para lograr la eficacia del mismo es la medida cautelar de la prisión preventiva, es decir la forma en que el Estado priva de la libertad personal al sujeto al que se le imputa un determinado delito, con el fin de que no obstaculice el normal desarrollo del proceso penal.
La prisión preventiva entonces, es un acto procesal dispuesto por una resolución judicial, que produce una privación provisional de la libertad personal del imputado, con el propósito de asegurar el desarrollo del proceso penal y la eventual ejecución de la pena; así, se puede apreciar que la medida de prisión por su propia naturaleza de medida cautelar, lo que tiende es asegurar el resultado del proceso, siendo de esta forma en que se debe interpretar el artículo 274, ya que la prolongación de la medida cautelar de prisión preventiva, sigue teniendo un carácter instrumental y provisional y que está vinculada al aseguramiento del desarrollo y resultado del proceso.
2.2 Ahora, respecto a la competencia para conocer la prolongación de la prisión preventiva, la posición no es pacífica; así, respecto a la prolongación de la prisión preventiva en la etapa de juzgamiento, existen dos posiciones; una primera, establece que es el juez de juzgamiento el encargado de resolver el requerimiento de prolongación de prisión preventiva, pues el Código Procesal Penal en sus artículos 362°.1 y 364°.5, establece que el juez de juzgamiento tiene la facultad de resolver todas las incidencias que del juicio oral se derivasen; en ese sentido, el juez de juzgamiento tendría que resolver la incidencia de la prolongación de la prisión preventiva.
Otro sector, establece que el competente para resolver dicha solicitud es el juez de investigación preparatoria, pues el Código Procesal Penal en sus artículos 29°.2 y 323°.3, establece que dicho juez se encarga de resolver los requerimientos o solicitudes de medidas cautelares personales que se deriven del proceso penal, no estableciendo límites a las mismas por el estadio procedimental. De lo señalado, se tiene que existen sentencias y plenos jurisdiccionales que asumen una u otra posición, lo cual implicaría una grave dificultad para los aplicadores del derecho sobre qué posición asumir ante ésta problemática.
Pese a lo señalado, éste Colegiado ha tomado posición como así también lo han hecho otros distritos judiciales, y así se determinó en el último Pleno Jurisdiccional Nacional llevado a cabo en la ciudad de Arequipa el año dos mil doce, en el sentido que, cuando el proceso se encuentre por ante el Juzgado Unipersonal o Colegiado, sea éste el competente para conocer peticiones sobre prolongación de prisión preventiva, y en otros supuestos, que sea el Juez de Investigación Preparatoria el que conozca acerca de ésta petición.
2.3 Pese a lo señalado, la prolongación de prisión preventiva, también contempla otro supuesto diferente al establecido en el inciso primero del artículo 274 del Código Procesal Penal, y es el previsto en su inciso quinto, donde se precisa que en caso de sentenciados que hayan recurrido de la sentencia, la prisión preventiva podrá prolongarse hasta la mitad de la pena impuesta.
En este último caso, según lo prevé la norma, sólo es necesario como presupuesto, una sentencia condenatoria que haya sido impugnada; así, ya no resulta útil evaluar la concurrencia de circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación, y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia.
Ahora bien, respecto a la competencia en éste caso, resulta claro, y así ya lo ha establecido la jurisprudencia y los innumerables plenos distritales y nacionales, que puede prolongar la prisión preventiva tanto el juez de investigación preparatoria como el juez de juzgamiento, atendiendo al estadío procesal.
Siendo esto así, respecto a la prolongación de la prisión preventiva en la etapa de apelación de sentencia, éste Colegiado ha dejado sentado, que corresponde tramitar y resolver dicho pedido al Juez de Investigación Preparatoria, en tanto no se haya formulado la incidencia durante el trámite del juicio oral en la etapa de juzgamiento.
Lo antes señalado encuentra sustento, atendiendo a que la norma procesal en principio, ha previsto que el juez encargado de la prolongación de prisión preventiva sea el de investigación preparatoria, teniendo en cuenta que es uno de garantías; y, en el caso de encontrarse el proceso en sede de apelación, corresponde también su trámite al mismo juez de Investigación Preparatoria, considerando que el pronunciamiento de éste podría, si fuera el caso, ser revisado por la Sala de Apelaciones, considerando lo dispuesto en el artículo 27.1 de la norma procesal penal, y lo establecido en el artículo 139.6 de la Constitución Política del Perú.
2.4 En el caso de autos, conforme se ha sostenido por las partes, el proceso se encuentra en apelación, y si bien en su oportunidad no se requirió la prolongación de la prisión preventiva, como debiera haberse hecho, no es menos cierto, que no habiéndose resuelto dicha apelación, correspondía al Ministerio Público formular su requerimiento por ante el Juez de Investigación Preparatoria, como así lo hizo, para que garantizando el derecho de las partes, cite a la audiencia de prolongación de prisión preventiva, donde evaluándose las circunstancias propuestas, resuelva el pedido, atendiendo y evaluando las posiciones de las partes.
Siendo esto así, y habiéndose garantizado el derecho de las partes, hecho que este Tribunal constata, corresponde confirmar la resolución venida en grado.
2.5 El Colegiado tiene en cuenta además, que la medida de cautela procesal debe cumplir su finalidad legal, de lo contrario devendría en írrita; en ese sentido señalamos que el aseguramiento es de doble connotación (una vez decidida), la presencia del imputado en la investigación y juzgamiento, y el cumplimiento de la pena futura y probable.
2.6 Finalmente, estando a todo lo antes mencionado, al no haberse requerido la prolongación de prisión preventiva luego que la sentencia fuese impugnada, el Colegiado debe recordar al Ministerio Público su obligación de defensor de la legalidad y titular de la acción penal pública, para que en el futuro, cumpla a cabalidad con sus obligaciones, atendiendo a lo previsto en el artículo 254.1 del Código Procesal Penal, bajo responsabilidad.
Por tales consideraciones,
1. DECLARAMOS INFUNDADA la apelación interpuesta por la defensa del sentenciado Juan Carlos Fernández Chillcce.
2. CONFIRMAMOS la resolución número seis, de fecha diecisiete de diciembre del año en curso, que declara fundado el requerimiento de prolongación de prisión preventiva contra los sentenciados Guillermo Freddy Yauri Valenzuela, Feliciano Díaz Fernández y Juan Carlos Fernández Chillcce, en el proceso que se les sigue por el delito de tráfico ilícito de drogas en forma agravada, en agravio del Estado, por el plazo de seis años.
3. DISPONEMOS poner en conocimiento de las Fiscalías Superiores Penales respecto a lo señalado en el considerando 2.6 de ésta resolución.
SS
COAGUILA CHÁVEZ
HUAMANI CHÁVEZ
FARFAN QUISPE

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